Un 2020 marcado por la violencia de género en Ecuador

Sociedad

Autor:

Thalíe Ponce

Actualizada:

31 Dic 2020 - 0:03

El 10 de septiembre de 2020, en Cuenca se realizó un plantón pidiendo justicia para Gabriela León, víctima de femicidio, durante la emergencia. - Foto: API

Un 2020 marcado por la violencia de género en Ecuador

Autor:

Thalíe Ponce

Actualizada:

31 Dic 2020 - 0:03

El año que terminó fue especialmente violento con las mujeres. Los niños, niñas y adolescentes también sufrieron un fuerte impacto, sobre todo por la pandemia.

El 1 de enero de 2020, mientras algunos celebraban el inicio del nuevo año, Virginia Holguín, de 32 años, y Kathy Ordóñez, de 36, fueron asesinadas por sus parejas en Shushufindi (Sucumbíos) y Atahualpa (Pichincha), respectivamente.

Ese 1 de enero, con estos femicidios, arrancaba un año en el que el Estado le dio la espalda a las mujeres.

Para 2020, el presupuesto para la implementación de la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia de Género se redujo de USD 5,4 millones a 876.862. Es decir, a menos de la sexta parte.

La decisión se tomó en noviembre de 2019, cinco meses antes de declarar la emergencia sanitaria por Covid-19. No respondía, entonces, a una urgencia.

Fue una cuestión de prioridades. Y para el Gobierno de Lenín Moreno, la violencia contra las ecuatorianas no era una de ellas.

De la misma forma, se anuló el presupuesto para la prevención del embarazo adolescente: de USD 5,6 millones pasó a cero.

Esto, a pesar de que este es el segundo país de la región andina con la tasa más alta de embarazos adolescentes: cada día, 148 niñas de entre 14 y 19 años de edad, dan a luz en Ecuador. Lo que significa que más de 54.000 adolescentes se habrán convertido en madres al finalizar 2020.

Además, de acuerdo con Unicef, el embarazo adolescente le cuesta a Ecuador USD 270 millones al año. Y el Estado deja de percibir USD 9,6 millones anuales en ingresos fiscales debido a la maternidad temprana.

Disculpas a medias

El 27 de enero, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) se realizó la audiencia por el caso Paola Guzmán. Fue el primero sobre violencia sexual en el ámbito educativo en llegar a esa instancia. 

Allí, el Estado otorgó unas disculpas a medias, pues no asumió la responsabilidad total por el esclarecimiento de los hechos que llevaron a la adolescente de 16 años a suicidarse en 2002. 

En agosto, la Corte IDH declaró culpable al Estado. Y el 9 de diciembre, Lenín Moreno ofreció las disculpas públicas estipuladas en el fallo.

“No solo ratifico nuestro compromiso de reparación integral, sino también la toma de acciones paralelas, como la adopción de medidas para que se respeten los inviolables derechos de niñas y jóvenes”, dijo el mandatario en esa ocasión.

Sin embargo, ese mismo día, un informe de Human Rights Watch reveló que, en los últimos seis años, 4.221 niños, niñas y adolescentes fueron víctimas de violencia sexual en las aulas.  

Y aunque, visto desde afuera, todo esto se podría interpretar como una serie de coincidencias, Ecuador atravesó un año de quemeimportismo con las mujeres. Un año en el que, a pesar de vivir una crisis de salud mundial, la violencia contra ellas ha sido catalogada por expertos como “la otra pandemia”.

En su programa ‘De Frente con el Presidente’, el 16 de diciembre de 2020, en una pregunta planteada por PRIMICIAS, el Presidente de la República redundó en un discurso que ha repetido a lo largo de su mandato: la culpa es de Correa.

“No se realizó un recorte, sino que se redujeron los excesos del anterior Gobierno”, dijo Moreno.

Mientras el primer mandatario del país llama excesos a la implementación de una normativa que tomó años en construirse, en 2020 (hasta el 21 de diciembre) 116 mujeres han sido brutalmente asesinadas en diferentes partes del país.

Cinco de ellas eran mujeres trans y 14, menores de edad.

En 2020, además, los niños, niñas y adolescentes estuvieron lejos de las prioridades gubernamentales. Además de las cifras de violencia en las aulas y de las niñas asesinadas, este sector de la población ha sido fuertemente golpeado por la pandemia.

De acuerdo con Unicef, 3,1 millones de niños, niñas y adolescentes sufrirán una o más privaciones de derechos y servicios básicos. Por ejemplo educación, salud, alimentación, vivienda, trabajo y seguridad social. Esto, como producto de la crisis actual.

De ellos, seis de cada 10 vivirán en situación de pobreza extrema multidimensional. Es decir, experimentarán más privaciones de estos derechos.

Un 2021 de esperanza

A pesar de estos últimos 12 meses, las agrupaciones feministas y organizaciones de derechos humanos guardan esperanza. El inicio de un nuevo año marca nuevas posibilidades.

Verónica Valdez, del colectivo riobambeño ‘No esperes a que te pase’, dice que para ellas “es difícil despedir este año. Pero hoy convertimos ese dolor en una herramienta para exigir justicia”.

Para 2021, el objetivo del colectivo es impartir talleres para la erradicación de la violencia de género, como una forma de enfrentar la problemática.

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