Según un estudio de la Asociación Latinoamericana para el Desarrollo Alternativo, en Ecuador hay 1.095 niños huérfanos a causa del femicidio.
El 8 de marzo de 2019, el expresidente de la República, Lenín Moreno, firmó el Decreto Ejecutivo No. 696, para que los niños y adolescentes de hasta 18 años que quedaran en la orfandad, tras el asesinato de sus madres, pudieran recibir una ayuda económica.
Desde entonces, el Estado ha destinado solo USD 89.000 para este proyecto, que fue anunciado como una política de reparación para las víctimas.
El decreto establece que si un hijo pierde a su madre por femicidio recibirá el 20,49% de un salario básico (USD 400). Si son dos, el porcentaje será del 43,13%. Y si son tres, del 54.23%.
Un estudio publicado, a inicios de junio de 2021, por la Asociación Latinoamericana para el Desarrollo Alternativo (Aldea) revela que, al menos, 1.095 niños perdieron a su madre a causa del femicidio entre 2014 y 2020.
La vicepresidenta de la organización, Geraldine Guerra, dice que no hay cifras oficiales de cuántos de esos niños han recibido el bono estatal. Aunque asegura que “no deben ser muchos, pues el presupuesto es muy limitado”.
Guerra explica que “el acceso al bono requiere de una sentencia ejecutoriada, pero el proceso es demorado. Mientras tanto, esos niños y niñas quedan en la indefensión”.
Durante la presentación del gabinete social, el 26 de abril de 2021, el presidente de la República, Guillermo Lasso, aseguró que “el nuevo gobierno inicia una lucha sin tregua contra la violencia de género. Uno de los males más atroces que padece nuestra sociedad”.
Y agregó que el objetivo será “femicidio cero”.
Actualmente, la Secretaría de Derechos Humanos evalúa la normativa que regula la entrega del bono para establecer puntos críticos que impiden que los niños reciban esta ayuda.
Mientras que el Ministerio de Inclusión Social (Mies) dijo a PRIMICIAS que está levantando la información con el detalle del número de niños que han accedido al bono desde 2019.
450 madres, víctimas de femicidio
Las organizaciones sociales contabilizan más de 800 femicidios desde 2014 cuando este delito fue tipificado en el Código Orgánico Integral Penal (COIP).
Según la información que han recopilado, al menos, 450 de esas mujeres eran madres. “Una cifra que retrata los altos niveles de violencia que hay en contra de las mujeres”, dice Geraldine Guerra, vocera de la organización Aldea.
Guayas, Pichincha y Manabí, en números absolutos, son las provincias en las que se registra la mayor cantidad de niños en situación de orfandad por ese crimen, según las organizaciones sociales.
La realidad cambia si se toma en cuenta la tasa por cada 100.000 habitantes. Sucumbíos, Orellana, Manabí y Morona Santiago son las provincias que tienen el mayor número de niños huérfanos, con relación a su población.
Guerra aclara que estas cifras son un subrregistro de la realidad. “Las organizaciones hacemos un esfuerzo para recopilar los datos. Pero estamos seguros de que hay casos que no hemos podido identificar, pues no todos llegan a la justicia”.
Y considera que esa es una tarea que tiene el nuevo gobierno para conocer la magnitud de otra pandemia que vive el país: la violencia de género.
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