La secretaria de Derechos Humanos, Bernarda Ordóñez, habló con PRIMICIAS sobre los proyectos para erradicar la violencia de género en el país.
La Ley de Erradicación de la Violencia contra la Mujer está vigente desde hace tres años, pero no se ha podido poner en marcha por falta de presupuesto y hasta de voluntad política.
Los miembros del Sistema Nacional para Erradicar la Violencia se reunieron tres veces en tres años, y solo una vez contó con la presencia del entonces primer mandatario, Lenin Moreno.
El 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
En entrevista con PRIMICIAS, Bernarda Ordóñez, secretaria de Derechos Humanos, habla de los proyectos que están en marcha y de cómo se invertirán los USD 24 millones con los que cuenta para erradicar la violencia en Ecuador.
A esta Secretaría no se la había visto tan activa. ¿Cuál es el resultado del diagnóstico que hicieron al llegar?
Cuando llegamos, hicimos un diagnóstico y encontramos situaciones como que los equipos de trabajo del Centro de Protección Integral que trabajan con personas en situación de violencia, no estaban completos.
Hay zonas en las que solo tenían psicólogos, pero faltan abogados, y en otros faltan psicólogos.
Cosas sencillas como que no tienen insumos. No tienen una impresora para imprimir la solicitud para que la Junta Cantonal le dé medidas cautelares.
"Se podría pensar para qué se necesita una impresora, pues para darle a una mujer la boleta de auxilio, para que le den el escrito para llevar a la Corte y le den sus derechos".
Bernarda Ordóñez, secretaria de Derechos Humanos.
Todas son dificultades que se traducen en la atención a las mujeres cuando están viviendo episodios de violencia.
En todo el país tenemos 45 equipos, conformados por 99 personas. Hay zonas que tienen una psicóloga para tres provincias, eso es humanamente insostenible.
Con la emergencia carcelaria, uno de los elementos que hicimos fue gestionar los primeros auxilios psicológicos, y cuando fuimos a ver cuántos psicólogos teníamos, había tres.
Qué hicimos, juntar a toda la zona costera, hicimos cooperación con la Cruz Roja, la Secretaría de Riesgos y el Ministerio de Salud, y logramos tener un respaldo de psicólogos que dieron los primeros auxilios en esos hechos.
Por eso hemos aplicado un proyecto de inversión para prevenir y atender la violencia que tiene USD 12 millones y está enfocado en los servicios que se necesitan para solventar estas dificultades.
¿Cuáles serán las prioridades para atender la violencia de género?
Uno de los primeros diagnósticos que hicimos al llegar fue darnos cuenta que las debilidades más grandes que tiene la institución es el presupuesto y las políticas públicas para trabajar en la prevención de la violencia.
La Secretaría de Derechos Humanos tiene por ley la competencia de articular el Sistema de Erradicar la Violencia y trabajar todo lo que tiene que ver con la atención, prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres.
En estos tres años de vigencia de la Ley, los recursos no han sido suficientes. A raíz de eso hemos hecho una propuesta de dos ejes a los que se destinarán los recursos: en la prevención y en la creación de centros violetas.
¿Qué son los centros violetas?
Son espacios de atención especializados para evitar la revictimización de las niñas y mujeres que son sobrevivientes de violencia.
Qué es lo que sucede normalmente cuando una mujer quiere denunciar, debe pasar por varias instancias para ser atendidas, por el Ministerio de Salud, unidades de Flagrancia, la Policía, entre otros.
Lo que estamos haciendo es articular a las instituciones del sistema nacional. Serán 24 centros violetas, uno en cada provincia, y estamos priorizando a las siete instituciones que están en primera línea.
Es importante mejorar la presencia del Estado en las provincias y ciudades donde estamos viviendo mayores índices de violencia.
¿Cuáles han sido nuestras prioridades? Azuay, Guayas, fronteras norte y sur, así como la Amazonía ecuatoriana, específicamente Sucumbíos y Orellana.
Pero esto se va a ejecutar porque logramos dar un brinco en el presupuesto. Antes contábamos con menos de USD 1 millón y teníamos 99 personas para atender la violencia a escala nacional, estamos corrigiendo esto.
¿Quién va a administrar estos centros violetas que deben mantenerse a largo plazo y cuáles serán los servicios que se darán?
Los centros violetas serán administrados por la Secretaría de Derechos Humanos, como ente rector del Sistema. Van a estar presentes las instituciones que atendemos violencia: Ministerio de Salud, Ministerio de Inclusión Económica y Social, Fiscalía, ECU-911 y gobiernos locales.
Cuando una mujer o niña esté viviendo algún tipo de violencia y vea un centro violeta, una casa morada, va a saber que es un lugar seguro para ella.
El primer paso es la contención psicológica o los primeros auxilios psicológicos que están a cargo de la Secretaría de Derechos Humanos y del Ministerio de Salud, rector de la salud mental.
Se dará el acompañamiento legal, la consejería, todas las opciones que las mujeres tienen.
Por ejemplo, si es un delito en ese momento se dará el acompañamiento para que se ponga la denuncia, ya sea en la Fiscalía, en la Junta Cantonal o en la Unidad Judicial, porque hay tantos delitos y diferentes infracciones. Hay que ver cuál es la institución que tiene competencia.
Pero no serán casas de acogida y los que existen tienen problemas para sostenerse.
Estamos trabajando con la sociedad civil, vamos a estar articulados con las que ya existen. Hay 15 casas de acogida a escala nacional, nosotros tenemos convenio con cinco.
Mal haría el Estado en querer asumir todo, porque no se abarca. La sociedad tiene un recorrido de más de 20 años con las casas de acogida, que hay que fortalecerlas.
Uno de los desafíos que tienen las casas de acogida y centros de atención integral es la sostenibilidad administrativa. Han pasado situaciones de pasar meses sin poder recibir los convenios con el Estado por problemas administrativos.
Hemos superado esos problemas, estamos al día y estamos trabajando en las partidas plurianuales.
Es decir, asegurar a las casas los recursos, que no llegue diciembre y haya ese desfase que hay ahora, donde deben esperar hasta marzo para los nuevos convenios.
"Nos han pedido declarar como trabajadores esenciales a las personas que trabajan en las casas de acogida y centros de atención, al igual que médicos y enfermeros".
Bernarda Ordóñez, secretaria de Derechos Humanos.
¿Y en qué se está trabajando para la prevención de la violencia?
El trabajo para erradicar la violencia es multisectorial y queremos empezar desde la primera infancia, desde la educación.
Estamos con un proyecto piloto para trabajar con los docentes en una formación con perspectiva de género.
Otro proyecto es la política pública para la prevención del abuso sexual en las aulas educativas, en memoria de Paola Guzmán Albarracín, y porque las aulas tienen que ser un espacio que garantice los derechos de los niños libres de violencia.
"Muchos de los abusos sexuales se dan en los baños, desde el diseño se puede trabajar para prevenir estos delitos".
Bernarda Ordóñez, secretaria de Derechos Humanos.
Vamos a tener una jornada de 16 días que empezará desde el 25 de noviembre hasta el 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos, donde cada día una institución del Estado se va a comprometer a un cambio significativo para erradicar la violencia.
Hemos avanzando en la atención a la violencia, no en lo ideal. En la prevención es donde estamos poniendo el foco.
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