La ministra de Educación, María Brown, asegura que los maestros denunciados por violencia sexual interponen acciones de protección para regresar a sus trabajos.
El caso de violencia sexual en contra de una niña de 14 años conmocionó al país el 26 de abril. Ella denunció que fue abusada por el conductor del transporte escolar para que la rectora del colegio le creyera.
Ahora, la adolescente ha decidido volver al colegio.
“Fue una decisión de la familia, gracias a la voluntad de la estudiante que pidió retomar las clases”, dice la ministra de Educación María Brown, quien mantiene contacto directo con la madre de la víctima.
“Se hizo un cambio de equipo, tanto de consejería estudiantil, como de la autoridad de la institución. Ella va a seguir un tratamiento y también estamos haciendo varios procesos restaurativos y de contención socioemocional con sus compañeros”, explica Brown.
Según datos del Registro de Casos de Violencia Sexual (Redevi), en el país hay 14.000 denuncias de violencia sexual en el sistema educativo desde 2014 hasta abril de 2022.
“Los casos van desde un abuso verbal, es decir, algún comentario sexista, alguna frase de discriminación, hasta una violación”, explica la ministra Brown.
El 71,7% de los casos sucede fuera del sistema educativo, mientras que el 28,3% ocurre dentro de escuelas y colegios. Estos niños y jóvenes han sido víctimas de docentes, autoridades, personal administrativo, de limpieza o de otros estudiantes.
El informe AAMPETRA, de la comisión de la Asamblea que investigó casos de abuso sexual entre 2015 y 2018, alertó en ese entonces que el 84% de los casos quedó en la impunidad.
Solo 16% llega a juicio, un 12% recibió una sentencia condenatoria y un 7% recibió una sentencia absolutoria, la mayoría por abandono de las causas.
“La respuesta de la justicia carece de empatía con las víctimas, habla de cómo los ecuatorianos tenemos valores al creer o no en los niños cuando son víctimas de abuso sexual”, dice Berenice Cordero, exministra de Inclusión Económica y Social (Mies).
Las denuncias que ingresan al sistema educativo tienen dos rutas: La judicial, a través de la Fiscalía, y la administrativa, que es interna. Por lo general, esta última sanción ocurre antes de que el proceso judicial culmine.
“Como medida de protección, el protocolo indica que el Ministerio de Educación, al tener un caso de violencia sexual, separa inmediatamente al docente del aula, se lo reubica en actividades administrativas y se le retira el contacto con los estudiantes”, explica Brown.
Acciones de protección para los denunciados
Pero existen casos en que los denunciados -es decir, los agresores- presentan acciones de protección ante la justicia pidiendo la restitución de los cargos, y esas solicitudes llegan más rápido que una sentencia.
"Si en el sistema educativo se toman acciones administrativas, que luego se dejan insubsistentes, el mensaje que damos es de impunidad".
María Brown.
Estas decisiones judiciales contradicen los protocolos y las observaciones que la Corte Interamericana de Derechos Humanos le hiciera a Ecuador, por el caso de Paola Guzmán.
"Hay sentencias que son tan específicas, como devolverles el cargo en el mismo colegio, al mismo cargo que tenían”, dice Brown.
Para Cordero, quien también trabaja en la Fundación Dignidad, esa ha sido una estrategia recurrente. Considera que el nudo crítico está en los informes que se entregan a los jueces.
“Por lo general debe haber dos, uno de Consejería Estudiantil (DECE) y otra de la Junta de Resolución de Conflictos. En el DECE hay profesionales que apoyan a las víctimas, pero en las juntas me parece que hay la visión corporativa de defender al docente”, añade Cordero.
Este es uno de varios obstáculos que encuentran las víctimas y sus familias para continuar con los procesos legales. Según un informe de la Coalición Contra el Abuso Sexual de la Niñez (Cocase), el 60% de casos no se denuncia por miedo a represalias.
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