Una reforma tributaria fue la llama que encendió el polvorín en Colombia, donde en dos semanas de protestas se han registrado 27 muertos.
Las protestas en Colombia comenzaron por una propuesta de reforma fiscal del presidente Iván Duque, pero se mantienen por personas que piden trabajo, que se elimine la desigualdad o que cese la violencia policial.
El conflicto, que va para dos semanas y que ha dejado más de 27 muertos, no cesó con el retiro de la iniciativa que incrementaba el Impuesto al Valor Agregado.
Más bien las protestas han crecido, al punto de que el fin de semana, gente a bordo de vehículos de alta gama disparó en contra de una marcha indígena.
Las movilizaciones de los jóvenes centran sus peticiones en que el Gobierno debe buscar mecanismos para ofrecerles oportunidades de trabajo, educación, que cese la brutalidad policial y que se retire del Congreso un intento de reformar la salud.
El desempleo urbano -medido en las 13 principales ciudades-, aumentó a un 16,8% en marzo, frente a un 13,4% en igual mes del año pasado, informó el 30 de abril el Departamento Nacional de Estadísticas (DANE).
En la dinámica actual, el malestar ya no se expresa solo por la fuerza del Comité Nacional de Paro, que hundió la reforma tributaria y tiene en la mira la de la salud.
También por convocatorias espontáneas, en su mayoría de jóvenes, contra la violencia policial y la falta de oportunidades, o de vecinos de un pueblo cualquiera contra problemas locales.
La primera reunión del Gobierno con el Comité de Paro concluyó el lunes sin acuerdos.
"Las manifestaciones desbordan la capacidad de representación del Comité de Paro y así hubiera habido un acuerdo seguramente mucha gente no se sentiría representada", dijo el analista político Jorge Iván Cuervo, docente e investigador de la Universidad Externado de Colombia.
Para Cuervo, las partes tendrán que buscar formas de acercar al diálogo "a otros actores sociales que están en la calle, que no se sienten representados por un comité y por un método de negociación muy tradicional", de Gobierno y sindicatos a la vieja usanza.
"Eso indica que las manifestaciones en la calle van a seguir hasta que no haya mensajes mucho más claros de parte del Gobierno de que cambien las cosas", agrega.
En ese análisis coincide con Mauricio Jaramillo Jassir, profesor de la Universidad del Rosario, quien explica que "el Gobierno se quedó sin margen de maniobra para liderar temas políticos" y el Comité de Paro "no tiene control sobre el paro".
"Intromisión venezolana"
El pasado 6 de mayo, durante un evento político en Miami, el presidente ecuatoriano Lenín Moreno aseveró que detrás de las protestas en Colombia se encuentra el gobierno de Nicolás Maduro.
Sin embargo, no presentó ninguna evidencia.
Una declaración similar la hizo en 2019, durante el levantamiento indígena en Ecuador en octubre.
Como prueba presentó a un grupo de venezolanos detenidos, que resultaron ser choferes de una plataforma de taxis que esperaban a pasajeros en el aeropuerto de Quito.
Sin embargo, Maduro y sus aliados han sido fuertes críticos de Duque, con quien han intercambiado acusaciones en redes sociales.
A inicios de abril de 2021, el líder chavista Diosdado Cabello hizo una declaración en un programa, que retrata las relaciones entre los dos países.
"Colombia se declaró (… ) que ellos van a tratar de servirle la mesa al imperialismo norteamericano para atacar a Venezuela. Se van a equivocar, porque si nosotros tenemos una guerra, perdónenme compañeros colombianos que no tienen nada que ver con esto, con Colombia, se la vamos a hacer en su territorio", advirtió.
Más allá de las afirmaciones de Moreno o de las amenazas de Cabello, el Gobierno de Colombia insiste en que detrás de las manifestaciones callejeras, hay grupos locales interesados en desestabilizar al poder.
"Colombia enfrenta una amenaza particular con unas organizaciones criminales que están detrás de estos actos violentos", dijo el ministro de Defensa, Diego Molano, citando información de organismos de seguridad.
"No son los marchantes pacíficos, no son los ciudadanos que no han marchado y que están en sus casas; son esos vándalos que se mimetizan y han desarrollado actos premeditados, organizados y financiados por grupos de disidencias de las FARC y del ELN, los que buscan desestabilizar algunas regiones con propósitos particulares", aseguró el funcionario.
Cese a la violencia
El rechazo a la violencia, por la que además han sido denunciados agentes de la Policía, es el punto en el que están de acuerdo el Gobierno y el Comité de Paro, y aunque ambos la condenan, en otros asuntos hay profundas diferencias.
"El Gobierno, en los dos temas centrales que se plantearon sobre las garantías de las protestas y sobre el cese a la actuación desmedida de la fuerza pública contra la gente (...), no dijo nada en concreto", expresó el secretario general de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT), Diógenes Orjuela.
Por su parte, el comisionado Miguel Ceballos, coordinador del diálogo nacional, respondió que "habrá cero tolerancia a cualquier violación de la Constitución y de la ley" por parte de "funcionarios públicos y también de la fuerza pública".
La ONG Temblores y el Instituto de Estudios para la Paz (Indepaz) han documentado 47 víctimas mortales durante las manifestaciones y 1.876 casos de uso abusivo de la fuerza.
También 28 víctimas de agresión ocular, 278 heridos y 963 detenciones arbitrarias en contra de manifestantes, así como casos de violencia sexual contra 12 personas.
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