En Ecuador hay 809.530 personas obligadas a pagar mensualmente una pensión económica a niños y adolescentes. 673 de ellos son sus abuelos, hermanos y tíos.
En 2019, la madre de Juan M. fue despedida de la empresa en la que trabajaba como auxiliar en el Departamento de Contabilidad.
Al no encontrar trabajo, y por la desesperación de no contar con otros ingresos económicos, migró a España. Su hijo quedó bajo el cuidado de su hermana, pues el papá del niño falleció en un accidente de tránsito en 2018.
"Durante los primeros meses en los que mi hermana estuvo en España nos enviaba dinero, pero de un momento a otro desapareció y nunca más supimos de ella", dice Andrea, tía de Juan, quien prefiere la reserva de su identidad.
Al no tener el suficiente dinero para satisfacer las necesidades del niño, Andrea decidió demandar al único abuelo de Juan que aún sigue vivo para que sea el responsable del pago de la pensión alimenticia.
En 2020, un juez le dio la razón y, desde entonces, recibe USD 250 mensuales que "me ayudan, sobre todo, para la alimentación y estudios de mi sobrino", dice.
Según datos oficiales del Consejo de la Judicatura, hasta noviembre de 2021 hay 809.530 personas que tienen la obligación de pagar pensiones alimenticias a 810.176 niños y adolescentes. El Código de la Niñez y Adolescencia establece que los padres son quienes deben cumplir con esta responsabilidad.
Sin embargo, hay 673 casos que 'rompen' esta norma general. Se trata de abuelos, hermanos y tíos de los niños y adolescentes que debieron asumir el pago de esta pensión económica.
La abogada en temas familiares, Sonia Merlyn, explica que a estas personas se las conoce como obligados subsidiarios.
"El Código de la Niñez y Adolescencia estipula que, cuando los padres no tengan suficientes recursos económicos o cuando se hayan ausentado temporal o definitivamente, los abuelos, hermanos que hayan cumplido 21 años y tíos, en ese orden, deben asumir la responsabilidad de pagar la pensión alimenticia", explica.
Los hermanos que demuestren que estén estudiando o que tengan alguna discapacidad están exentos de esta responsabilidad.
Para calcular el monto de la pensión, Merlyn dice que, por ejemplo, "si el niño tiene los cuatro abuelos, la pensión y el monto a pagar se calcula de acuerdo con los ingresos de cada uno. Lo mismo ocurre con todos sus tíos y con sus hermanos".
Aunque señala que, en caso de que los obligados subsidiarios se atrasen en el pago de la pensión, el Código Orgánico General de Procesos establece que no pueden ser encarcelados como sí ocurre cuando los padres no cumplen con su deber.
Cuatro de cada 1o niños no recibe la pensión a tiempo
De acuerdo con los datos del Consejo de la Judicatura, en promedio, durante los primeros 11 meses de 2021, cuatro de cada 10 niños no recibieron la pensión alimenticia a tiempo.
Cada mes, el Sistema Único de Pensiones Alimenticias (SUPA) debe registrar, al menos, 809.530 transacciones, pues es el número de personas obligadas a pagar una pensión. Aunque un mismo padre o alimentante puede cubrir las necesidades de varios de sus hijos.
Sin embargo, la Judicatura dice que, por ejemplo, que en febrero apenas hubo 471.036 transacciones, siendo el mes con el número más bajo de pagos. Mientras que en septiembre se registraron 570.091, lo que lo convierte en el mes con la cifra más alta.
A pesar de estos números, en 2021 monto pagado por pensiones alimenticias fue mayor que el resgistrado en 2019 y 2020.
Hasta noviembre de este año, el SUPA registra USD 592,6 millones. En 2020, la suma fue de USD 522 de 2021 y en 2019, de USD 578,1 millones.
"No hay un sistema especializado"
El experto en temas judiciales relacionados con niños y adolescentes, Roberto Veloz, es categórico al decir que Ecuador no cuenta con jueces especializados en esta área.
"En 2017, el Comité de los Derechos de los Niños de la ONU llamó la atención a Ecuador sobre la falta de una justicia especializada y, desde entonces, no se ha hecho casi nada".
Roberto Veloz
Aunque reconoce que sí hay jueces que se han capacitado en esta área del derecho, dice que no es suficiente, "pues los derechos de los niños y adolescentes son de los más importantes que hay que proteger".
Veloz recuerda que en Ecuador los niños y adolescentes mayores de 12 años "son titulares de derechos, lo que les permite tomar acciones propias para que se cumplan".
En el caso de las pensiones alimenticias, explica que el Código de la Niñez y Adolescencia permite que un adolescente de 15 años puede imponer una demanda para que sus padres paguen una mensualidad si es que no han cumplido con sus obligaciones y sus derechos han sido vulnerados.
En el caso de que el adolescente no tenga los recursos económicos para contratar un abogado, Veloz dice que la Defensoría Pública debe asignarle uno.
"Lo importante es que prevalezca el interés superior del niño o adolescente y que cuente con los medios para su subsistencia para que tenga una vida digna", finaliza.
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