La entidad recauda alrededor de USD 8 millones anuales por este impuesto que está dirigido al combate de la inseguridad en la capital.
Con 17 votos a favor y cuatro en contra, el Concejo Metropolitano de Quito aprobó, el martes 14 de diciembre de 2021, la Ordenanza reformatoria a la tasa de seguridad que se cobra en la ciudad desde 2003.
El presidente de la Comisión de Seguridad, Bernardo Abad, explicó que “en 2022 la tasa de seguridad se seguirá cobrando anualmente en el impuesto predial, como se lo venía haciendo”.
Lo que cambia, dijo, es que el cálculo se realizará en función del salario básico y será un porcentaje del mismo. Hasta 2021 se calculaba como un porcentaje del rubro pagado por concepto de impuesto predial.
“Quienes más pagan por el impuesto predial pagarán hasta el 6,37% del salario básico por tasa de seguridad y quienes menos cancelan por su predio tendrán una tasa de seguridad equivalente al 0,5% del salario básico”, agregó.
Aunque aclaró que en el primer año de vigencia de este nuevo sistema, es decir 2022, el cálculo considerará el salario básico de 2021, es decir USD 400 y no los USD 425 del salario básico de 2022.
Según el concejal, los USD 8 millones anuales que recauda el Municipio de Quito por este impuesto serán administrados por la Empresa Pública de Seguridad y dirigidos a:
- Dotación de armas no letales para los policías metropolitanos.
- Apoyo logístico para trabajo conjunto con la Policía Nacional.
- Gestión de riesgos.
- Insumos necesarios para los vehículos y motos de la Policía Metropolitana.
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