759.975 padres de familia están obligados a pagar mensualmente una pensión económica para cubrir las necesidades básicas de sus hijos.
A la emergencia sanitaria que vive el país a causa de Covid-19 se suma otro problema: la disminución en el pago de las pensiones alimenticias que reciben 962.011 niños en Ecuador.
El Sistema Único de Pensiones Alimenticias (SUPA) registra una reducción de USD 55 millones entre marzo y julio de 2020, con relación al mismo período de 2019.
En esos cinco meses de 2019, el SUPA recaudó USD 265 millones, pero en 2020 fueron USD 210 millones.
Los datos del SUPA, plataforma administrada por el Consejo de la Judicatura, muestran que abril fue el mes que evidenció la mayor caída: en 2019 se recaudaron USD 60,2 millones y en 2020 fueron 37,2 millones. Es decir, un 37,2% menos.
Durante este mes también se registró la reducción más alta en el número de transacciones. Mientras que en abril de 2019 hubo 614.051, en 2020 se reportaron 318.835: una disminución del 48,1%.
El Consejo de la Judicatura atribuye esta disminución a “la desvinculación de empleados de empresas privadas y de instituciones públicas, así como a la reducción de salarios”.
Juan, por ejemplo, fue cesado de su empleo en mayo de 2020. Desde ese momento- dice- “ha sido muy difícil pagar la pensión alimenticia de mi hijo”.
Agrega que ha tenido que vender bienes personales para que su hijo reciba el dinero. “No es que no quiera pagar la pensión, el problema es que no tengo dinero”.
Una situación similar es la que vive David. Su salario se vio reducido en un 25% y, por eso, asegura que “es imposible cumplir con el valor completo de la pensión”.
Él dice que buscará que un juez acepte una disminución en la pensión alimenticia, al menos, hasta que su salario vuelva a ser el mismo que percibía antes de la crisis.
Hambre para miles de niños
La presidenta del Consejo de Protección de Derechos, Sybel Martínez, dice que la reducción en el monto pagado por pensiones alimenticias “se traduce en hambre para miles de niños que dependen de ese dinero para satisfacer sus necesidades”.
Martínez asegura que la reducción salarial que han sufrido algunos deudores, sobre todo quienes ganaban el salario básico, “ha ocasionado que los niños reciban USD 56 de pensión alimenticia, que sirven para cubrir apenas el 7,8% de la canasta básica”.
La activista cree que los padres deben cumplir con el pago de las pensiones porque la Constitución garantiza el interés superior de los niños, pues sus necesidades no se pueden postergar.
El Consejo de la Judicatura dice que el sistema SUPA, aún en los meses de pandemia, ha calculado los intereses correspondientes a los retrasos, con lo que su busca garantizar que los niños reciban sus pensiones.
La entidad agrega que si los padres de un niño buscan llegar a un convenio de pago deben solicitar una audiencia con un juez de familia.
El ministro de Inclusión Económica y Social, Iván Granda, ha señalado que el Consejo de la Judicatura debe crear un mecanismo para que los padres puedan pagar una parte de la pensión, debido a que muchas personas han dejado de percibir ingresos económicos durante la emergencia sanitaria.
El SUPA no permite que un alimentante pague un porcentaje de la pensión, únicamente autoriza que pague la totalidad.
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