A través de cinco resoluciones, la entidad determinó responsabilidades civiles por incumplimientos contractuales y multas no cobradas a las compañías constructoras y fiscalizadoras de la vía.
El jueves 10 de febrero de 2022, la Contraloría General del Estado confirmó cinco glosas por USD 7,9 millones por “hallazgos de la auditoría a la construcción y fiscalización del proyecto Ruta Viva” de Quito.
La entidad señala que “las responsabilidades civiles se determinaron para la Asociación Ruta Viva (conformada por las constructoras Hidrobo Estrada y Norberto Odebretch,) y a la constructora Norberto Odebretch”.
A estas se suman dos compañías fiscalizadoras y funcionarios públicos que actuaron entre mayo de 2014 y julio de 2017.
A través de un comunicado, la Contraloría explicó cómo se dividen las glosas:
- USD 5,1 millones por daños prematuros en la capa de rodadura. “Los desperfectos que se presentaron fueron fisuras longitudinales y transversales de severidad media y alta. También hay sectores con fisuras en bloque de severidad baja a media y la pérdida de coloración en la carpeta, con cierto desprendimiento superficial”.
- La Contraloría dice que el deterioro de la Ruta Viva no es consistente con los parámetros establecidos en los rediseños planteados por la constructora y que fueron aceptados por la fiscalización.
- “La propuesta modificó la estructura del pavimento para que soporte por más de 12 años el tráfico estimado, retardando el primer mantenimiento. Sin embargo, luego de 14 meses de recibida la obra, la Empresa Pública de Movilidad y Obras Públicas informó el mal estado de la capa de rodadura.
- USD 2,3 millones por multas no cobradas por retrasos en la conclusión de varios frentes de trabajo. Por ejemplo, en la red de alimentación eléctrica, aceras y drenaje de los puentes. Además de cunetas, señalización vertical, limpieza y pintura en pasos peatonales.
- USD 466.037 por tres glosas al no establecer sanciones a pesar de que hubo omisiones de las fiscalizadoras y “por la utilización de fórmulas que no constaban en el contrato para el reajuste de precio. Esto ocasionó pagos injustificados a la constructora por USD 433.117.
Según la Fiscalía, las sanciones se fundamentaron en los hallazgos que constan en el examen especial a la ejecución y liquidación de los contratos de construcción y fiscalización del proyecto Ruta Viva aprobado el 6 de septiembre de 2018.
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