En el barrio Puertas del Sol 2, de Carapungo, la erosión en la quebrada Carretas se ha llevado desde 2004 gran parte del terreno que separaba a las casas del abismo. Muchas viviendas están al borde de la quebrada de más de 30 metros de alto.
Los más de 600 habitantes del barrio Puertas del Sol 2 de Carapungo, ubicado en el extremo norte de Quito, viven con temor. La quebrada Carretas, que atraviesa el sector y que es parte de la cuenca del río Monjas, ha cedido tanto que 90 casas están a punto de caer.
El colectivo Luchando por las Quebradas y la Empresa de Agua Potable coinciden en que la erosión, que tiene más de 20 años, se ha originado por tres razones principales:
- Las constantes y fuertes lluvias que soporta la ciudad.
- Las descargas de aguas servidas que llegan hasta la quebrada.
- Las construcciones que se realizaron en el borde de la quebrada.
Estefanía Pabón, presidenta del colectivo, recuerda que la erosión de la quebrada empezó en 2004 cuando explotó un colector que la Empresa de Agua Potable había instalado en uno de los taludes de la quebrada.
"Desde entonces, comenzó a expandirse con rapidez. Antes podíamos cruzarla, pero ahora hay un espacio de más de 25 metros y una profundidad que supera los 30 metros", dice.
Carlos Gavilánez vive en la zona y cuenta que hay casas que han perdido más de 30 metros del terreno que los separaba de la quebrada por los constantes deslizamientos que se producen en los bordes de la quebrada.
Es el caso de Wilson Gómez. Él dice que su terreno ha perdido al menos 25 metros, porque "el suelo se ha debilitado con la constante erosión y con el paso del agua se está yendo".
La pérdida de terrenos no es lo único que inquieta a los vecinos, pues en el barrio ya hay casas que están inclinadas, con paredes agrietadas y ventanas dobladas.
A esto se suman los olores nauseabundos que, dice Pabón, llegan hasta el interior de las viviendas. Sobre todo cuando las aguas servidas se mezclan con la lluvia y la corriente crece.
Por eso las familias piden que el Municipio de Quito haga una intervención integral en la quebrada para que no pase algo similar a lo que ocurrió en los barrios La Comuna y La Gasca.
Los vecinos afirman que en 2021 el patio de una casa se derrumbó y varias casas se movieron por la fuerza del evento.
Imagen de un patio de una de las casas que han sufrido daños en la quebrada Carretas en el norte de Quito.
Con el peligro que representa vivir en el lugar, la activista dice que algunas familias están dispuestas a salir de sus casas si el Municipio decide expropiarlas. "Eso sí, con un pago justo".
"El Municipio ha ofrecido USD 6.000 u USD 8.000. Es una locura porque las casas son grandes y algunas valen más de USD 100.000", afirma.
El subgerente de la Empresa de Agua Potable, Galo Rivadeneira, dice que "ya se ha empezado a hacer el diseño de una red terciaria para que las descargas que actualmente hacen algunas viviendas a la quebrada pasen al sistema de alcantarillado".
El siguiente paso es tratar de estabilizar los taludes para que los terrenos se mantengan lo más firmes posibles y evitar que las viviendas se pierdan.
Una hacienda patrimonial, a punto de perderse
El drama que afrontan los habitantes de Puertas del Sol 2 se repite en algunas de las 182 quebradas que recorren la capital.
Uno de los casos más preocupantes es el que vive la Hacienda Carcelén, en donde se levanta la casa que fue de Mariana Carcelén y Larrea, conocida como Marquesa de Solanda, y esposa de José Antonio de Sucre.
Esta propiedad, que desde hace 250 años se levanta a un costado de la quebrada El Colegio en el norte de Quito, conserva el diseño de la época colonial caracterizada por sus largos pasillos, columnas de madera, techos de teja y paredes de adobe.
Esta hacienda fue donde Sucre descansó antes de librar la Batalla de Pichincha. Por eso, el Municipio capitalino la declaró como un bien patrimonial en 2009.
La Hacienda Carcelén, el 9 de febrero de 2022.
Sin embargo, esa condición no ha servido para mitigar el riesgo. La constante erosión de la quebrada ha hecho que desde 1970 pierda alrededor de 3,5 hectáreas, según su actual propietario, José Monge.
