Martes, 23 de abril de 2024

'La maldad se ha vuelto más penetrante': los homicidios intencionales crecen 9,40%

Autor:

Ana Angulo

Actualizada:

17 Jul 2019 - 0:05

Tres ataques de sicarios y el asesinato de un reo en el patio del Centro de Rehabilitación de Varones de Guayaquil (antigua Penitenciaría del Litoral) en la última semana entran a las estadísticas de criminalidad en el país.

Concejal Riobamba

Autor: Ana Angulo

Actualizada:

17 Jul 2019 - 0:05

Equipos de Criminalística y Medicina Legal acudieron a la ciudadela donde fue asesinado el concejal Guaranga. - Foto: Cortesía

Tres ataques de sicarios y el asesinato de un reo en el patio del Centro de Rehabilitación de Varones de Guayaquil (antigua Penitenciaría del Litoral) en la última semana entran a las estadísticas de criminalidad en el país.

Las últimas cifras del Ministerio del Interior dan cuenta que entre el primer semestre de 2018 y el mismo periodo de 2019 el porcentaje de homicidios intencionales aumentó 9,40%.

La mañana del miércoles 10 de julio, el día en que el Ministerio terminó de procesar las estadísticas, fue abatido el fiscal de Daule, Carlos Karolys, mientras conducía su vehículo rumbo a su trabajo.

Dos días después resultó gravemente herido, con dos impactos de bala, el defensor del Pueblo de Manabí, Jorge Andrés Safadi.

Las agresiones tipo sicariato continuaron la noche del domingo 14 de julio, en Riobamba, con el asesinato del concejal Patricio Guaranga, cuando llegaba a la casa de su madre. El crimen sacudió a Chimborazo.

La víspera había sido asesinado, en la antigua Penitenciaría del Litoral, el recluso Jonathan M.M., quien había sido trasladado desde otra prisión a ese centro tan solo dos días antes de su muerte.

  • El asesinato de Jonathan M.M., a manos de dos internos, sucedió en las postrimerías del estado de excepción de 60 días decretado por el presidente Lenín Moreno el pasado 16 de mayo para frenar la violencia en las cárceles.

El mandatario renovó el decreto por otro mes, de modo que estará vigente hasta el 16 de agosto de 2019.

El estado de excepción implica el ingreso de la policía a las cárceles y la presencia de militares en el perímetro exterior y en las vías de acceso a estos centros.

Homicidio: "muerte dada por una persona a otra"

Un glosario del Ministerio del Interior define al homicidio intencional como “la muerte dada por una persona a otra” y engloba los siguientes delitos: sicariato, homicidio, femicidio y asesinato. El cuadro muestra el total de víctimas de estos delitos:

Datos del Ministerio del Interior.

Datos del Ministerio del Interior. Ministerio del Interior

Lautaro Ojeda, experto en seguridad ciudadana y exsubsecretario de Seguridad del Ministerio de Gobierno (actual Ministerio del Interior), analiza el fenómeno del crecimiento de los asesinatos intencionales.

Frente a los datos del Ministerio del Interior (ver gráficos), dice que la desagregación en términos regionales señala que en Quito los actos de violencia social se ubican en un 70%, lo que implica una merma de los homicidios intencionales en la capital. 

En tanto que llama la atención a escala local y nacional la saña con la que se cometen estos hechos: descargas de balas, descuartizamientos, apuñalamientos…

"La maldad se ha vuelto más penetrante", dice Ojeda al parafrasear esta característica descrita (entre otras) en el estudio Maldad Líquida, de Zygmunt Bauman y Leonidas Donskins.

Llama la atención, a escala local y nacional, la saña con que se cometen estos hechos: descargas de balas, descuartizamientos, apuñalamientos…

Lautaro Ojeda, experto en seguridad ciudadana

No obstante, para poder explicar el fenómeno primero hay que conocer la multicausalidad del delito y en el país aún no existen estudios que permitan sacar conclusiones. “Lo que tenemos es el dato y a partir de eso solo especulamos”, agrega.

Ojeda sí tiene claro que poner a los militares a patrullar las calles de las ciudades y los pueblos no es una medida adecuada para frenar la delincuencia, porque la preparación de los militares se enfoca en otras habilidades.

En el caso de las cárceles, el estado de excepción es eso: excepcional por tratarse de un problema estructural que se le fue de las manos al Gobierno, concluye Ojeda.