El 50% de las causas de egresos hospitalarios en niñas y adolescentes de entre 10 y 17 años se relaciona con el embarazo, parto y etapas posteriores, según el INEC.
Cada día en el Ecuador, 148 niñas con edades comprendidas entre los 14 y 19 años, dan a luz.
El tema, que antes de la pandemia ya era una desafío para el sistema de salud y las organizaciones que trabajan en la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, se ha agravado.
“Según datos del Ministerio de Salud, el embarazo en adolescentes ha incrementado de manera dramática” explica Ana Vera, directora de la organización Surkuna.
Entre marzo y julio de 2020 se han registrado 190 embarazos más de niñas de entre 10 y 14 años, con relación al mismo periodo de 2019. La cifra sube a 489, si se toma en cuenta a niñas y adolescentes de entre 10 y 19 años.
En Surkuna estiman que la cifra puede ser mayor dentro de unos meses "cuando se conozca con exactitud la situación de niñas que fueron víctimas de abuso sexual durante la cuarentena" y que todavía no han acudido a un centro de salud.
Una encuesta que realizó Surkuna entre julio y agosto en 22 provincias del país, detectó que el 38% de las adolescentes de entre 15 y 17 años presentaron dificultades para acceder a servicios de salud sexual y salud reproductiva.
El 90% tuvo problemas para tener acceso a métodos anticonceptivos. Mientras que el 55% señaló haber tenido dificultades en el acceso a Anticoncepción Oral de Emergencia.
La segunda tasa más alta de la región
Desde hace más de una década Ecuador se mantiene como el segundo país en la región (después de Venezuela) con la tasa más alta de embarazos en adolescentes.
La directora de la organización Surkuna, Ana Vera, cree que a Ecuador no le hacen falta planes, "hay un buen plan que incluye temas de prevención de violencia sexual en la infancia. Lo que pasa es que no hay presupuesto y hay resistencia social.”
El Gobierno eliminó los USD 5,7 millones que tenía destinado para este proyecto sin ninguna explicación.
Lo irónico es que un reciente de Unicef y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa) detalla que el embarazo adolescente le cuesta a Ecuador USD 270 millones al año.
"El plan es bueno, pero si no hay recursos, no tiene sentido, se necesita de voluntad política e incluir a los adolescentes en el diseño de esa política pública" explica Vera.
Con el objetivo de saber qué piensan los jóvenes sobre el embarazo a su edad, el Consejo Cantonal de Protección de Derecho de Guayaquil, realizó una encuesta a cerca de 2.000 jóvenes de 12 centros educativos de esa ciudad.
Todos los planteles están ubicados en las zonas donde más se vulneran los derechos de los niños, y hay una conclusión: el embarazo adolescente es una de las principales preocupaciones para los jóvenes.
Entienden que ser padres a temprana edad afecta a todo su entorno familiar y su proyecto de vida.
“El abordaje idóneo sería desmitificar el tema, el acceso a anticonceptivos, la comunicación de los padres” explica Vicente Torres, abogado del Consejo Cantonal de Derechos de Guayaquil.
El 56% de los jóvenes encuestados propone que recibir información sobre métodos anticonceptivos como la principal solución para prevenir un embarazo no deseado.
Además esperan las personas que les hablen del tema sean sus padres e incluso los docentes, "pero lo hacen con mucha vergüenza, sin abrirse, sin darles indicaciones claras, solo desde una perspectiva de la prohibición" recalca Vera.
Que los padres enseñen a sus hijos educación sexual evitaría que los niños y adolescentes recurran a otras fuentes como la pornografía.
Otro dato revelador de la encuesta es que los jóvenes no perciben el embarazo prematuro como un riesgo en su salud. "Solo lo ven como un tema de nueve meses, no lo perciben con el riesgo de salud de una relación sexual no protegida o desinformada" asegura Vicente Torres.
Las respuestas de los jóvenes esperan ser llevadas como propuestas para la creación de la política pública para 2021.
En Guayaquil tendrá un plan piloto en una de las zonas identificadas como de alta vulneración de derechos, para articular todos los servicios necesarios para la atención de niños y jóvenes, como un método preventivo.
“Por ejemplo, fortalecer los clubes de adolescentes, donde se promuevan los derechos para que ellos se reconozcan como sujetos de derechos”, dice Torres.
Además, de promover la sensibilización del personal de salud, del sector educativo, y de los funcionarios del Municipio.
Se requiere de una coordinación entre instituciones, pero también de la gente, porque ahora mismo “no hay un pacto social que empuje a todos para actuar de manera inmediata y eficiente, para detectar y abordar la problemática".
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