Causas contra ‘El Mangajo’ pueden quedar archivadas

Sociedad

Autor:

Mario Alexis González

Actualizada:

12 Feb - 14:08

Ilustración de alias "El Mangajo", quien paga sus condenas en la Penitenciaria del Litoral. Antes estuvo en la cárcel de Turi. - Foto: Primicias

Causas contra ‘El Mangajo’ pueden quedar archivadas

Autor:

Mario Alexis González

Actualizada:

12 Feb - 14:08

Aunque el depredador tiene dos sentencias que suman 58 años y ocho meses de prisión, todavía hay víctimas del autodenominado “El Mangajo” que piden justicia y temen que sus casos queden en la impunidad.

Un año y medio después de su detención, las víctimas del agresor sexual Juan Andrés Vintimilla, alias “El Mangajo”, no han podido superar la traumática experiencia por la que pasaron.

El criminal, hoy detenido en Guayaquil, tiene dos sentencias de 29 años y cuatro meses de cárcel cada una, por abuso sexual contra menores de edad.

Aunque ambas sentencias suman más de 58 años de prisión, “El Mangajo” solo cumplirá 40, debido a la legislación ecuatoriana.

Estas sentencias son el resultado de juicios por dos casos de abuso, pero hay más víctimas y sus familias piden que estos procesos también se traduzcan en sentencias.

Las víctimas piden que las investigaciones lleguen al fondo de otros delitos cometidos por “El Mangajo”, que estarían ligados a la pornografía infantil y a la trata de personas.

Según la Asociación de Víctimas del caso, en la actualidad hay ocho causas que están en indagación previa. En agosto próximo se cumplirán dos años de su apertura y los casos podrían archivarse si no pasan a instrucción fiscal.

Esto, además, ha obligado a que todos los casos sigan siendo reservados así como sus diligencias.

La Fiscalía, en cambio, cuenta seis casos más por violación. PRIMICIAS consultó a la institución, desde el 27 de noviembre de 2019, para conocer el estado de los procesos. La entidad ratificó que todos siguen en indagación previa.

Vintimilla enfrenta dos casos más abiertos de oficio por la Fiscalía. Uno por fotografiar, grabar y transmitir imágenes íntimas de una adolescente, con la intención de almacenar pornografía infantil. En este proceso está llamado a juicio.

El otro caso es por el presunto delito distribución de material pornográfico a niñas, niños y adolescentes.

Los hechos

Aunque existen 10 denuncias por violación contra Vintimilla, se cree que el delincuente se dedicó a captar adolescentes para abusar de ellas durante una década.

Fernanda Ramírez, vocera de las víctimas, explica que el autodenominado “El Mangajo” acostumbraba a seducir a los menores con engaños y regalos.

Vintimilla operaba a través de al menos cinco perfiles de redes sociales. En uno aparecía con su verdadera identidad, en otro aparentaba ser un adolescente y en otro decía que tenía una pareja estable.

Primero, “El Mangajo” acudía a los colegios privados de Cuenca en búsqueda de sus víctimas. Él también pertenece a la clase acomodada de esa ciudad, por lo que deslumbraba a las adolescentes con autos de lujo, regalos y salidas costosas.

El rumor de sus delitos creció entre las familias de la élite, por esta razón, decidió volver su mirada a las instituciones de educación públicas.

Según el registro de la Fiscalía, todas las víctimas que han denunciado los abusos de “El Mangajo” provienen de este tipo de centros educativos.

Las víctimas han denunciado que desde prisión, Vintimilla sigue operando sus redes sociales.

Inacción fiscal

El trabajo de la Fiscalía en el caso “El Mangajo” ha sido cambiante. Por un lado, la investigación y la acusación en los dos primeros procesos fue impecable, según la Asociación de Víctimas.

En ambos casos el ente acusador obtuvo una sentencia de más de 29 años.

Ayer, la Sala de Garantías penales del Azuay ratificó la segunda pena para Vintimilla.

Pero, las otras víctimas que han denunciado no gozaron de la misma agilidad en el proceso. Ha habido cuatro cambios de fiscales en el caso y se han dado largas a trámites y diligencias.

Las víctimas creen que los retrasos se deben a presiones externas. En septiembre de 2019, la propia Fiscalía General del Estado dijo no tener conocimiento de que la fiscal Valeria Rojas, que llevaba uno de los casos con sentencia, fue trasladada a Camilo Ponce Enríquez, otro cantón azuayo.

Incluso, la fiscal general Diana Salazar llegó de improviso a la Corte del Azuay a una audiencia del caso. Ese día, no se pudo ratificar la sentencia porque una de las juezas sorteadas estaba de vacaciones.

Salazar mostró su preocupación por las largas que ha recibido el caso.

¿Trata de personas?

Cuando las agresiones ocurrieron, todas las víctimas eran menores de edad, tenían entre 13 y 16 años. Pero con el paso de los meses, varias han alcanzado la mayoría de edad.

Es el caso de Cristina (nombre protegido). Ella cumplió 18 años y decidió hablar por sí misma para que su caso no quede en la impunidad.

El jueves, 16 de enero de 2020, llegó junto con su madre a Quito. Ambas dieron entrevistas a medios de comunicación y se reunieron con autoridades de la Fiscalía y del Consejo de la Judicatura.

El año y medio desde que Cristina puso la denuncia ha sido una tortura. Ha estado cinco veces internada en hospitales y ha tratado de suicidarse. Hoy tiene dificultades para fijar la mirada, se ve nerviosa y con rabia. Y su único objetivo -dice- es que se haga justicia.

El caso de Cristina tiene varias particularidades, es por eso que la Asociación de Víctimas cree que es al que más largas se le ha dado.

Algunos chats que mantuvo con alias “El Mangajo” revelan que su objetivo con Cristina no era solo el abuso, sino que pudo haber estado intentando captarla para entregarla a una red de tráfico de personas.

Su madre cree que detrás de Vintimilla hay gente poderosa de Quito, Cuenca y Guayaquil que se dedica a la trata de personas con fines de explotación sexual.

Estos mensajes, según la madre de Cristina, muestran que luego de drogarla y abusar de ella, Vintimilla tenía la idea de venderla para que otros pederastas hicieran lo mismo. Pero este plan no llegó a concretarse.

Hoy, Cristina y las demás víctimas todavía conservan la confianza en la justicia ecuatoriana. Pero temen que el archivo del caso se materialice.

Si eso pasa, dice Fernanda Ramírez, vocera de las víctimas, no dudarán en acudir a cortes internacionales para que juzguen a Ecuador por haberles negado justicia.

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