Durante el tiempo de condena (un año), Ola Bini deberá presentarse cada 15 días ante un juzgado. Lo declararon culpable por acceso no consentido a un sistema informático.
Un Tribunal de la Corte Provincial de Pichincha aceptó este lunes, 8 de abril de 2024, el pedido de suspensión condicional de la pena interpuesto por el ciudadano sueco Ola Bini. Eso después de que fue sentenciado a un año de cárcel por acceso no consentido a un sistema informático, en grado de tentativa.
La Fiscalía General del Estado anunció esta decisión y precisó que, durante el tiempo de condena (1 año), Ola Bini deberá presentarse cada 15 días ante la autoridad competente, no salir del país sin autorización del juez, tener domicilio determinado, ejercer un trabajo, profesión u oficio; no ser reincidente y no ser procesado por otra causa.
Nadie se opuso
La organización Inredh, que sigue esta caso, detalló que en la audiencia una de las juezas del tribunal ratificó la inocencia de Bini, -conforme a un fallo de primera instancia que fue apelado-, mientras la Fiscalía y la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT) no se opusieron a la suspensión condicional de la pena.
La justicia determinó que Ola Bini cumple con los requisitos establecidos en el artículo 631 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).
Los antecedentes
El sueco de 41 años fue arrestado el 11 de abril de 2019 cuando se disponía a abandonar Quito con destino a Japón, unas horas después de que el Gobierno ecuatoriano, presidido entonces por Lenín Moreno (2017-2021), pusiera fin al asilo de Julian Assange en su embajada en Londres.
Ello llevó al arresto del australiano, fundador de WikiLeaks en Reino Unido, sometido también a la petición de Estados Unidos para que sea extraditado a ese país, donde enfrentaría cargos por haber filtrado información reservada que avergonzó al Gobierno de Washington.
La Fiscalía de Ecuador había acusado a Bini por la sospecha de que había accedido sin autorización al sistema de la estatal Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT) con el objetivo de intentar obtener información del contenido digital de las plataformas de la petrolera Petroecuador y de la antigua Secretaría Nacional de Inteligencia.
No obstante, la defensa de Bini, que ha negado enfáticamente los cargos, criticó la acción fiscal y denunció una serie de irregularidades en el proceso que debió haberse sustanciado en 2019, pero que fue suspendido en repetidas ocasiones.
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