La medida adoptada por la Junta Cantonal de Protección Integral de Derechos estará vigente durante la emergencia sanitaria para familias con niños y ancianos.
A la Defensoría del Pueblo en Guayas llegaron denuncias de inquilinos que enfrentaban amenazas de desalojos, son personas que por la cuarentena se habían quedado sin ingresos y no podían pagar el alquiler de sus viviendas.
Todos los afectados eran ciudadanos extranjeros.
“Empezamos a recibir casos a finales de marzo. Buscamos la conciliación. No pueden haber desalojos sin orden judicial”, dice Mirelli Icaza, delegada de la Defensoría del Pueblo en Guayas.
La funcionaria reconoce que “las relaciones entre inquilinos y arrendadores son complicadas. Se pueden producir abusos en ambos lados”.
Sin embargo, la Defensoría encontró que entre las familias afectadas había menores de edad.
Por esa razón los expedientes fueron remitidos a la Junta Cantonal de Protección Integral de Derechos de Guayaquil. Este organismo expidió una resolución que prohíbe los desalojos en la ciudad siempre que entre los inquilinos haya población vulnerable, como niños y ancianos.
“Se prohíbe a las y los arrendadores del cantón Guayaquil realizar el desalojo de familias que no puedan cancelar el rubro de los arrendamientos en las que habitan niñas, niños y adolescentes ya que esto incrementaría la posibilidad de contagios”, señala la resolución.
Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) al 2014 en Ecuador existían 4,3 millones de viviendas. De ese universo, el 19% estaba bajo la modalidad de arriendo.
El Observatorio Ciudadano de Servicios Públicos calcula que en las zonas de menor renta de Guayaquil el 30% de las personas vive en un inmueble alquilado.
Sin juez no hay desalojo
Vicente Torres, secretario ejecutivo de la Junta Cantonal, asegura que la resolución del organismo “tiene tanta efectividad como el fallo de la Corte Constitucional de prohibir al Gobierno el recorte del presupuesto para la educación superior”.
Añade que cualquier arrendador que se niegue a cumplir la disposición podrá enfrentar un proceso penal por incumplimiento de orden de autoridad competente.
La prohibición de desalojos en Guayaquil regirá durante la emergencia sanitaria que vive el país por la pandemia de Covid-19.
¿Se contrapone la disposición de la Junta a la Ley de Inquilinato? Esta última norma establece como causal de finalización del contrato de arrendamiento el atraso en el pago de dos mensualidades.
Torres aclara que “no se desconoce el derecho de los arrendadores de iniciar procesos judiciales por el incumplimiento de los cánones. Lo que se hace es poner por encima de todo el interés de los niños”.
Cuando se incurre en una causal para finalizar el contrato, el interesado debe acudir a un juez para iniciar el proceso antes de hacer efectivo el desalojo.
La abogada Priscila Carbo señala que iniciar ese proceso ahora resulta imposible. Los juzgados civiles que atienden los asuntos de inquilinato están cerrados desde marzo.
“El desalojo es un proceso judicial donde el dueño del inmueble debe demandar a su inquilino y esto no es de un mes o dos meses”, explica. Un juicio de esta índole puede durar entre ocho meses y dos años.
La recomendación de las autoridades es la conciliación. Desde hace dos semanas funcionan los centros de mediación de la Función Judicial. Carbo recomienda estas instancias para solucionar problemas de inquilinato.
Es lo mismo que opina Icaza, de la Defensoría del Pueblo. La recomendación es el “acuerdo entre las partes”.
Pero hay un límite: no puede haber desalojos porque la resolución de la Junta de Guayaquil ya fue comunicada a todas las entidades públicas, incluida la Policía Nacional que lleva a cabo estas acciones.
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