Los niños siguen siendo un 'gancho' para conseguir dinero, a pesar de las advertencias oficiales

A inicios de julio de 2019 el gobierno lanzó una advertencia: quienes mendiguen en las calles con niños irán presos, porque hacerlo es un delito tipificado en el Código Integral Penal. La noticia tuvo eco en todo el país.

Dos semanas después del anuncio PRIMICIAS hizo un recorrido por las calles de Quito y descubrió que el panorama no ha tenido ningún cambio.

Ni hay menos mendigos, los niños no han ido a centros estatales de cuidado. En el recorrido este medio tampoco encontró brigadas gubernamentales brindando información y alternativas para estos grupos vulnerables.

Lo más importante, los niños siguen siendo una suerte de "gancho" para conseguir dinero.

Yadira Yépez llegó de Esmeraldas a inicios de 2019 con sus dos hijos. En el sector de la Plaza Argentina (norte de Quito) se acerca a los vehículos que se detienen en los semáforos.

"Los niños ayudan a sensibilizar a los conductores", dice, y reconocer con con niños, la cantidad de dinero que consigue es mayor.

Asegura que no acude a los centros infantiles estatales o municipales "porque no confía en las personas que los cuidan", prefiere llevarlos con ella, a pesar de los riesgos.

En las avenidas Amazonas y Mariana de Jesús, también al norte de Quito, está Juan (nombre protegido). Lleva en sus brazos a su hija de un año y tres meses.

En marzo de 2019 llegó desde Venezuela huyendo de la crisis de su país y con la esperanza de conseguir un empleo. Al no conseguirlo -dice- se vio obligado a pedir dinero en las calles.

Lleva consigo a su hija, pues no tiene donde dejarla.

Anabel Gómez pide dinero con su hija de nueves meses, también en Quito . Lo lleva en una canasta que encontró en la basura. No se separa de ella porque no tiene ninguna familia en la ciudad y no sabría donde dejarla.

Espera que cuando la pequeña crezca podrá dejarla en en algún centro público y buscar un trabajo estable con el que pueda mantenerla.

Es necesario un censo, dice el Ministerio de Inclusión

Silvana Haro, coordinadora de la Zona 9 Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), dice que esa dependencia ha conocido casos en los algunos niños han sido alquilados para que mendiguen, " eso se convierte en un delito de trata de personas", dice.

La funcionaria reconoce que hay un incremento de niños en las calles, pero estima que es necesario un censo para conocer el número de niños y familias que están en la calle, ya sea trabajando o mendigando.

También dice que las condiciones en las que los niños se encuentran en la calle impiden que desarrollen sus capacidades.

Para enfrentar este problema, el MIES firmó un acuerdo con la fundación ADRA y con el Municipio de Quito para brindar soporte psicosocial a las familias que viven en las calles.

El objetivo radica en que los niños ingresen al sistema escolar y que los padres encuentren nuevas formas de conseguir ingresos sin exponer a sus hijos a los peligros que hay en la calle.

Haro también dice que los niños que actualmente mendigan pueden se incluidos en los centros de desarrollo infantil que hay en Quito. No importa la nacionalidad de los pequeños, ni la condición migratoria de sus familias.

Allí pueden recibir cuidado, alimentación y desarrollo pedagógico con profesionales que se encargan de potenciar sus capacidades.

Verónica Benavidez, directora de Gestión Técnica del Patronato San José del Municipio de Quito, recuerda que en Quito hay 199 'Guagua centros', donde se acogen a niños en situación de pobreza o extrema pobreza.

Benavidez dice que estos centros son una oportunidad para las personas que no cuentan con recursos económicos para pagar una guardería o un centro educativo privado.

Mendigar con niños contempla penas de hasta 13 años

La sanción para las personas que mendiguen con niños varía entre 10 y 13 años, según establece el Código Integral Penal (COIP).

El artículo 108 dice que "la persona que facilite, colabore, promueva o se beneficie al someter a mendicidad a otra persona, será sancionada con pena privativa de libertad de 10 a 13 años".

Pero la pena puede incrementarse si se comprueba que existe trata de personas o explotación, es decir, "toda actividad de la que resulte un provecho material o económico, una ventaja inmaterial o cualquier otro beneficio, para sí o para un tercero, mediante el sometimiento de una persona o la imposición de condiciones de vida o de trabajo".

En ese caso, la sanción puede llegar hasta los 16 años.