El Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica de Quito demandó a varias instituciones del Estado por supuesta responsabilidad en las masacres en las cárceles.
Se cumple un mes de la última masacre en el complejo penitenciario en Guayas, donde asesinaron a 119 personas y 80 resultaron heridas.
Los eventos ocurridos en las cárceles del país dejan 243 fallecidos en lo que va de 2021, pero la Fiscalía abrió procesos para investigar 239 muertes.
Según datos de la Fiscalía, hay 15 investigaciones previas abiertas de 23 causas relacionadas a los eventos suscitados en los Centros de Rehabilitación Social en 2021.
En dos procesos se han acogido al procedimiento abreviado, uno tiene dictamen acusatorio y dos tienen una sentencia condenatoria.
Hay 13 causas que se han abierto para investigar el presunto delito de asesinato a 236 personas. También hay dos procesos por violación, uno delincuencia organizada, otro por robo, daño a bien ajeno y homicidio.
Las causas corresponden a los hechos suscitados este año en los centros de privación de libertad masculino de Guayas, Los Ríos, Azuay y Cotopaxi.
Por la primera masacre, ocurrida en febrero y que dejó 79 personas fallecidas en cuatro cárceles del país, la Fiscalía abrió cinco causas para investigar la muerte de 78 personas. Cuatro son por el delito de asesinato y uno por delincuencia organizada.
De las cinco causas, cuatro se encuentran en investigación previa, es decir, en la primera fase del proceso judicial, y puede durar hasta dos años por el tipo de delito, mientras que uno ya está en etapa de llamamiento a juicio.
Pero a los 243 privados de libertad fallecidos en los motines carcelarios, se suman 12 que fueron encontrados colgados en tres días distintos.
El Servicio Nacional de Atención Integral de Personas Privadas de Libertad (SNAI) no ha dado detalles de estos acontecimientos, que los trató al inicio como un presunto “suicidio colectivo". Los nombres de los fallecidos aún no se han hecho públicos.
El sábado 23 de octubre, siete privados de libertad aparecieron colgados en el área de visitas íntimas del pabellón 10 de la Penitenciaría del Litoral, en Guayaquil, del que la Fiscalía inició de oficio una investigación para determinar las causas.
Sin responsables
A ocho meses de la primera masacre, aún no hay resultados definitivos.
“Esas personas no debieron morir y si murieron es responsabilidad del Estado, porque permitió que eso ocurra”, dice David Cordero-Heredia, director del Centro de Derechos Humanos de la PUCE.
Aunque se haya desviado el discurso de la culpa hacia las organizaciones delictivas o los cárteles del narcotráfico, “estos son espacios controlados absolutamente por el Estado. Cuando permite que estos grupos estén dentro de las cárceles, que tengan más poder que ellos, existe una participación estatal, sea por acción u omisión”, dice Cordero.
Agrega que es un tema que no solo pasa por lo penal, sino que tampoco existe una aceptación de responsabilidad del Estado, un proceso de identificación de las víctimas y de reparación a las familias.
“Lo más básico es que muchas de ellas necesitan atención psicológica, gastos que debieron incurrir por los sepelios y una indemnización económica”, explica Cordero-Heredia.
El Centro de Derechos Humanos de la PUCE demandó a varias instituciones del Estado que están involucradas en las políticas públicas del sistema de rehabilitación de las personas privadas de libertad.
“El juez ordenó que en máximo un año se diseñe un sistema de rehabilitación social que tenga en cuenta los derechos humanos e inclusive emitió una medida cautelar para que de forma inmediata reduzcan el número de detenidos en el sistema carcelario para frenar el hacinamiento, pero no se ha cumplido”, dice Cordero-Heredia.
“La orden más básica que dictó el juez era de que en cinco días se tenían que reunir las autoridades demandadas, que eran Presidencia de la República, Fiscalía, Consejo de la Judicatura, SNAI, para hacer un plan para reducir el hacinamiento. Eso no ocurrió”, lamenta el experto.
Y el Estado apeló la decisión del juez. “Cada institución lanzó a otra la pelotita", explica el abogado.
"El SNAI dijo que no tenía la culpa porque los que llenan las cárceles son los del Consejo de la Judicatura, esta a su vez dijo la culpa es de la Fiscalía porque siempre pide prisión preventiva. La Fiscalía dijo que solamente proponen y que los jueces disponen. La Asamblea Nacional dijo que no tenía nada que ver, porque solo aprobaban las normas penales”.
Es decir que las causas de lo que ha ocurrido en las cárceles no tienen responsables visibles ni procesados.
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