Él dice que la crecida del río Monjas se ha llevado árboles que tenían más de 250 años, así como plantaciones y animales.
"Durante 40 años he enviado cientos de cartas a los alcaldes de turno para que hagan algo por esta hacienda que se está destruyendo", afirma.
Así ha conseguido es que las administraciones municipales monitoreen el lugar y hagan algunos trabajos de reforzamiento del terreno. Aun así, los problemas no se han solucionado.
Con cada aguacero la preocupación se renueva. "El cauce crece hasta 10 veces su caudal. La casa tiembla y las paredes se siguen agrietando. Mi miedo es que todo se pierda", dice.
Algo así ya ocurrió en 2010, "una crecida del río Monjas arrasó varias casas que están en el otro lado de la quebrada, en el barrio La Esperanza", recuerda.
A raíz de ese evento, el Municipio pidió a las 38 familias que viven en ese sector que abandonen el lugar, pero se han negado a irse.
En 2019, casi 10 años después de ese evento, Monje denunció al Municipio de Quito por los daños ocasionados en su propiedad. El caso llegó hasta la Corte Constitucional que se pronunció el 19 de enero de 2022.
En su sentencia, el máximo órgano de interpretación constitucional dijo que el Municipio vulneró el derecho de la familia Monje a vivir en un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado en conexión con el derecho al hábitat seguro.
Y resolvió que el Municipio de Quito debía ejecutar "obras tendientes a estabilizar el cauce del río en el tramo La Esperanza y a proteger la casa Hacienda Patrimonial".
¿Qué más dice la sentencia?
Monje dice que la decisión de la Corte Constitucional lo tomó por sorpresa. "En 40 años nunca nos hicieron caso, pero agradezco que por fin alguien nos haya escuchado", dice.
En su dictamen, la Corte agrega que "el Municipio de Quito vulneró el derecho de las personas que viven a lo largo de la cuenca del río Monjas, así como a los habitantes de la ciudad de Quito, a vivir en un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado en conexión con el derecho al agua, al desarrollo sostenible y a la ciudad; y al derecho al patrimonio cultural".
La presidenta del colectivo Luchando por las Quebradas, Estefanía Pabón, dice que el fallo de la Corte sienta un precedente jurídico para el cuidado del medioambiente en la ciudad.
"Hay que entender que la decisión de la Corte incluye a toda la ciudad. Es por eso que el organismo habla de una reparación integral", explica.
Entre las decisiones que el Municipio debe cumplir están:
- La definición y ejecución de una política pública, que se materializa en la elaboración de un plan complementario del río Monjas y que debe contemplar medidas a corto, mediano y largo plazo.
- La expedición de una ordenanza de cuidado ambiental, conocida como “verde-azul”.
- La reforestación con especies nativas de las riberas del río Monjas, a partir de la descarga del colector El Colegio hasta la desembocadura en el río Guayllabamba.
El subgerente de la Empresa de Agua Potable, Galo Rivadeneira, dice que el Municipio ya trabaja en la elaboración de las estrategias dirigidas a cumplir lo dispuesto por la Corte.
Por ejemplo, dice, "en abril empezará la construcción de un sistema de alcantarillado en el norte de Quito para evitar que las aguas servidas lleguen a la cuenca del río Monjas".
Además, se prevé invertir USD 1,2 millones en la construcción de interceptores sanitarios para evitar más contaminación en el río.
Rivadeneira agrega que también se mejorará la infraestructura del colector que existe en la quebrada El Colegio para reducir la velocidad del agua que llega hasta el sector de La Esperanza y que provoca la erosión de la quebrada.
"Este proyecto tendrá un costó de más de USD 1 millón y arrancará en septiembre de 2022". Y recuerda que en los planes también hay iniciativas que buscan soluciones a largo plazo.
Una de ellas es la puesta en marcha del proyecto Vindobona, que está orientado a descontaminar los ríos de la ciudad con una inversión que supera los USD 100 millones.
No obstante, reconoce que la realización de ese y otros proyectos depende de que la ciudad cuente con recursos suficientes para evitar nuevas tragedias similares o peores a la de La Comuna y La Gasca.
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