Las compañías de vigilancia requieren importar al menos 20.000 nuevas armas. Las firmas tienen más de 15 años sin poder renovar y repotenciar su armamento. Además reportan el alto costo de los proyectiles
El costo de las municiones es de USD 3 por cada proyectil, debido a los aranceles y la escasez. Los guardias privados de las empresas de seguridad pasaron de disparar sus armas en prácticas de tiro a entrenamientos basados en la simulación de escenarios.
Las compañías de vigilancia tienen más de 15 años imposibilitados de renovar armamento y atraviesan dificultades para obtener municiones.
Es más, requieren importar al menos 20.000 armas a escala nacional, según la Asociación Nacional de Empresas de Seguridad Integral (Anesi).
Con la autorización del porte de armas de uso civil para defensa personal, el Gobierno Nacional le concede nuevas atribuciones a las empresas de seguridad.
El decreto ejecutivo 707, firmado por el presidente Guillermo Lasso, le encarga a la empresa privada la responsabilidad de vigilar los alrededores de los recintos sobre los que ejercen guardianía
El decreto prevé sanciones de leves a muy graves. Y multas que van desde uno a seis salarios básicos unificados (USD 2.700), hasta la cancelación de permisos de funcionamiento.
“Con los guardias de seguridad estamos repotenciando la capacidad de acción frente al hampa y la delincuencia”.
Guillermo Lasso, presidente de la República
Cautela ante atribuciones
Rodrigo Peralta, presidente de Anesi, es cauteloso frente a las nuevas atribuciones del decreto presidencial, ya que considera que podrían existir extralimitaciones, que están fuera de la potestad de las empresas de seguridad.
“Nuestra actividad se especifica en la Ley de Vigilancia y Seguridad Privada, en concordancia a la Constitución. Y, de acuerdo a eso, las acciones de los guardias serán juzgadas, no por lo que establece un decreto ejecutivo”, indicó Peralta.
“Ni a nuestros clientes les interesa que controlemos la seguridad pública, ni nosotros podemos cumplir un rol de la Policía”.
Rodrigo Peralta, presidente de Anesi.
Además dice que vigilar los “alrededores” de los recintos en los que prestan seguridad queda abierto a la interpretación y a la subjetividad.
“Hacemos prevención y disuasión del delito, no tenemos la autoridad para la represión. A eso llegamos en última instancia en legítima defensa o cumpliendo con la ley”, añadió.
Diego Ordoñez, secretario nacional de Seguridad Pública, sostiene que la guardianía se convierte con el decreto en una fuerza auxiliar y de apoyo a la Policía.
“Se establece que el guardia de seguridad sí podrá usar su arma en el perímetro de su trabajo, fuera de un banco o de un establecimiento comercial”, dijo.
Empresas con armas obsoletas
La seguridad privada tiene 40.000 armas registradas en el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, según datos de la Anesi, que representa a 95 empresas de vigilancia de las 400 operativas en Ecuador.
Pero unas 10.000 unidades de ese armamento están en sus últimos años de vida útil u obsoletas, dice Peralta.
Mientras que 120.000 guardias están acreditados en el Ministerio del Interior. Pero solo la mitad están afiliados al Seguro Social, por lo que el gremio pide una recarnetización.
El Gobierno redujo, a inicios de este año, los impuestos para importar armas para que las empresas de seguridad y del sector productivo pudieran renovar sus equipos.
De hecho, se redujo el tributo a Consumos Especiales del 300% al 30%.
Imagen referencial de un guardia de seguridad privada con una de sus armas de dotación. WSO Security
Pero las empresas de seguridad tienen casi tres meses intentando importar armamento con las nuevas condiciones, sin conseguirlo.
“En el Comando Conjunto nos dicen que no podemos hacer la importación por cuanto está vigente aún el el acuerdo ministerial 619 del 6 de junio de 2006”, agrega el presidente de Anesi.
