En lo que va de 2019, la Dinased ha recibido 2.600 denuncias sobre personas desaparecidas, sin embargo, en Ecuador la desaparición involuntaria no está tipificada como delito penal sino como acto administrativo, lo que impide que muchos casos se indaguen en el ámbito penal.
"Para el Estado rastrear un desaparecido es como buscar un auto o cualquier objeto perdido", dice Isabel Cabrera, presidenta de la Asociación de de Familiares y Amigos de Desaparecidos (Asfadec).
Ella es hija de Leonor Ramírez, desaparecida en Quito el 29 de abril de 2011.
Su madre es parte de una de las 29.211 denuncias presentadas ante la Dirección de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestros (Dinased) desde 2014, cuando fue creada.
De la cifra inicial, un total de 28.076 "son casos resueltos", manifiesta el director de la Dinased, Diego Erazo.
En lo que va de 2019 han sido presentadas 2.600 denuncias, de las cuales las autoridades han resuelto más del 90% indica Erazo.
Mientras que en el registro de desaparecidos desde hace más de seis años aún quedan 1.125 casos por resolver.
Familiares: hay más de 4.000 desaparecidos
Isabel Cabrera, presidenta de Asfadec. Foto: Ana Angulo.
Pero Isabel Cabrera (Asfadec) y Mayra Rodríguez, de la asociación Luna Roja, manejan una cifra mucho mayor. Ellas afirman en entrevista con PRIMICIAS que, al menos, hay 4.000 personas cuyo paradero es desconocido.
Ambas señalan que no existen estadísticas confiables, no hay protocolos de acción, ni suficientes fiscales e investigadores con la preparación necesaria para rastrear a los desaparecidos.
Es más, la desaparición involuntaria no es considerada como un delito, por eso "no hay nada concreto qué buscar y las denuncias se diluyen en un sinfín de trámites burocráticos".
Incluir en el COIP la desaparición
En la Asamblea Nacional existe un proyecto de "Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico Integral Penal para la tipificación de la Desaparición Involuntaria de Personas".
El proyecto fue analizado en primer debate el 24 de junio de 2019 y busca incorporar un artículo innumerado después del artículo 81 del COIP para tipificar la desaparición involuntaria de personas como delito.
Actualmente en ese apartado consta la desaparición forzada, como la privación de libertad de una persona, seguida de la falta de información sobre su paradero por un agente del Estado.
La Comisión Ocasional de Desaparecidos de la Asamblea presentó ante el pleno algunos pormenores que surgen del proyecto:
- Creación del registro nacional de desaparecidos y un registro nacional forense.
- Creación de una institución especializada para la búsqueda de personas desaparecidas.
- Establecer un sistema multidisciplinario e interinstitucional para afrontar la desaparición.
La Plaza Grande para compartir el dolor y pedir justicia
Plantón de los familiares de las personas desaparecidas en la Plaza Grande, frente al Palacio de Carondelet. Primicias
Lo único que le queda a los familiares de los desaparecidos es protestar, ir a la Plaza Grande, en el centro de Quito a clamar por el retorno de sus familiares y amigos.
El miércoles 14 de agosto, horas antes de que la policía rescatara a la niña Anahí Jazmín en una comunidad del cantón El Coca, en la provincia de Orellana, decenas de familiares de los desaparecidas se juntaron frente al Palacio de Carondelet, en la Plaza Grande.
Lo hacen los miércoles, cada dos o tres semanas, con el objetivo de que las personas conozcan sus casos y para exigir más acciones a las autoridades.
Cada familiar lleva a cuestas su propia historia y sus propias lágrimas.
Lilia Acosta ha cumplido ya seis meses sin tener ninguna noticia sobre el paradero de su hijo Joshua Salinas.
El 14 de febrero, luego de una larga jornada de estudios en su casa en Otavalo, el padre de Joshua Salinas, Manuel Salinas, decidió raptar al niño y desaparecer con él en el auto familiar. Es una furgoneta blanca de placas GSP-8650.
Recorre el país en busca de su pequeño hijo
Lo último