Una ordenanza de 2011 regula la participación ciudadana. En la Asamblea Cantonal solo 90 instituciones tienen membresía para opinar sobre el presupuesto.
Para el viernes 5 de diciembre de 2019, está convocado el Concejo Cantonal de Guayaquil. Uno de los puntos de la sesión será la aprobación en segundo y definitivo debate del presupuesto municipal.
Es el primer presupuesto bajo la administración de la alcaldesa Cynthia Viteri. Para 2020, el Municipio tiene previsto un gasto de USD 834,8 millones
La anterior sesión fue presidida por el vicealcalde Josué Sánchez. Él indicó que el 84,14% del presupuesto irá destinado a obras.
Entre ellas se incluye un centro de desintoxicación para personas con dependencia a las drogas y otro centro de rehabilitación física para el bienestar animal. Ambas infraestructuras son promesas de campaña de Viteri.
El Municipio de Guayaquil asegura que este presupuesto sigue el “lineamiento tradicional”. Y añade que cumple con el artículo 242 del Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomías y Descentralización (Cootad).
Asamblea cantonal aprueba presupuestos
Esa normativa ordena a los municipios del país incluir el componente de la participación ciudadana en la elaboración de los presupuestos. El camino es mediante la aprobación de una asamblea cantonal.
Es en este punto donde el cabildo guayaquileño recibe críticas. César Cárdenas, miembro del Observatorio Ciudadano de Servicios Públicos, dice que en la Asamblea de Guayaquil solo participan ciertas instituciones. Ellos, por ejemplo, no fueron tomados en cuenta.
En efecto, una ordenanza de 2011 establece quiénes conforman este organismo. Son alrededor de 90 instituciones entre universidades, fundaciones, cámaras empresariales y colegios de profesionales.
Manuel Macías es un profesor universitario que este año estudió la participación ciudadana en la elaboración del presupuesto del puerto principal.
Dentro de las conclusiones de su investigación están que, aunque son 90 integrantes, apenas 30 participan. A ello se suma que la mayoría tiene relación con el Municipio a través de la entrega de recursos.
No se incluye a los barrios por lo que Macías califica de “vertical” la elaboración del presupuesto. “La Municipalidad cumple formalmente con la ley, el problema es la calidad del proceso", señala.
Agrega que "hay muchas organizaciones que quieren participar, pero no pueden porque no están en la ordenanza. Entonces hay un asunto de fondo que limita la participación ciudadana”.
Entidades que quedan afuera
Es lo que le ocurre a Tejido Social, una organización que se activó en 2016 cuando la ciudad debatía si elevar o no las tarifas de transporte urbano.
Gelacio Mora dirige esta entidad. Él aplaude la creación de los centros de desintoxicación y para animales. Pero propone un albergue para indigentes y mendigos.
Cree que se debe mirar a los barrios porque algunos aún no tienen alcantarillado o quieren mejorar sus calles. Sin embargo, no puede plantear formalmente esas ideas.
El Ministerio de Finanzas no entrega recursos a las ciudades si es que no cumplen con los pasos establecidos en el Cootad. Guayaquil, desde un punto de vista formal, lo hace.
Sin embargo, César Cárdenas indica que es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social el que debe señalar los problemas de Guayaquil. “Pero ni este, ni el anterior han hecho algo pese a que es su competencia”, concluye.
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