El Decreto Ejecutivo No. 741 dispone un estado de excepción al sistema de rehabilitación social a escala nacional por 60 días. La medida se tomó luego de los últimos crímenes e incidentes al interior de las cárceles.
Los operativos de control a cargo de las Fuerzas Armadas (FF.AA) llegaron hasta los Centros de Rehabilitación Social de Santo Domingo, Latacunga, Quevedo, Riobamba y Machala.
En todos los casos, los controles se efectuaron en los exteriores de las cárceles con la finalidad de decomisar armas, municiones o explosivos.
En las requisas de los automóviles y a los visitantes que ingresan o salen de las cárceles, el Ejército cuenta con el apoyo de la Policía Nacional y el Servicio de Atención Integral para las Personas Privadas de Libertad.
En un comunicado el Ministerio de Defensa aclara "que el apoyo de las FF.AA. no tiene el propósito de solucionar el problema que se vive en el sector carcelario, sino que permite a las instituciones responsables diseñar las medidas necesarias que aporten a la solución".
Los últimos acontecimientos de violencia en las cárceles alertaron a las autoridades. El hecho más reciente ocurrió el domingo 12 de mayo: un interno fue atacado en el Centro de Rehabilitación de Turi, en Cuenca. Recibió 40 puñaladas.
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