Las cifras que hay sobre este crimen no coinciden. El Estado y las organizaciones civiles están de acuerdo con que se trata es un problema que hay que combatir. Aunque las cifras no son claras, pues cada uno maneja diferentes estadísticas y metodologías para contabilizarlo.
El Estado, la justicia y la sociedad civil coinciden en la prioridad que debe tener el combate al femicidio. En función de esa necesidad social cada una ha planteado estrategias, protocolos y campañas.
Esas acciones se fundamentan en cifras que difieren en función de la fuente. La Fiscalía, el Ministerio del Interior y las organizaciones sociales recaban información en torno a este crimen, cada una de manera aislada y sin coordinación conjunta.
Las metodologías para obtener los datos son distintas: mientras las instituciones estatales se basan en las denuncias que llegan a sus oficinas, las organizaciones sociales registran también las muertes que no llegan a la justicia.
En los datos que manejan las organizaciones civiles tampoco hay consenso, aunque en menor escala. Los datos de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (Cedhu) son ligeramente más altos que los difundidos por Asociación Latinoamericana para el Desarrollo Alternativo (Aldeas), Taller de Comunicación Mujer y la Red de Casas de Acogida.
El femicidio fue tipificado en el Código Integral Penal (COIP) que entró en vigencia en agosto de 2014. Antes de esa fecha la muerte de una mujer -independientemente que haya sido producto de la violencia de género o relaciones de poder- era considerado un homicidio o un asesinato, según las circunstancias.
Mire en el video por qué en Ecuador se utiliza la palabra femicidio y no feminicidio, como en otras legislaciones.
PRIMICIAS reúne los datos de la Fiscalía, Cedhu y de las organizaciones sociales desde 2014 hasta 2019 y los explica en las siguientes infografías.
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