La Contraloría del Estado hizo cuatro observaciones a la contratación de un aliado estratégico para la implementación de radares en Cuenca.
La Contraloría General del Estado publicó el jueves 20 de abril de 2022 el informe de la auditoría realizada al polémico contrato de los radares en Cuenca.
Este contrato, firmado entre la Empresa Municipal de Movilidad de Cuenca (EMOV) y el consorcio Movil Technology, está vigente desde el 18 de febrero de 2022.
La Contraloría realizó cuatro observaciones al contrato de los radares en Cuenca:
- El informe económico para ejecutar la alianza público privada se hizo con información no verificada. No tenía ningún sustento, como proformas o facturas.
- La EMOV calificó una oferta que no cumplía los requisitos de experiencia específica y homologación de funcionalidades de los equipos tecnológicos propuestos. Además, descalificó las otras dos propuestas sin verificar la causal.
- La póliza de todo riesgo no fue entregada por el aliado estratégico.
- El aliado estratégico no cumplió con algunos hitos de acuerdo con el cronograma presentado.
Principales observaciones
La Contraloría asegura que el informe económico que realizó la EMOV para ejecutar la alianza público-privada para la instalación de radares "resultaba subjetivo e incompleto". No se acogió a un criterio o metodología.
El informe recomienda al directorio de la empresa municipal revisar el informe económico y emitir un informe que contenga, de ser el caso, medidas correctivas.
Para demostrar su experiencia, Movil Technology presentó un contrato en ejecución con la Empresa Municipal de Movilidad de Durán, firmado en noviembre de 2021.
Pero cuando el consorcio se presentó al concurso en Cuenca, en enero de 2022, no había reportado montos ejecutados de las inversiones previstas en la fase de implementación.
A la fecha de la presentación de la oferta, "el consorcio no contaba aún con la experiencia en los montos requeridos en los pliegos, sino únicamente con la suscripción del contrato".
La instalación de los radares ha desatado una pugna entre la actual administración y el alcalde electo, Cristian Zamora, quien anticipó que dará de baja el contrato, apenas asuma el cargo.
Zamora argumenta que este contrato es "perjudicial" para Cuenca. Uno de sus cuestionamientos siempre fue la falta de experiencia del consorcio Movil Technology.
Un día antes de que se conociera el informe de Contraloría, los representantes del consorcio hablaron de forma pública por primera vez, tras un año de polémicas.
Los representantes del consorcio sostienen que no existen ninguna ilegalidad en el contrato y su objetivo es que se mantenga.
Además, Movil Technology planea ir a un proceso de arbitraje, en el caso de que el alcalde electo termine el contrato de forma unilateral.
El contrato tiene una duración de 12 años y permite al consorcio privado quedarse con el 40% de lo recaudado por las infracciones.
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