El artículo 1 del acuerdo dispone "suspender temporalmente la concesión de autorizaciones para importación de armas y municiones para instituciones involucradas en la materia".
También tienen observaciones a la excesiva burocracia y centralización. Los permisos de incremento de armas y de importación se tramitan en Quito, mientras que la renovación de permiso para un arma ya existente toma mínimo dos meses.
En Anesi proponen “ser los ojos y oídos” de la Policía en lugares en los que no existe patrullaje oficial permanente. Además, estiman que las primeras adquisiciones para renovar su armamento se podrán realizar en unos ocho meses.
Municiones de alto costo
Las cajas de calibre nueve milímetros con municiones para las empresas de seguridad tienen un valor promedio de USD 150. Cada caja cuenta con 50 proyectiles, por lo que el costo por bala es de USD 3.
Joseph Cano, gerente de Proadma Security, empresa que cuenta con 1.200 guardias, se muestra abierto a colaborar con la seguridad ciudadana, pero apunta también a las limitaciones del sector.
El gerente indicó que el alto costo de las balas limita las prácticas de tiro de los guardias. “El entrenamiento de los vigilantes se realiza hoy en escenarios virtuales, donde nunca llegan a disparar”, agrega Cano.
Imagen referencial de un arma de fuego. Pixlr
Jorge Villacreces, presidente de la Cámara de Empresas de Seguridad Privada (Casep), también se mostró cauto.
Y dijo que, hasta ahora, un guardia de seguridad no puede caminar por la calle con un arma de dotación porque puede incurrir en tenencia ilegal.
“No sabemos hasta dónde podemos llegar, no hay ley que nos ampare, se necesita mayor socialización”, aseguró Villacreces.
Guardias rechazan medida
La Federación Nacional de Trabajadores de la Seguridad Privada del Ecuador (Fenaspe) rechazó el porte y tenencia de armas para civiles.
Es más, la entidad llamó a generar política pública que permita resolver el origen real del conflicto: desigualdad y falta de oportunidades.
Rubén Salvador, presidente de Fenaspe, sostuvo que los guardias carecen de la experticia y capacitación para enfrentar directamente a la delincuencia.
Además insistió en la ausencia de una normativa legal que los ampare. “Se puede colaborar, pero no podemos salir a disparar a la calle”, indicó.
“La seguridad privada es preventiva y disuasiva, lo represivo es competencia de la Policía".
Rubén Salvador, presidente de Fenaspe.
Los trabajadores del sector también denuncian una precarización laboral. La reforma del sistema de subasta inversa a catálogo electrónico de contratación permite desde marzo de 2023 que las compañías cobren al Estado USD 3.300 por 24 horas de seguridad privada.
Fenaspe impulsó el cambio, pero siguen registrando pagos de USD 500 o menos. El salario mínimo para un guardia debe ser de USD 650 a USD 700, señalan.
🔴🔴🔴#Atencion
— FENASPE (@FENASPE1) April 3, 2023
Los trabajadores esenciales de la #SeguridadPrivada, los #Guardias del país se pronuncian🗣️#NoAlPorteDeArmas
🔫❌☠️ pic.twitter.com/bLZu86JfgF
El asambleísta Ricardo Vanegas aseguró que las reformas a la Ley de Seguridad Privada se aprobaron el 3 de enero de 2023 con el apoyo de 121 asambleístas.
Él cree que la medida dispuesta por el Gobierno vía decreto es acertada.
Pero aduce que los guardias no pueden seguir formándose en cursos de 40 a 120 horas, sin práctica adecuada en manejo de armas.
“No pueden ser formados en centros de capacitación privados. Deben formarse en escuelas de la Policía para que puedan ser un verdadero aporte en la lucha contra la delincuencia”, indicó.
Vanegas también apuntó que se deben mejorar sueldos de los guardias del sector privado, acorde a la nueva tarifa que fija el Ministerio del Interior para el sector público.
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