Incesto, el agravante en caso de abuso contra 15 niñas en Puerto Quito

Las niñas y adolescentes eran abusadas constantemente por sus padres, hermanos, cuñados e, incluso, eran ‘vendidas’ a los vecinos.

Durante toda su vida, 15 niñas y adolescentes entre 10 y 17 años fueron abusadas sexualmente por personas de su entorno: padres, hermanos, cuñados, tíos y vecinos.

Nada de esto era un secreto.

Una comunidad de cerca de 20.000 personas sabían lo que sucedía dentro de las casas de Puerto Quito, un cantón ubicado a 140 kilómetros de la capital.

Los delitos que se cometían contra las niñas se evidenciaron la madrugada del domingo 21 de febrero, cuando grupos tácticos de la Policía allanaron varias viviendas en lo que denominaron el operativo Rescate Querubín.

“Era una agresión brutal contra las víctimas, relacionada con amenazas, intimidaciones, golpes, incluso el uso de armas blancas para obligarlas a realizar actos de naturaleza sexual”, explica el fiscal que lleva el caso, Francisco Vega.

Hay ocho familias involucradas, sin nexos entre sí, que abusaban de las niñas de su entorno. Y esto no serían los únicos casos.

De ahí que la Fiscalía encuentra que el delito se comete de forma sistematizada en el cantón Puerto Quito, Pichincha.

“Encontramos que existe un comportamiento en una población, que tiende a ser reiterado por la forma cómo se cometen los delitos, ahí vamos sistematizando esta forma de conducta”, añade el fiscal Vega.

“Es por eso que en este cantón existen denuncias mensuales de delitos de violación que ocurren con características similares”, agrega.

Las estadísticas revelan ese comportamiento. Hay 141 denuncias por el delito de violación sexual recibidas por Fiscalía desde 2017 hasta enero de 2021.

Las cifras llaman la atención porque son elevadas si se las compara, por ejemplo, con otros cantones de Pichincha, con mucha más población que Puerto Quito y en los que existen menos denuncias.

Para la Fiscalía, el operativo Querubín es una nueva forma de investigación para controlar ciertos delitos que las comunidades parecen haber “normalizado”.

“Lo que se busca es desnaturalizar esta forma de costumbre de cometimiento de este tipo de delitos”, dice el fiscal Vega.

Entre 2017 y 2021, unas 63.906 personas han denunciado haber sido víctimas de violación, abuso o acoso sexual en el país.

Los testimonios

Los nombres de las víctimas permanecerán en el anonimato, por protección. Una de las niñas era abusada por un cuñado, quien aprovechaba cuando estaba sola en casa y entraba por la puerta trasera.

Otra niña, con 75% de discapacidad física y 60% de discapacidad intelectual, era abusada constantemente por su padre y su hermano.

Una adolescente con discapacidad física, quien no podía mover su pierna derecha, era maltratada por uno de los hombres de la familia.

Otro hombre abusaba de su hija, de su hijastra y su sobrina, que vivían en la misma casa.

Las niñas han sido separadas de los agresores; algunas están en casas de acogida y otras con familiares.

En algunos casos les han emitido boletas de auxilio, porque uno de los victimarios es un funcionario judicial y no recibió prisión preventiva por parte de la jueza que lleva el caso.

Los delitos

“El delito principal aquí es violación”, dice el fiscal Vega. Pero hay varios agravantes, que se determinarán con el avance de las investigaciones.

Las víctimas tenían discapacidad, se usaron violencia y amenazas, todas eran menores de edad y los agresores eran familiares, lo que se conoce como incesto.

El incesto no era considerado un delito, sino un agravante en el artículo 171 del Código Orgánico Penal. Con las recientes reformas, el incesto ya es un delito individual, que puede ser castigado hasta con 26 años de prisión.

Por este caso hay nueve personas procesadas, dos de ellas intentaron esconderse en Esmeraldas y Santo Domingo, provincias donde también se realizó simultáneamente el operativo para capturarlos.

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