Dos años después del atentado, la violencia en San Lorenzo aumenta

Sociedad

Autor:

Mario Alexis González

Actualizada:

29 Ene 2020 - 0:05

El 27 de enero de 2018, una detonación afectó la estructura del cuartel policial de San Lorenzo, en Esmeraldas. - Foto: Secretaría de Comunicación

Dos años después del atentado, la violencia en San Lorenzo aumenta

Autor:

Mario Alexis González

Actualizada:

12 Feb 2020 - 14:02

Una creciente tasa de homicidios es la punta del iceberg de la inseguridad y la violencia en este cantón fronterizo. Mientras tanto, los casos judiciales por los hechos de 2018 no progresan en la Fiscalía.

Este 27 de enero de 2020 se cumplieron dos años del atentado con un coche bomba contra el cuartel policial de San Lorenzo, en Esmeraldas. La explosión que destruyó la estructura fue el inicio de una ola de violencia en la frontera norte.

Luego de los dos primeros años del ataque, si bien la tendencia provincial en Esmeraldas -en cuanto a la violencia- está a la baja, en el cantón San Lorenzo subió en un 70% entre 2018 y 2019.

En el mismo periodo, en seis de los ocho cantones que componen la provincia de Esmeraldas el número de homicidios intencionales o muertes violentas disminuyó.

Estos datos son parte de las cifras oficiales del Ministerio de Gobierno.

El portal de Indicadores de Seguridad Ciudadana, que pertenece al ministerio, recoge también el histórico de la tasa de homicidios intencionales por cada 100.000 habitantes, el principal indicador de la violencia e inseguridad en un país o región.

En estos datos se evidencia la dicotomía entre la provincia de Esmeraldas y uno de sus cantones, San Lorenzo, que colinda con Colombia, en la frontera norte.

PRIMICIAS consultó a Patricio Pérez, comandante de la Policía en Esmeraldas, acerca de las razones del incremento de muertes en San Lorenzo.

Por motivos de agenda, el oficial pidió que se le envíen las preguntas por escrito pero no las respondió.

En enero de 2018, el Ministerio de Gobierno planteó la iniciativa ‘Fortalecimiento de la Policía Nacional para garantizar la Seguridad Ciudadana en las zonas de frontera y de mayor índice delictivo’.

Sin embargo, por falta de recursos no pudo ser ejecutada el año pasado y fue ratificada en la planificación de 2020. Pero su realización, otra vez, depende de la disponibilidad de recursos en momentos en que el país atraviesa por un ajuste fiscal.

A dos años del atentado

El 27 de enero de 2018, Ecuador amaneció con la noticia del primer atentado terrorista de su historia.

Esa madrugada, un coche bomba explotó en las inmediaciones del cuartel policial de San Lorenzo, en Esmeraldas.

A causa del acto terrorista 23 personas quedaron heridas y 37 casas resultaron dañadas.

Aunque el atentado no causó muertes, fue el inicio de una ola de crímenes en la frontera con Colombia.

El 20 de marzo, tres marinos ecuatorianos murieron en una explosión, cuando se acercaron durante un patrullaje a lo que resultó ser una bomba artesanal.

El artefacto explosivo había sido colocado a un costado de la carretera que conduce a Mataje, poblado que se encuentra a 10 minutos de San Lorenzo.

Seis días despúes, el 26 de marzo de 2018, un equipo periodístico de Diario El Comercio fue secuestrado en territorio ecuatoriano en Mataje.

Casi un mes después del secuestro se confirmó que el periodista, el fotógrafo y el conductor plagiados habían sido asesinados en cautiverio por una grupo disidente de la ahora desmovilizada guerrilla de las FARC.

El 12 de abril de 2018 también fueron secuestrados Óscar Villacís y Katty Velasco en el caserío colombiano de Puerto Rico, que limita con la zona rural de San Lorenzo. Tres meses después también fueron asesinados en cautiverio.

El 12 de mayo de 2018, finalmente, fue secuestrado por los disidentes el militar Wilson Ilaquiche. Y en marzo de 2019, su cuerpo fue encontrado en una morgue en el municipio portuario de Tumaco, en Colombia.

Mire en la infografía el registro de las muertes violentas en Esmeraldas y San Lorenzo, desde el origen de la ola de inseguridad que comenzó en enero de 2018 en la zona:

Riesgo de impunidad

Los delitos cometidos en la frontera norte fueron atribuidos al Frente Oliver Sinisterra, una columna disidente de las FARC que se negó a desmovilizarse tras el último proceso de paz en Colombia.

Esta organización criminal era comandada por Walter Arízala, alias “Guacho”, quien murió en diciembre de 2018 durante una operación conjunta de militares y policías ecuatorianos y colombianos.

Sin embargo, dos años después de que la crisis de seguridad en la frontera empezó, solo un caso penal ha concluido en Ecuador.

El 13 de marzo de 2019, el Tribunal de Garantías Penales de Esmeraldas condenó a 14 miembros del grupo Oliver Sinisterra.

Los sujetos fueron procesados por delincuencia organizada y terrorismo por el atentado al cuartel policial de San Lorenzo.

La pena impuesta fue de 17 años y cuatro meses de prisión, más una multa de USD 31.520.

Además, la Fiscalía General del Estado abrió cuatro casos más por la violencia en la frontera:

  • Caso Periodistas.
  • Caso Óscar Villacís y Katty Velasco.
  • Caso Wilson Ilaquiche.
  • Caso Atentado y asesinato contra patrulla de marinos.

Los tres primeros procesos pasaron a la Comisión de la Verdad y la investigación está a cargo de la fiscal Belén Corredores.

Los familiares de las víctimas y la Fiscalía confirmaron que estos procesos siguen en indagación previa, es decir, que todavía no hay procesados ni se han formulado cargos. Además, los casos son reservados.

Las investigaciones previas de estos casos se abrieron:

  • El 27 de marzo de 2018, caso Periodistas.
  • El 15 de abril de 2018, caso Óscar Villacís y Katty Velasco.
  • El 14 de mayo de 2018, caso Wilson Ilaquiche.

Según el Código Orgánico Integral Penal COIP), esta etapa no puede durar más de dos años.

El penalista Gabriel Ponce aclara que el COIP indica que en el caso de desaparición de personas estos plazos no aplican. Es decir, que los dos años empezaron a correr desde que las víctimas fueron declaradas muertas.

De esta manera, las investigaciones continuarán hasta abril y julio de este año, en los casos Periodistas y Óscar y Katty. Mientras que en el proceso del soldado Ilaquiche el plazo se cumpliría en marzo de 2021.

Si luego de este tiempo la Fiscalía no formula cargos, los casos serán archivados.

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