Sancionar la indisciplina, un dolor de cabeza para algunos profesores

Sociedad

Autor:

Xavier Letamendi

Actualizada:

8 Feb 2020 - 0:03

La profesora Blanca Sarmiento tiene más de 20 años de experiencia como profesora en colegios de Guayaquil. - Foto: Primicias.

Sancionar la indisciplina, un dolor de cabeza para algunos profesores

Autor:

Xavier Letamendi

Actualizada:

8 Feb 2020 - 11:49

Maestros y directivos se quejan de la “judicialización” de los procesos administrativos y señalan el rol de los padres de familia. Las normas, sin embargo, buscan evitar excesos del pasado y garantizar el bienestar de los estudiantes.

¿Cómo se sanciona la indisciplina en los planteles educativos ecuatorianos? Abelardo García, rector del colegio Abdón Calderón, de Guayaquil, dice que eso es cada vez más difícil.

“Desgraciadamente se judicializó el problema disciplinario. La indisciplina no es un delito, es un problema a corregir, no puede dársele tratamiento de juicio”, se queja.

El educador explica que, ahora, para imponer una sanción a un alumno debe haber “pruebas, testigos, declaraciones, el niño debe ser notificado en presencia del padre”.

García asegura que incluso hay asuntos que se manejan con la intervención de abogados. Eso, agrega, tiene como consecuencia que el profesor prefiera evitar el castigo.

“Si el profesor cree que va a ser agredido por el padre o recibir una sanción del distrito, prefiere quedarse callado. Y eso resulta muy peligroso”.

Abelardo García

La mirada del docente

No es la primera vez que García habla del tema. Y no es difícil encontrar testimonios de maestros que también advierten un deterioro en la relación maestro, alumno y padres de familia.

Eddy Zavala, por ejemplo, es profesor en una institución pública de Guayaquil. “Las leyes son excesivamente garantistas en favor de los estudiantes y los padres de familia”, dice. Y añade que la mayoría de procesos termina en el distrito de educación, lo que vuelve imposible la sanción.

Pero Mónica Franco, quien fue subsecretaria y viceministra de Educación, aclara que así debe ser la ley: garantista.

El objetivo, señala, es evitar situaciones como la de la adolescente Paola Guzmán, quien fue violada por el vicerrector de su colegio, quedó embarazada y, posteriormente, se suicidó. El caso, ocurrido en 2000, ahora se ventila en la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

La académica dice que antes se producían negaciones de matrícula sin justificación. Por eso, se instauró un procedimiento a seguir con pruebas de cargo y descargo. Además, dice cada plantel tiene un código de convivencia, que se socializa y todos los actores de la educación se comprometen a cumplirlo.

Falta autoridad

Mónica Franco y Abelardo García coinciden en que existe un elemento adicional en esta polémica: la pérdida de la figura de autoridad del maestro.

“Ahora, el conocimiento está al alcance de una tecla, por lo tanto quien imparte el conocimiento es desvalorizado”.

Mónica Franco

La profesora y máster en educación, Blanca Sarmiento, dice que ha tenido que enfrentar quejas en el distrito e incluso denuncias penales en la Fiscalía por sancionar a un alumno o colocar bajas calificaciones.

A pesar de eso, ella cree que la ley está bien y que el estudiante necesita protección. Apunta, sin embargo, a los padres de familia que buscan torcer la norma, para beneficiarse.

Ella pide apoyo institucional cuando se presenten estos casos, a nivel de distrito.

Abelardo García también habla del rol del padre de familia. “Hay un miedo a no ser querido por el hijo si se le corrige. Si soy autoridad me alejaré de mi hijo”.

Eso, dice, ocasiona problemas de indisciplina. Sarmiento cree que este tipo de problemas estalla en episodios como la prueba Ser Bachiller cuando se presentan padres de familia que piden su eliminación porque su hijo obtuvo una nota baja.

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