El Estado no tiene registros sobre cuántos niños han quedado huérfanos por el asesinato de sus padres, víctimas de la violencia en el país.
La imagen de un niño de nueve años, arrodillado sobre el cuerpo de su abuelo asesinado en un banco en Ibarra, el 18 de abril, mostró a las otras víctimas de la violencia en Ecuador.
Se trata de niños que, como consecuencia de los crímenes, quedan huérfanos. Ellos pierden a sus padres, madres o custodios acribillados en las calles, en las cárceles, en las casas o incluso en hospitales.
Como el caso de Carla Rochetti, a quien un sicario la asesinó al confundir la habitación de la clínica privada en la que se recuperaba de una operación, en mayo de 2021. Carla tenía dos hijos que perdieron a su madre.
En los últimos dos años, 5.208 personas han sido asesinadas en el país.
"¿Cuántas tenían hijos, dónde están, qué pasa con ellos, cuántos reciben apoyo?”, se pregunta Lorena Chávez, directora del Mecanismo de Promoción y Protección de los Niños, Niñas y Adolescentes de la Defensoría del Pueblo.
“Hemos solicitado esa información, pero nadie en el Estado tiene esos datos”, dice Chávez.
En entrevista con PRIMICIAS, Esteban Bernal, ministro de Inclusión Económica y Social, dijo que actualmente hay 2.046 niños institucionalizados, que por orden de un juez son llevados a las casas de acogida del Estado.
¿Pero cuántos de los 2.046 son niños huérfanos producto de la violencia? Esa información no existe, según el Departamento de Comunicación del ministerio.
La Asociación Latinoamericana para el Desarrollo (Aldea) sostiene que registra los femicidios en el país, entre 2014 y 2021, 1.281 niños y niñas están en situación de orfandad porque asesinaron a sus madres. Y ya suman 19 en lo que va de 2022.
“Puede resultar crudo describir lo que está ocurriendo, pero están recogiendo de la calle a la persona que el sicario asesinó, pero no saben cuántos niños vieron la violencia. Debe haber un acompañamiento psicológico para trabajar un duelo real con ellos”, explica Chávez.
Según el ministro Bernal, existe un protocolo psicosocial al cual “acuden educadoras, trabajadoras sociales y no trabajan solo con el niño, también con su entorno familiar, porque el primer objetivo es que su entorno sea viable para el niño huérfano producto de esa realidad”.
Ese protocolo se activó con el niño de nueve años que presenció el asesinato de su abuelo en Ibarra.
El ministro explica que “primero se garantiza un abordaje adecuado, si se determina que no existen las condiciones, se amplían las familias”.
“En los 215.000 núcleos familiares a los que acudimos, hay niños que probablemente quedaron huérfanos, pero que están siendo tratados y abordados con nuestros trabajadores sociales, con nuestra educadora y con nuestros psicólogos”, agrega Bernal.
"Debería haber un levantamiento de datos para saber las consecuencias reales de la violencia".
Lorena Chávez
En el país existen 134 hijos de personas privadas de libertad, que son atendidos por el Ministerio de Inclusión; 43 de ellos están en casas de acogida.
“Los mejores servicios deben estar en los barrios urbano marginales para contener la violencia, como lo hizo Medellín, y hacer un trabajo de prevención para que estos niños no ingresen a estas bandas”, dice Chávez.
La Policía ha detectado que niños desde los 10 años son reclutados por los grupos criminales para cometer sicariatos o portar armas.
En el último año, 285 menores de edad fueron víctimas de muertes violentas. De estos, 227 fueron asesinados con un arma de fuego.
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