En 15 días, los Ministerios de Finanzas y de Salud deberán presentar un plan para cancelar los pagos pendientes a los prestadores de servicios de diálisis.
Los pacientes que padecen enfermedades renales obtuvieron un nuevo fallo a su favor. Esta vez se trata del dictamen de la Corte Constitucional, que ratificó las medidas cautelares adoptadas por la Unidad Judicial civil de Guayaquil.
Según la Corte, la medida fue "adecuada y eficaz frente a la amenaza al derecho a la salud de las personas con insuficiencia renal crónica".
Además la Corte ordenó que los Ministerios de Finanzas y de Salud establezcan en 15 días un plan para cumplir con los pagos pendientes a los prestadores de servicios diálisis.
La deuda con estas clínicas de diálisis asciende a cerca de USD 190 millones, según informó PRIMICIAS el pasado 22 de agosto. Estos centros son prestadores externos del Estado y atienden a los pacientes renales derivados del Ministerio de Salud Pública (MSP).
Debido a la falta de pago, la vida de unos 13.000 pacientes renales corre peligro puesto que no pueden continuar con el tratamiento.
Por otra parte, la Corte también resolvió llamar la atención a la Cartera de Finanzas "debido a la falta de respuesta a los requerimientos de información realizados en la sustanciación de esta causa".
En tanto que Finanzas aseguró que entre marzo y agosto de 2020 había cancelado USD 48,3 millones.
El dictamen de la Corte incluye nueve disposiciones en total. Y en una de ellas establece además que el MSP presenten sus propuestas para fortalecer el tratamiento de los pacientes renales, en un plazo de 30 días.
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