Los nuevos hechos de violencia en la Penitenciaría del Litoral provocaron la decisión. El Organismo de Rehabilitación Social definirá la metodología de trabajo.
Nota actualizada a las 19:28 del 10 de noviembre de 2021 con la conformación de la Comisión.
El Organismo Técnico de Rehabilitación Social se reunió la tarde del 10 de noviembre de 2021. En esta instancia participan los ministerios de los ejes social y de seguridad.
En la sesión estaba previsto tratar tres puntos: el cronograma y metodología del censo penitenciario, la aplicación del mecanismo en contra de la tortura y la articulación de la política de Rehabilitación Social al Plan Nacional de Desarrollo 2021.
Sin embargo, la ola de violencia que vive la Penitenciaría del Litoral alteró los planes. A día de seguido se reportaron tiroteos en ese centro. Y, según los primeros reportes, habría al menos tres muertos.
Bernarda Ordóñez, titular de la Secretaría de Derechos Humanos (DD.HH.) y presidenta del Organismo, propuso cambiar el orden del día y ubicar como primer punto la creación de Comisión de Intervención de Emergencia.
Según explicó la funcionaria, esta entidad estará conformada por las autoridades del eje social y de seguridad del Gobierno y trabajará de manera paralela al Organismo Técnico.
Por un lado, el Organismo tiene a su cargo generar política pública para solucionar la crisis a largo plazo. Mientras que la nueva Comisión tomará decisiones emergentes. La decisión fue acogida por unanimidad por los otros miembros de esta instancia.
Luego de aprobar la creación, cerca de las 17:00 la reunión se volvió reservada y se espera que se delinee la metodología de trabajo de la Comisión de Intervención. Los detalles se comunicarán al final de la cita.
La Defensoría al frente
Luego de la cita, el Organismo comunicó que la nueva Comisión de Intervención Emergente del Estado en los Centros de Privación de Libertad será liderada por la Defensoría del Pueblo.
Esta instancia estará integrada por:
- Gobernaciones de las provincias donde existan cárceles.
- Las instituciones integrantes del Organismo Técnico.
- La Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral de la Asamblea Nacional.
- La Iglesia ecuatoriana.
- La Corte Nacional de Justicia.
- El Consejo de la Judicatura.
- La Fiscalía General del Estado.
- Al menos tres instituciones de educación superior.
- Tres instituciones de la sociedad civil.
- Al menos tres representantes de los medios de comunicación.
El informe legislativo
La reunión del Organismo Técnico se da dos días después de que la Comisión de Soberanía de la Asamblea Nacional aprobara un informe sobre la realidad carcelaria. La investigación abarca el período 2016-2021.
El informe tiene 52 conclusiones, que están divididas en seis áreas.
- Responsabilidades del Estado.
- Situación de las personas privadas de la libertad.
- Política pública de rehabilitación social.
- Administración y gestión.
- Seguridad e inteligencia penitenciaria.
- Política criminal.
La Comisión responsabiliza a varios funcionarios por la crisis carcelaria. Entre estos, los ministros de Justicia, los secretarios de Derechos Humanos, los directores del SNAI, las autoridades de la Judicatura, entre otros.
“Se evidencia que durante el período analizado no existió un solo plan de acción integral para dotar a los centros de privación de libertad de seguridad“, dice el informe sobre la seguridad en las cárceles. Y se añade que desde 2015, el Estado ha ido perdiendo progresivamente el control de las cárceles.
Reunión de la Comisión de Soberanía y Seguridad de la Asamblea, del 8 de noviembre de 2021. Flickr / Asamblea
Además, la Comisión Legislativa emitió más de 70 recomendaciones para solucionar la emergencia carcelaria. A la que han denominado como crisis de derechos humanos.
Por ejemplo, esta instancia recomienda realizar un censo penitenciario que permita tener estadísticas nacionales del sistema penitenciario. Además de identificar los datos generales de los presos como datos demográficos, condición socioeconómica, situación familiar, su estatus procesal y datos judiciales, grado de peligrosidad, entre otros.
También se pide a la Contraloría que efectúe exámenes especiales a los procesos de contratación realizados por el Ministerio de Justicia y el SNAI, durante las declaratorias de estado de emergencia o excepción por la situación penitenciaria, desde el año 2016.
Este informe será presentado al Pleno. Todos los legisladores evaluarán las concusiones y recomendaciones y con esta base se emitirá una resolución de parte de la Asamblea Nacional.
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