Una antigua finca se convirtió en el asentamiento irregular más nuevo de Guayaquil. Ahora, esta zona es fuente de disputas políticas.
La legalización de sus terrenos es el constante pedido de las 30.000 familias que habitan en Monte Sinaí, el último gran asentamiento urbano irregular de Guayaquil.
Quién debería legalizar la situación en Monte Sinaí es motivo de disputa entre el Municipio de la ciudad y el Gobierno Central.
Había un convenio, que permitía un trabajo coordinado pero el Ministerio de Vivienda (Miduvi) no lo renovó.
Guido Macchiavelo, el titular de esa cartera de Estado, dice que el Gobierno está en capacidad de hacerlo por su cuenta y de manera eficiente. Su promesa es legalizar 500 propiedades por mes y, para finales de 2020, haber cumplido con 6.000.
Desde el Municipio, la alcaldesa Cynthia Viteri dice que la iniciativa gubernamental perjudica a las familias pobres: sin convenio las personas deben ir al Registro de la Propiedad en busca de un documento que certifique que no tienen bienes inmuebles y tienen que pagar una tasa. Antes, el convenio permitía cruce de información.
El sueño que nunca fue
Monte Sinaí es un cuento de nunca acabar en la larga historia de las invasiones en Guayaquil.
La construcción de la vía Perimetral, en la década de 1980, permitió urbanizar extensas tierras agrícolas. Unas de manera ordenada, otras como invasiones.
La arquitecta Patricia Sánchez es máster en Investigación Urbana, conoce muy bien el origen de Monte Sinaí, y conversó con PRIMICIAS.
Todo inicia en 1978, dice, cuando el italiano Otorino Goppion compró el predio Pozas de Equipas de 1.323 hectáreas.
Su sueño era construir una finca turística, de descanso. El paisaje era perfecto porque Monte Sinaí no es una superficie plana, sino una sucesión de pequeñas lomas que, para ese momento, estaban repletas de vegetación.
Hoy ese paisaje ya no existe. La tierra luce pelada y es de color café, propio de un suelo arcilloso.
Goppion murió en 1983 sin poder hacer realidad su sueño. Los predios quedaron abandonados así que la Pre-cooperativa agrícola Monte Sinahí tomó posesión para realizar cultivos.
A partir de allí se desató una serie de juicios por la propiedad de la tierra. En el año 2000 hubo un fallo a favor de los campesinos.
La llegada de los traficantes de tierras
La aspiración de los campesinos se vio truncada, explica Sánchez, porque “Balerio Estacio, Sergio Toral, Zenaida Castro, Egner Parrales y otros conocidos invasores de suelo en Guayaquil ingresaron a la zona al mando de 10.000 personas”. Era el año 2000.
Esos nombres ahora son los mismos que sirven para identificar los distintos sectores que componen Monte Sinaí.
El de más alto perfil es Balerio Estacio. Él fue concejal socialcristiano y asambleísta constituyente por Alianza PAIS.
Desde ese puesto, en 2007, Estacio impulsó la aprobación de la Ley 88: quería legalizar todos los asentamientos informales en los que tuvo participación.
El 28 de diciembre de 2010, el entonces presidente Rafael Correa intervino en el sector. La idea era proteger el plan hidráulico Daule-Peripa y detener el avance de las invasiones.
Entonces nació el Proyecto Nacional de Desarrollo Urbano (PNDU). Su objetivo era construir planes habitaciones financiados con un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), por USD 75 millones.
“La implantación del PNDU, con una racionalidad tecnocrática nacida desde arriba, se impuso en el territorio violentamente con desalojos”, recuerda Sánchez.
Por eso, asegura la especialista, surge la demanda de la legalización de los asentamientos informales.
La comisión de Gobiernos Autónomos de la Asamblea sesionó en Guayaquil el pasado 17 de enero para abordar la problemática de Monte Sinaí. PRIMICIAS
En 2013, la Asamblea reformó la ley 088 para quitar al Municipio la competencia de la entrega de las escrituras sobre terrenos del Estado.
Una nueva reforma a la misma ley se hizo en 2017 para beneficiar a la población informal que llegó entre 2010 y 2017.
¿El resultado? “El PNDU termina renunciando a un objetivo de planificación integral, por el de la legalización”, lamenta Sánchez.
Monte Sinaí como botín político
La competencia por la legalización del suelo en Monte Sinaí tiene, además, un trasfondo político.
Sánchez, máster en Investigación Urbana, asegura que el conflicto surgido en 2010 entre el exalcalde de la ciudad, Jaime Nebot, y el expresidente Rafael Correa, "se reedita en cada periodo electoral, por el fuerte componente clientelar”.
Ella explica el círculo vicioso de las invasiones: “al convertirse la legalización en una política reiterada, los pobladores encontraran en la ocupación ilegal la vía para tener un terreno formal”.
Los traficantes venden lotes bajo promesa de legalización y “los políticos intercambian votos por políticas de muy bajo costo de aplicación”.
El analista político y exalcalde de Guayaquil, Francisco Huerta, coincide con esta visión. “Los partidos miran a la población como su botín electoral”, dice.
Actualmente, Monte Sinaí tiene 9.325 hectáreas. Allí se distribuyen casi 39 cooperativas en las que habitan, en condiciones de pobreza extrema, 133.000 personas.
Todos ellos están empadronados en la circunscripción electoral 2, que elige cinco legisladores. De ahí que sea un importante centro de acción política.
Aunque Huerta cree que no todos los habitantes de Monte Sinaí sufragan allí. La mayoría de la población, dice, proviene de cantones de Guayas y de otras provincias, especialmente, de Manabí y de la Sierra Central.
“No es tan grande el botín, pero el hecho de que se trate de mil votos atrae”, explica. Y quien legaliza, que es la meta ansiada, se lleva el favor político.
Problemas sin solución
En la zona hay problemas de todo tipo. El asambleísta Julio César Quiñónez fue gobernador del Guayas y secretario de Asentamientos Irregulares durante el gobierno de Correa.
“Traficantes tenían escuelas particulares que cobraban cinco dólares mensuales. Era un 'paraestado', había plumas de control en los ingresos, incluso cárceles”, narra Quiñónez, quien ahora es asambleísta de Guayas.
El nuevo capítulo de esta historia se escribió este sábado cuando el gobernador del Guayas, Pedro Pablo Duart, lideró la primera legalización masiva en el período de Lenín Moreno.
El funcionario, que está construyendo un alto perfil político en la provincia, supervisa personalmente los trabajos del Ministerio de Vivienda.
Pero, casi a la misma hora, la alcaldesa Cynthia Viteri, lideraba su propio evento de entrega de títulos de propiedad. Reunió a un grupo de moradores de Monte Sinaí y les entregó los documentos en los bajos del Municipio.
La Asamblea Nacional también va a intervenir. La Comisión de Gobiernos Autónomos convocó al ministro de Vivienda para que explique el cronograma de legalizaciones en Monte Sinaí.
La legalización es la promesa del político porque aleja el fantasma del desalojo. Pero también porque abre la puerta a la posibilidad de que la población acceda a créditos de vivienda.
Luego, vendrán además los servicios básicos: agua, luz, seguridad, alcantarillado, áreas verdes. Obras, que por la orografía de Monte Sinaí, serán costosas.
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