Según estas organizaciones, el gobierno tenía previsto destinar USD 5,7 millones a políticas de prevención de embarazo adolescente en 2020, pero sin ninguna explicación eliminó ese rubro.
Los colectivos también señalan que el régimen redujo de USD 5,4 millones a USD 876.862, es decir un 84%, los recursos destinados a la implementación de la Ley de Prevención de la Violencia contra Mujeres y Niños.
Ana Cristina Vera, directora de Surkuna, dijo que en Ecuador siete niñas menores de 14 años son abusadas sexualmente cada día, por lo que disminuir el presupuesto para estas políticas significa atentar contra sus derechos.
Además, señaló que "si se ejecutan correctas políticas de prevención el Estado ahorra 17 veces lo que le costaría atender los problemas que se generan en el embarazo no deseado".
Octavio Miranda, representante del Comité de Derechos Sexuales de Ecuador, dijo que los problemas más frecuentes que se presentan las adolescentes embarazadas tienen que ver mayor riesgo al momento de dar a luz, además de los abortos clandestinos.
También dijo que si no existen políticas de género se corre el riesgo de que las mujeres sigan siendo víctimas de violencia sexual, lo que significa mantener el círculo de violencia.
Vera dijo que espera que el gobierno analice el tema y "que se reasignen los recursos para el próximo año para reducir la cifra de embarazos adolescentes".
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