Según una la sentencia de la Corte Constitucional, la norma que permita el aborto por violación debe ser aprobada hasta el 28 de diciembre de 2021. Aún hay tres nudos críticos.
El 9 de diciembre de 2021, el Pleno de la Asamblea realizó el primer debate del proyecto de ley para garantizar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en caso de violación.
Durante más de nueve horas, los legisladores de las diferentes bancadas expusieron sus argumentos en contra y a favor del proyecto elaborado por la Defensoría del Pueblo y que fue presentado en la Asamblea el 28 de junio.
El proyecto surgió de una sentencia de la Corte Constitucional en la que determinó la despenalización del aborto en casos de violación y ordenó a la Asamblea crear una ley que lo regule.
En el debate legislativo, no obstante, hubo asambleístas como la socialcristiana Geraldine Weber, que insistieron en la no aprobación de la normativa.
Eso, aunque el Legislativo no puede elegir si cumplir o no una sentencia constitucional, sino centrarse en mejorar la norma y aprobarla. En su discurso, Weber aseguró que "no hay mujeres judicializadas por aborto en Ecuador".
Esta declaración fue contrarrestada por la Alianza para la verificación de este debate, promovido por el Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer (Cepam).
Según este colectivo, Human Rights Watch expuso que, entre 2009 y 2019, 120 mujeres y niñas, 20 acompañantes y ocho proveedores de la salud fueron procesados penalmente por aborto.
De ellos, 38 cumplieron pena de prisión tras la condena o estuvieron privados de la libertad durante el juicio o antes.
En este sentido, la asambleísta Jhajaira Urresta (UNES) insistió en que la ley debe garantizar los derechos de las mujeres para evitar que sean judicializadas y que 1.507 niñas mueran cada año al dar a luz en condiciones precarias.
Puntos críticos
La Asamblea sigue sin resolver tres puntos críticos que tiene el proyecto: el tiempo máximo en el que se podría producir el aborto, los requisitos que deben cumplir las mujeres para practicarse uno y la objeción de conciencia de los médicos.
Tiempo máximo
Los asambleístas Omar Cevallos (Independiente), Pierina Correa (UNES) y Nathalie Viteri (PSC) pidieron que la ley establezca un plazo máximo para que una mujer víctima de violencia sexual pueda acceder al aborto.
Viteri dijo que "tiene que haber una temporalidad y tiene que haber una denuncia para acceder al aborto por violación, tal como lo señala la Corte Constitucional".
Mientras que Correa citó un estudio de la Universidad de Oxford en el que "asegura que los abortos tardíos son más peligrosos para las mujeres".
Agregó que la tasa de mortalidad en el primer trimestre es de 0,5 por cada 100.000 abortos. "La tasa crece hasta el 1,5 cuando el procedimiento se realiza entre las semanas 13 y 15 y lega al 8,9 en las últimas 20 semanas".
La legisladora correísta sostuvo que "el aborto lleva a la depresión, a la ansiedad o el suicidio".
Cepam, citó un estudio de la revista científica The Lancet con el que analizó la relación entre aborto y causas de suicidio.
"La publicación encuestó a 523.280 mujeres, de las cuales 48.990 tuvieron al menos un aborto en el primer trimestre. El 20% tuvo un intento de suicidio, pero el estudio considera que el aborto se suma a otras causas de salud mental no especificadas".
La asambleísta Wilma Andrade (Izquierda Democrática) dijo que hay legislaciones como la uruguaya y chilena que establecen un plazo de 12 semanas o de la española, en donde una mujer puede abortar hasta la semana 22.
Requisitos
Las asambleístas Daysi Yuquilema (Unión Ecuatoriana) y Dallyana Passailaigue (PSC) son partidarias de que las mujeres víctimas de violación no deban presentar una sentencia judicial para acceder a un aborto, pues hacerlo implicaría caer en un proceso revictimizante.
Passailaigue recordó que un juicio puede tardar varios años hasta que la víctima obtenga una sentencia favorable.
Yuquilema dijo que tampoco es necesario que las mujeres presenten una denuncia en el sistema de justicia. "Este proceso debe ser llevado por el sistema de salud. La mujer debe ser atendida en los hospitales y estos centros deben levantar la alerta al sistema de justicia".
La asambleísta Sofía Espín (UNES) argumentó que la sentencia de la Corte Constitucional exige que haya una denuncia antes de que se realice un aborto. "Este requisito es necesario para investigar al agresor".
Objeción de conciencia
Durante las más de nueve horas de debate, los asambleístas también discutieron sobre el derecho a la objeción de conciencia que tienen los médicos.
La asambleísta Espín sostuvo que se trata de "un derecho de rango constitucional, por lo que un médico puede acogerse". Aunque aclaró que "en zonas remotas o de difícil acceso el proceso debe llevarse a cabo".
La legisladora Sofía Sánchez (Pachakutik), en cambio, cree que ningún médico puede negarse a practicar un aborto en casos de violación, pues de por medio está un derecho que está garantizado por la Corte Constitucional.
Lo último