Representantes de los pueblos indígenas de Ecuador realizaron este miércoles 4 de septiembre de 2019 un plantón ante la Asamblea Nacional para exigir a las autoridades que cumplan con la legislación local e internacional que protege sus derechos y los de la naturaleza.
Ataviados con penachos, cintos de paja, collares de semillas, de huesos, y lanzas en mano, decenas de hombres y mujeres con sus caras pintadas, en su mayoría de la nacionalidad amazónica huaorani, participaron en la concentración en la que entonaron en sus lenguas originarias cánticos “por la defensa del territorio”.
“Queremos reivindicar una vez más nuestra posición como nacionalidades de la región de la Amazonía ecuatoriana, nuestra lucha y sobre todo nuestro rechazo rotundo al gobierno de Brasil“, expresó el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (Confeniae), Marlon Vargas.
El dirigente de la confederación que agrupa a 23 organizaciones y representa a 11 nacionalidades, manifestó que el Ejecutivo brasileño “habla del incendio, pero no dice cuántos pueblos y nacionalidades están siendo afectadas dentro del territorio y no se visibiliza qué está pasando”.
Juez detenido en Pastaza
La protesta que hoy siguió frente a la sede del Ministerio del Ambiente ecuatoriano y mañana, jueves, tendrá lugar frente a la Contraloría y la Corte Constitucional en Quito.
La convocatoria se produce un día después de la detención de un juez acusado del delito de extorsión, tráfico de influencias y cohecho en Pastaza, y que negó en una primera instancia un recurso de protección a una comunidad indígena amenazada por la construcción de una hidroeléctrica.
Identificado como Aurelio Quito, el juez fue denunciado por un colega y habría recibido dinero por parte de la constructora, de acuerdo a informaciones preliminares que señalan que en el lugar de la detención se encontraron USD 40.000 en efectivo, lo que apuntaría a un posible caso de soborno.
“Con la construcción de la hidroeléctrica sobre el río Piatúa quieren tomar más del 90% del caudal y trasladarlo a otro río ignorando que existen comunidades y las leyes internacionales”, aseveró Christian Aguinda, presidente de un pueblo originario de la nacionalidad quichua del cantón Santa Clara, que incluye a 22 comunidades en Pastaza.
Este dirigente manifestó su preocupación sobre la detención del funcionario judicial y se preguntó: “¿Con qué calidad moral los jueces ejercen la justicia sobre nuestras comunidades?”.
Lucha contra el petróleo
Vargas se refirió a antecedentes judiciales que han dado la razón a los pueblos indígenas de la región selvática ecuatoriana, como la sentencia de abril pasado de una corte provincial de Pastaza, en la región nororiental, ante un recurso de protección presentado por el pueblo huaorani en contra de una licitación petrolífera.
El dictamen dispuso que debía repetirse una consulta a los habitantes de esa comunidad originaria conforme a estándares internacionales.
El presidente de la Confeniae también recordó las denuncias de licitaciones públicas del Estado para la extracción de crudo en el territorio del pueblo kichwa de Sarayaku sin el consentimiento libre, previo e informado de esa nacionalidad, contraviniendo una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
“En Ecuador el extractivismo es el peor enemigo de los pueblos y nacionalidades amazónicas“, reivindicó y citó otro caso de minería a gran escala que amenaza a comunidades en la provincia de Zamora Chinchipe.
Por su parte, la presidenta del Consejo de Coordinación de la Nacionalidad Waorani del Ecuador (Conconawep), Nemonte Nenquimo, que aglutina a 16 comunidades huaorani en Pastaza, reclamó a las autoridades que cumplan con la sentencia, al tiempo que pidió a los asambleístas que ejerzan su función de fiscalización del Gobierno.
“Vamos a estar preparados y unidos con otras nacionalidades amazónicas en un solo puño para demostrar al mundo que debemos ser respetados“, indicó Nenquimo al asegurar que “de la Amazonía dependen nuestra vida y la de nuestros hijos”.
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