El Municipio de Quito recuerda que el cierre de vías, sin permiso municipal, es ilegal. Los vecinos dicen que es la única opción ante los robos.
La escena se repite en todo Quito. Calles públicas cerradas con portones, cadenas y garitas de guardias improvisadas bloquean el paso peatonal y vehicular, como una forma de organización comunitaria ante la delincuencia.
El objetivo, dicen los moradores de barrios como Turubamba, Conocoto y La Mañosca, es evitar robos a viviendas.
Marcelo Valarezo vive en Conocoto desde hace 32 años y asegura que "nunca se había sentido tanta inseguridad como ahora".
En este sector, los moradores del barrio Ontaneda colocaron una cadena en la calle principal para controlar la salida y entrada de autos y personas. "Solo pueden entrar las personas del sector. Es una forma que encontramos para luchar contra la delincuencia", dice Valarezo.
Algo similar ocurre en el barrio Turubamba, en el sur de Quito. Si bien sus habitantes instalaron puertas hace más de cinco años, desde 2022 contrataron seguridad privada.
"Estamos en desventaja con los delincuentes. Si no nos organizamos perdemos esta batalla", dice Rosa Almache, una vecina del sector.
Ella asegura que antes de que el barrio se organice, los robos a viviendas eran frecuentes.
"Cada semana o cada 15 días se escuchaba de robos a casas o departamentos. Ahora siguen ocurriendo, pero con menos frecuencia", asegura.
Una puerta impide el paso en una vía pública del sur de Quito, el 17 de junio de 2023. Primicias
La cantidad y frecuencia de los robos a domicilios no es una percepción. Entre enero de 2019 y mayo de 2023, la Fiscalía General del Estado recibió 6.999 denuncias de robos a viviendas en Quito, eso significa que hay cuatro denuncias diarias por este delito.
Ese número, sin embargo, es un subregistro, pues no todos los perjudicados denuncian los hechos, porque consideran que su caso no tendrá una respuesta de las autoridades.
Cierre de vías, una práctica prohibida
El Municipio de Quito recuerda que el cierre de vías públicas, sin autorización, es ilegal.
Según el Código Municipal, las personas que incumplan esta disposición pueden ser sancionadas con una multa de cinco salarios básicos (USD 2.250), una cifra que se duplicará en caso de reincidencia.
A pesar de la existencia de esta normativa, la Agencia Metropolitana de Control (AMC) admite que no realiza operativos para controlar que los ciudadanos caigan en esta práctica.
Estas infracciones solo se registran cuando los funcionarios de la AMC hacen controles sobre el uso espacio público. "Si durante esos controles encontramos que hay un cierre de vía, levantamos el informe", puntualiza la entidad.
En 2022, la AMC emitió 108 informes en los que identificó cierres ilegales de vías públicas en la ciudad. Mientras que en lo que va del año, el número de cierres irregulares ha sido de 57.
El problema, reconoce la entidad municipal, es que hasta la fecha no hay ninguna persona sancionada. "Son procesos muy largos y burocráticos", dice un vocero.
Una furgoneta circula junto a una calle cerrada, en el norte de Quito, el 16 de junio de 2023.
Falta de protección
Una de las razones por las que los ciudadanos deciden cerrar las vías públicas es porque sienten que el Estado no tiene herramientas para enfrentar la delincuencia.
"No hay policías, pagamos impuestos y no vemos inversión en seguridad. Los delincuentes tienen mejores armas y algo debemos hacer como sociedad", dicen los moradores del barrio Quito Sur.
Según el Municipio de Quito, cada año recibe alrededor de USD 8 millones por la tasa de seguridad que pagan los habitantes de la ciudad.
La exsecretaria de Seguridad, Daniela Valarezo, explica que ese dinero se invierte, sobre todo, en la prevención de delitos y en el mejoramiento de infraestructura a lo largo de la ciudad.
El alcalde Pabel Muñoz dijo que el Municipio utilizará ese dinero para comprar motos y entregarlas a la Policía Nacional.
Además, tiene previsto adquirir alarmas comunitarias e iluminar espacios públicos, como parques y plazas.
La Alcaldía de Quito también se comprometió con el Gobierno Central en readecuar Unidades de Policía Comunitaria para ubicar a los más de 1.200 policías que llegaron a la ciudad.
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