La pandemia de coronavirus ha confinado a los ecuatorianos en sus casas desde hace casi un mes. Pero, en Guayaquil hay quienes aún deben salir para comprar agua de los tanqueros.
Guayaquil es una ciudad de contrastes. En Ceibos Norte, un barrio de estrato económico medio alto con urbanizaciones amuralladas el agua potable fluye con normalidad y no hay problemas de energía eléctrica.
A 20 minutos de este acomodado sector está El Cañaveral, un asentamiento irregular donde más de 1.000 familias viven sin agua potable, desde 2003.
Marisol Chávez es la líder barrial del Cañaveral desde hace tres años. Es madre soltera y tiene cuatro hijos. Ella dice que “el tanquero pasa una vez al día por la avenida principal y juntamos un dólar para comprar 100 litros de agua”.
El Cañaveral es parte de ese Guayaquil olvidado en el que sus habitantes carecen de agua potable, energía y alcantarillado sanitario. Y, así en medio de carencias, sobreviven al coronavirus en una ciudad que es epicentro de la pandemia.
Según datos del Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos (INEC), el 31,4% de la población en Guayaquil es pobre por necesidades básicas insatisfechas. Es decir, son habitantes que no tienen una vivienda digna, ni acceso a servicios básicos.
El dilema de vivir en las invasiones
Durante los 18 años de administración socialcristiana, el exalcalde Jaime Nebot negó que Guayaquil fuera una ciudad pobre. Aseguraba, además, que la red de alcantarillado y agua potable cubre más del 90% de la ciudad.
Lo que sucede es que en las mediciones de la Alcaldía y Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guayaquil (Emapag), la empresa pública que se encarga de la concesionaria Interagua, solo se consideran a las zonas consolidadas territorialmente, con títulos de propiedad y que pagan impuesto predial.
En ese grupo no se incluyen a las invasiones o asentamientos irregulares como el Cañaveral, Monte Sinaí, Ciudad de Dios, Isla Trinitaria o San Francisco.
Y en Guayaquil el “problema de las invasiones es serio”, según un informe de la Secretaría de Asentamientos Irregulares de 2019. Al menos, el 33,4% de áreas en la ciudad son terrenos no legalizados.
En estas zonas, los habitantes tienen que salir a comprar agua, a pesar de las restricciones de movilidad por la pandemia. “Interagua está distribuyendo agua gratuita en la cuarentena, pero no llega a todos los sectores”, dice César Cárdenas del Observatorio Ciudadano de Servicios Públicos.
El Registro Familiar Emergente, elaborado por el Observatorio a más de 5.100 hogares que pasan apuros económicos por el coronavirus, revela que el 21,9% no cuenta con el servicio de agua potable en sus casas.
En los asentamiento irregulares de Guayaquil es común que los habitantes instalen sus propias conexiones de luz.
Además, un 11,8% de los hogares no tiene energía eléctrica permanente, dice el Registro del Observatorio.
Carlos Molina es habitante de Ciudad de Dios, una cooperativa que pertenece a Monte Sinaí, ubicada al noroeste de la ciudad. Dice que muchas de las casas se conectan de forma rudimentaria al poste de alumbrado público.
“Es lo que comúnmente llamamos robar luz, porque usamos cañas y cables para la conexión”.
La ayuda llega, pero a cuentagotas
Para mitigar la crisis económica generada por la pandemia, el Gobierno ha dispuesto la entrega de un Bono de Protección Familiar. En total, 950.000 familias recibirán esta ayuda de USD 60.
“Traté de obtener el bono, pero me dijeron que no aplicaba”, asegura Molina. Antes de la emergencia, él vendía ropa en las calles, labor que por ahora quedó en suspenso.
Según Cárdenas, el registro que utiliza el Gobierno para entregar la ayuda está incompleto. “Se utilizan cifras anteriores del Bono de Desarrollo Humano y ahora la realidad es otra“, asegura el dirigente.
El Observatorio Ciudadano también encuestó a las personas sobre qué institución les había ayudado con recursos o raciones alimenticias en la emergencia. La mayoría dijo que recibe asistencia en su propio entorno familiar.
La semana pasada delegados de la Gobernación del Guayas y del Ministerio de Obras Públicas llegaron hasta El Cañaveral. Pero, se quedaron cortos en las raciones alimenticias, “entregaron a 400 familias y dijeron que iban a regresar. Los seguimos esperando”, dice Chávez.
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