La Contraloría encontró irregularidades en la compra de 300 bicicletas eléctricas que permanecen almacenadas en un galpón del Parque Bicentenario.
Sobre las avenidas Shyris y Portugal, en el norte de Quito, una parada del proyecto de movilidad alternativa BiciQ permanece abandonada, llena de grafitis, basura y, paradójicamente, sin ninguna bicicleta.
Un par de kilómetros hacia el sur, el panorama es igual en otra parada que fue instalada en las avenidas Eloy Alfaro y Amazonas. Esa escena se repite en una veintena de paradas a lo largo de la ruta del antiguo sistema público Bici Q.
Este servicio municipal, que estuvo operativo entre 2012 y marzo de 2020, permanece abandonado sin que haya un plan para que vuelva a operar en medio de los problemas de tránsito que vive la ciudad.
Si el abandono no resulta suficiente, la Contraloría General del Estado emitió, el 28 de marzo de 2022, un informe en el que encontró irregularidades en la compra de 300 bicicletas eléctricas que debían ser parte de ese programa, pero que permanecen almacenadas en un galpón del Municipio de Quito.
Este contrato se firmó en 2015 entre la Secretaría de Movilidad y la empresa All Bikes por un monto de USD 844.207.
El informe del organismo de control llega en el momento en el que concejales y expertos en movilidad cuestionan el plan que implementó la Secretaría de Movilidad para intentar reducir el caos vehicular que soporta la ciudad.
No hubo estudios técnicos
El documento elaborado por la Contraloría señala que la compra de las 300 bicicletas se realizó sin que exista un informe técnico que sustente la cantidad, especificaciones técnicas y el objetivo de la contratación.
La Contraloría dice que ni siquiera hubo una justificación técnica en torno a que el proyecto BiciQ requería bicicletas eléctricas.
Además, que la Secretaría de Movilidad justificó la compra aduciendo únicamente que los "biciusuarios" prefieren utilizar bicicletas nuevas.
Eso no es todo. El texto también apunta que la Secretaría de Movilidad incumplió la Ordenanza Municipal 268 de aquella época, en la que obligaba a que la entidad diseñe y coordine los proyectos de movilidad alternativa con organizaciones sociales.
Colectivos, como 'Carishina en Bici', pidieron al Municipio ser parte de BiciQ, pero no fueron escuchados.
Pagos injustificados
La Contraloría dice que la Secretaría de Movilidad invitó a 159 empresas que tenían la capacidad para vender las 300 bicicletas eléctricas que requería.
La Comisión Técnica encargada de calificar las propuestas notificó, el 18 de agosto de 2015, que solo recibió dos propuestas de las empresas All Bikes y Comercial Salvador Pacheco Mora.
La segunda compañía fue descalificada por no presentar la experiencia técnica de su máximo representante, ni su título académico. All Bikes, en cambio, sí presentó la documentación, pero su representante no cumplió con el requisito que exigía que tenga título de tercer nivel.
La Contraloría señala que el representante de All Bikes "no cuenta con un título de tercer nivel registrado en la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación".
Sin embargo, el proceso de contratación avanzó y la Secretaría de Movilidad firmó el contrato bajo una forma de pago que también es cuestionada.
Según el informe, el Municipio de Quito pagó el 70% de los USD 844.207 para que la contratista pueda importar las bicicletas desde China, mientras que el 30% pagó bajo la figura de contraentrega.
La Contraloría explica que durante el proceso precontractual, las partes acordaron que el Municipio pague el 50% del valor del contrato para que la empresa All Bikes compre las bicicletas y el 50% restante cuando las entregue.
Prórroga sin justificaciones claras
El contrato entre la Secretaría de Movilidad y All Bikes estipulaba que la entrega de las bicicletas debía concretarse el 26 de enero de 2016.
Según los documentos de la Contraloría, la empresa incumplió ese plazo aduciendo que la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) impedía que las baterías de litio que utilizan las bicicletas viajen por vía aérea.
"Esto imposibilita que las baterías puedan ser enviadas por esa vía y que se pueda cumplir con el plazo de entrega establecido", dice All Bikes. Pero Contraloría asegura que la prohibición de que las baterías de litio puedan viajar en aviones entró en vigencia el 1 de abril de 2016 cuando el contrato había vencido.
Sin embargo, la Secretería de Movilidad extendió el plazo de entrega hasta el 4 de marzo de 2016 "sin que se trate de un evento de fuerza mayor". Esta prórroga impidió que el Municipio de Quito reciba USD 33.768 por multas que debía aplicar a la empresa contratista.
Bicicletas sin uso por seis meses
En su informe, la Contraloría también señala que las bicicletas eléctricas adquiridas por la Secretaría de Movilidad no fueron utilizadas durante seis meses.
La razón: las bicicletas ingresaron al Sistema de Bienes Municipales seis meses después de que la empresa All Bikes las entregara a la Secretaría de Movilidad, es decir, el 4 de marzo de 2017. Recién pasaron a ser parte del proyecto BiciQ el 27 de noviembre de 2017.
El organismo de control responsabiliza de este error al administrador del contrato, quien firmó la recepción de las 300 bicicletas, a pesar de que "174 presentaron desperfectos leves y 89 tuvieron problemas en el sistema eléctrico".
El problema en el que insiste la Contraloría es que las 300 bicicletas siguen si ser utilizadas, pues el proyecto BiciQ fue suspendido en marzo de 2020 a raíz de la pandemia del Covid-19.
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