La entidad de control afirmó que hay irregularidades en el contrato con el que se adquirió el sistema de emisión de cédulas y pasaportes electrónicos.
La Contraloría General del Estado determinó una responsabilidad civil de USD
2,3 millones para el director general y el coordinador de asesoría jurídica del Registro Civil,
que trabajaron en la entidad entre 2019 y 2020.
La resolución de la entidad se basa en que los funcionarios no eligieron al mejor proveedor para adjudicar el contrato para la compra del sistema de emisión de cédulas y pasaportes electrónicos.
"La adjudicación del proceso ocasionó un perjuicio económico a la entidad por el monto de la glosa", puntualiza la Contraloría.
Agrega que el contrato se firmó por USD 26,9 millones, lo que representó una diferencia que superó en USD 2,3 millones al presupuesto de la oferta a la que se adjudicó inicialmente el proceso.
"Un consorcio extranjero que solicitó una ampliación del plazo para cumplir las normas de contratación nacionales", recuerda la entidad de control.
Las investigaciones de la Contraloría detallan que, aunque el consorcio pidió la ampliación del plazo dentro de los parámetros del proceso de contratación, el Registro Civil lo negó y lo calificó como adjudicatario fallido.
"La decisión del Registro Civil se tomó luego de acoger un criterio jurídico que negó la prórroga para la suscripción del contrato, pese a que la propuesta de ese proveedor era económica y técnicamente más favorable para la entidad", dice la Contraloría.
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