Hiperpresidencialismo: ¿un laberinto creado para el autoritarismo?

El respaldo al presidente Noboa sigue siendo mayoritario, pero ahora luce vulnerable. Con un 54% de aprobación y casi un 40% de rechazo, según las estimaciones de agosto de Comunicaliza, el presidente ecuatoriano necesitaría de un desencadenante de popularidad para enfrentar su consulta popular. Con el 56% de acuerdo con someter a los jueces al control político, el 53% que apoyaría la reinstalación de bases extranjeras o el 42% que aceptaría la disminución del número de legisladores, la victoria en la consulta popular no estaría asegurada.

El riesgo del presidente Noboa no consiste solamente en resultar en autoritarismo, sino en hacerlo sin las ventajas que blindaron a Correa en sus inicios. Tómese en cuenta que estos son los efectos estructurantes de una constitución política diseñada y expedida para fortalecer el hiperpresidencialismo. Entonces si el presidente Noboa imita muy fielmente los modelos de Bukele, Fujimori, Duterte o incluso de Correa, sin las mismas salvaguardas institucionales, la amenaza del desgaste se incrementaría. Si el partido del presidente es una aglomeración débil sin estructura, referentes partidarios ni ideas articuladoras, las movilizaciones del presidente parecen esfuerzos logísticos sostenidos por el aparato funcionarial que circunstancialmente dirige desde el gobierno, y no por una organización política con sólidos cimientos en una estructura nacional.

Hay cuatro indicativos sugerentes sobre la debilidad de estos esfuerzos: no es una innovación del nuevo Ecuador que el presidente emerja como liderazgo personalista aglutinante; tampoco es transformador que el mandatario encabece una marcha que confronte y recuse los equilibrios institucionales en un estado democrático; la política ecuatoriana está atrapada desde hace décadas en la matriz circular de hiperpresidencialismo constitucional; y, que la política ignore activamente las causas estructurales que produjeron las multitudinarias protestas indígenas, especialmente las de 2019 y de 2022, que acorralaron a los gobiernos de Lenín Moreno y de Guillermo Lasso indica una específica forma de interpretar la política al margen de la política.

El principal vicio constitucional del Ecuador es combinar perversamente un modelo de justicia constitucional con capacidades de legislación negativa y un hiperpresidencialismo que se ejerce como intérprete auténtico de la voluntad popular. En esta destructiva confrontación, que se registra desde el casi centenario debate entre Carl Schmitt, que defiende la tesis del presidente como “protector” plebiscitario de la Constitución, y Hans Kelsen, que defiende la tesis del Tribunal Constitucional como órgano garantista del orden normativo-institucional, se explica por qué la Constitución de 2008 le confiere al presidente poderes de guardián plebiscitario, pero al mismo tiempo instituye una Corte Constitucional con potestad de control del poder. El resultado es un choque mutuamente destructivo entre ambas visiones: un presidente que actúa por encima de las instituciones y una Corte que las defiende. El dilema no es menor porque el país deberá decidir próximamente entre uno de ambos modelos.

Según Schmitt, el presidente es el guardián e intérprete auténtico de la Constitución por su origen plebiscitario y por sus extraordinarias facultades para ejercer el poder político, dictar estados de excepción, disolver al legislativo, nombrar a las altas autoridades de control, colegislar. En otros términos, los hiperpresidentes latinoamericanos son los protectores de la Constitución según Schmitt, porque la unidad política de la nación no está en las leyes y porque los tribunales no pueden resolver los conflictos políticos porque equivaldría a politizar la justicia. Las cortes en el modelo schmittiano se deben limitar a resolver conflictos de legalidad, no de soberanía. Entonces si una alta corte resuelve sobre una decisión política, como un estado de excepción, no estaría actuando jurídicamente, sino políticamente. Para Carl Schmitt el Estado es la política, por eso los conflictos se deben resolver en instancia plebiscitaria.

Según Kelsen, un órgano de control constitucional, una Corte o un Tribunal, es la pieza jurídica central y núcleo esencial de una constitución. Una corte constitucional es el garante técnico de las minorías frente a las decisiones políticas de las mayorías, el avalista del compromiso parlamentario y el freno a cualquier deriva autocrática de la administración o de los gobernantes. Tanto en las democracias parlamentarias como en las presidencialistas, la ejecución administrativa tiende al “carácter autocrático”, por lo que el control constitucional del orden jurídico que incluye las decisiones de la administración es un antídoto democrático. Para Hans Kelsen el Estado es el derecho, por eso los conflictos políticos se deben resolver en sede jurisdiccional.

El presidente Noboa tiene un importante desafío conceptual: capitular su gobierno a la pulsión autoritaria estructurante de la Constitución bicéfala de 2008 y ser recordado como el ejecutor testamentario del autoritarismo, o escapar de esta trampa histórica e institucional y convertirse en un estadista eficaz. El rediseño constituyente podría ser una alternativa que se escapa a este análisis.

Las democracias contemporáneas no se erosionan solamente en golpes de estado o conspiraciones palaciegas. También se deterioran gradualmente cuando sus marcos constitucionales son diseñados para convertir a los presidentes en concentradores de todos los resortes del poder y cuando estos mismos presidentes ejercen estas facultades exorbitantes para deteriorar la democracia.

El presidente Noboa camina sobre este terreno pantanoso, convencido de simbolizar lo novedoso, de ser la antítesis de aquello que la gente rechazó en las urnas. Sin embargo, si la estructura de poder no cambia, y sus recursos de acumulación y de respuesta son los mismos, el joven presidente ecuatoriano corre el inminente riesgo de perderse en el laberinto creado para el autoritarismo y de convertirse en aquello que juró destruir.