El rector interventor Roberto Passailaigue hizo un recuento de los problemas que aquejan al centro de estudios superiores en una comparecencia ante la Comisión de Educación de la Asamblea.
El rector y presidente de la comisión interventora de la Universidad de Guayaquil, Roberto Passailaigue, resumió algunos de los conflictos que sufre este centro de estudios.
El funcionario compareció ante la Comisión de Educación de la Asamblea, que sesionó en el puerto principal. Uno de los principales problemas son los títulos represados.
“Estamos reconstruyendo actas porque se han robado los archivos”, respondió, entre otras cosas, el rector. Eso ocasiona, por ejemplo, que en la Facultad de Derecho haya estudiantes que no puedan graduarse por falta de documentación.
Hace un año, cuando empezó la intervención de la Universidad de Guayaquil, había 800 títulos represados por esta causa. Para solucionar el inconveniente, las autoridades acuden a los profesores, pero se han encontrado con casos de maestros que están fuera del país o incluso murieron.
“Ahí vamos al sistema informático y, si ahí no encontramos nada, habrá que tomar un examen complexivo”, expresó el funcionario.
Actualmente, hay 274 títulos represados, de los que 174 se otorgarán la próxima semana.
Rejas para los servicios higiénicos
Durante la comparecencia, los legisladores habían hecho una serie de preguntas al interventor: desde la cantidad de baterías sanitarias en la universidad hasta el pago de las pensiones jubilaciones al personal.
La Universidad de Guayaquil tiene 74.000 estudiantes y 5.000 trabajadores, entre funcionarios y docentes. Ellos se distribuyen en 17 facultades.
Para esa población hay 866 inodoros, de los cuales el 25% está dañado. Hay 760 lavabos, pero solo sirven 572.
“Hay robo interno, las personas se llevan las llaves. O el personal de limpieza cierra los baños para que no se ensucien”,
Roberto Passailaigue
Por eso, el rector anunció que se instalarán rejas en los servicios higiénicos para evitar los robos. El centro de educación superior tiene un déficit del 12% de baterías sanitarias.
La seguridad es otro problema. En los estacionamientos de la universidad se registran tres o cuatro robos al mes. Aunque tiene 60 cámaras de vigilancia solo operan 14.
El problema de los jubilados
La falta de archivos también afecta el pago de jubilaciones porque la Universidad de Guayaquil no se cuenta con la documentación necesaria para reconocer derechos. No hay historia laboral, lamentó Passailaigue.
Eso se suma a un largo historial de problemas. Un reglamento interno, de 1990, creó una jubilación complementaria, que obliga al centro de estudios pagar un diferencial entre la jubilación patronal y la última remuneración.
Era un pago creado para aquellos profesores que cumplieron 25 años de trabajo continuo. Sin embargo, un fallo de la Corte Constitucional amplió el beneficio para el personal administrativo del centro de estudios.
La Corte tomó esa decisión, a pesar de que la Ley de Educación Superior ordenó que se reconozca ese derecho solo hasta 2014. “Somos la única universidad del país que hace este pago”, dijo Xavier Sandoval, asesor jurídico de la entidad.
Para 2020, la universidad tenía planificado el pago de dos millones de dólares por este concepto, pero con el fallo legal, esa cifra llega a los siete millones.
“Estamos haciendo las gestiones con el Ministerio de Finanzas”, aseguró Passailaigue. Sandoval incluso advirtió sobre el riesgo de quebrar si se siguen ampliando derechos con base en nuevos cálculos.
El rector indicó que los problema son tan antiguos que resolverlos en un año resulta imposible.
Ahora una subcomisión de la mesa legislativa de Educación elaborará un borrador de resolución que será puesto a consideración de la Comisión.
Sociedad
Socio Vivienda: el plan habitacional que se convirtió en el barrio más violento de Guayaquil
Hoy es uno de los ejemplos más crueles de la fallida acción de un Estado que construyó casas pero se olvidó de darle la mano a sus habitantes.
Sociedad
Investigaciones penales por corrupción en el sector salud no caminan
La Contraloría ha detallado varias irregularidades en los servicios públicos de salud. Sin embargo, los casos no avanzan en la vía penal.
Lo más leído