La Contraloría apunta a los guardaalmacenes y jefes de bodega como los principales culpables de las pérdidas ocurridas entre 2013 y 2018 en el hospital del Instituto de Seguridad Social (IESS), Carlos Andrade Marín, de Quito.
La Contraloría General del Estado reveló que pacientes del Hospital Carlos Andrade Marín (HCAM) no pudieron recibir sus medicinas a pesar de que entre 2013 y 2018 miles de unidades de medicamentos e insumos caducaron almacenados en las bodegas del referido hospital.
Según un informe de Contraloría, 87.487 medicamentos y 100.079 insumos y dispositivos médicos caducaron en las bodegas de la casa de salud entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2018.
Las medicinas están valoradas en USD 411.530, mientras que los insumos y dispositivos alcanzan un costo de USD 4.326.787, según la entidad. Un pérdida de casi USD 4,73 millones.
Esta pérdida también provocó que no exista disponibilidad de medicamentos antihipertensivos, antibióticos y gastrointestinales para cirugías oculares, neurológicas y traumatológicas.
La Contraloría también informó que los funcionarios del HCAM no realizaron constataciones físicas y tampoco gestionaron la reposición de 25.843 unidades de medicamentos que faltaban.
Tampoco verificaron que no existían 27.840 unidades de insumos y dispositivos médicos, con un costo de USD 899.219.
Quienes perdieron por esta falta de medicinas fueron los pacientes que necesitan tratamientos antivirales, oncológicos, de trombosis y parkinson.
Pero estas irregularidades no son las únicas. Los funcionarios del HCAM tampoco realizaron el canje de medicamentos para impedir que se caduquen.
Ante esta inobservancia, 354.725 unidades de medicamentos, valorados en USD 336 212, no fueron utilizadas para pacientes con síndrome coronario agudo, prevención de trombosis y trasplante de órganos.
Además, la Contraloría señala que algunos medicamentos están guardados en las bodegas, debido a la excesiva compra, lo que ha hecho que no se utilice hasta en un 95% del stock.
Los responsables
La Contraloría señala que los guardaalmacenes y los jefes de bodega son los principales responsables al no haber informado sobre el estado de los medicamentos, insumos y dispositivos.
La entidad asegura que estos funcionarios debieron informar al gerente general de la entidad 90 días antes que caduquen los medicamentos, como lo establece la Ley Orgánica de la Salud.
Esto permitía que las empresas proveedoras reciban la notificación para que realicen el canje.
La Contraloría también dijo que los 360 funcionarios implicados a escala nacional tienen cinco días para presentar informes de descargo antes de que se inicien acciones legales.
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