Aumento del pasaje de bus provoca roces en el Concejo Metropolitano

El proyecto de ordenanza propone que la tarifa del transporte pase de USD 0,25 a USD 0,35. El pasaje del Metro, en cambio, sería de USD 0,45.

Por alrededor de cuatro horas, el Concejo Metropolitano de Quito debatió, el 10 de noviembre de 2020, en primera instancia el proyecto de ordenanza que crea el Sistema Integrado de Transporte Público de la ciudad.

Uno de los temas más polémicos tiene que ver con la nueva tarifa del pasaje del transporte urbano, incluida la del Metro. El vicealcalde y proponente, Santiago Guarderas, sostuvo que el posible incremento viene de la mano de una mejora en el servicio.

Flopec: hallazgos de Anticorrupción son ciertos, pero sí hubo correctivos

“Los transportistas firmarán un contrato que garantizará un mejor servicio, pues de ello depende el aumento en el pasaje”, explicó.

Los concejales Bernardo Abad (Izquierda Democrática) y Luz Elena Coloma (Creo) concuerdan en que el transporte público no puede brindar un servicio de calidad si la tarifa permanece en USD 0,25.

Sin embargo, concejales como Mario Granda (Vive), Fernando Morales (Concertación), además de los correístas Luis Reina y Juan Carlos Fiallo están en contra del incremento.

Los funcionarios coinciden en que es necesario disminuir los costos de operación del actual sistema metropolitano de transporte (Trolebús y Ecovía), así como en los buses urbanos para evitar un aumento.

Reina y Fiallo creen que “los actuales momentos de crisis que vive la ciudad no son ideales para un incremento en la tarifa”. Fiallo dijo que “el único objetivo que tienen los transportistas es el aumento del pasaje y no mejorar el servicio”.

Durante la sesión, también se trataron otros temas que son parte de la ordenanza y que están encaminados a la creación del marco jurídico que le permita operar al Metro:

Sistema de recaudo.
Reorganización de rutas y frecuencias.
Alianzas estratégicas para elegir la operadora.

El secretario de Movilidad, Guillermo Abad, recordó que las rutas y frecuencias son propiedad del Estado. “Esto nos permite mejorar el servicio porque podemos determinar qué operadora cubre una determinada ruta para satisfacer necesidades de movilidad.”

La Secretaría de Movilidad calcula que actualmente las más de 150 operadoras cubren el 85% de la demanda. Con la reorganización el porcentaje se incrementaría al 95%.

Tras el cierre del primer debate, la Comisión de Movilidad acogerá los criterios de los concejales para devolver el texto al Concejo Metropolitano para el segundo debate.