¿México a la defensiva?

El 17 de abril pasado se filtró un mensaje reservado de la Jefatura del Comando Conjunto de FF. AA. donde se alertaba de que, «luego del resultado electoral del 13 de abril de 2025, se ha iniciado traslado de sicarios desde México y otros países hacia el Ecuador, con la finalidad de realizar atentados terroristas contra el Presidente de la República, su gabinete ministerial y equipo de trabajo [...] De igual manera se conoce [...] la planificación de posibles atentados terroristas en los principales puentes del Ecuador, instituciones bancarias y demás instituciones del Estado [...] y acciones para “calentar las calles” a través de manifestaciones que se tornen violentas».

Para aclarar que no se trataba de noticias falsas —frecuente en estos tiempos de falaz manejo de la información—, el Ministerio de Gobierno del Ecuador emitió un Comunicado Oficial condenando y repudiando enérgicamente dichas amenazas de «estructuras criminales, en complicidad con sectores políticos derrotados [...] Estas acciones no solo buscan desestabilizar al Gobierno, sino vulnerar la democracia, la soberanía, la paz del Ecuador y el Estado de derecho».

En respuesta, ese mismo día la Secretaría de Relaciones Exteriores de México publicó una nota informativa por medio de la cual «rechaza tajantemente la reiterada e inescrupulosa creación de narrativas en comunicados oficiales y/o filtraciones de documentos oficiales, que aludan a México como fuente de supuestos actos delictivos o situaciones internas en ese país».

La reacción de la Cancillería mexicana llama la atención, ya que, ni en el mensaje del Comando Conjunto de la FF. AA., ni en el comunicado del Ministerio de Gobierno del Ecuador, se alude al Gobierno de México.

En efecto, en ambos textos las autoridades ecuatorianas se limitan a señalar un hecho conocido y difundido por varios medios internacionalmente, y es que «desde México y otros países» se han trasladado en los últimos años al Ecuador agentes criminales asociados a los carteles mexicanos y de otros países. No se entiende, pues, por qué las autoridades mexicanas se ponen a la defensiva frente a esta realidad fáctica, más aún cuando dicha nación es también víctima de ella. Solo una efectiva cooperación interestatal puede poner freno a la delincuencia transnacional que busca desestabilizar la democracia y que se ha ensañado contra la ecuatoriana tras el contundente triunfo del presidente Daniel Noboa, cuyo triunfo electoral ha sido reconocido por la comunidad internacional.

En el último párrafo de su despacho oficial, la Cancillería mexicana defiende —una vez más— la tesis de que su ruptura de relaciones diplomáticas con el Ecuador «ocurrió con motivo del violento asalto a la Embajada de México en Quito el 5 de abril de 2024, en grave y flagrante violación al derecho internacional», agregando que su país «se guía y se guiará siempre bajo el principio de no intervención».

Cabe recordar que, según la cronología de los hechos denunciados por el Ecuador ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, la crisis diplomática entre ambos países se originó, no por causa del Ecuador, sino debido precisamente a la evidente vulneración, por parte de México, al principio de no intervención. Este hecho ocurrió públicamente cuando el expresidente Andrés Manuel López Obrador —en las declaraciones que emitió de viva voz en su programa comunicacional, en medio del proceso de la consulta política interna en el Ecuador— cuestionó la legitimidad democrática del gobierno del presidente Daniel Noboa y sugirió que el asesinato del excandidato Fernando Villavicencio pudo haberse perpetrado para beneficiar el triunfo electoral del mandatario ecuatoriano.

En su presentación ante la Corte Internacional de Justicia, Ecuador denunció también la violación de México al artículo 41, 3 de la Convención de Viena de 1961, que prohíbe que los locales de una misión diplomática sean «utilizados de manera incompatible con las funciones de la misión». Denunció igualmente la violación al artículo 16 de la Convención sobre Funcionarios Diplomáticos de 1928, que obliga a «entregar a la autoridad local competente que lo requiera al acusado o condenado por delito común».

Es más, al amparo de otra figura de asilo —el asilo territorial o político—, desde hace varios años reside en México un grupo de líderes opositores sentenciados ante la justicia ecuatoriana por delitos comunes.

Conviene tener presente que el principio de no intervención puede, a mi juicio, vulnerarse también cuando se interfiere de cualquier modo en la aplicación de la justicia del Estado requirente, o cuando se guarda silencio frente a tentativas destinadas a socavar el orden democrático y constitucional de otros Estados.

La gran mayoría de los ecuatorianos votó por el presidente Noboa para que siga adelante y refuerce aún más su compromiso por el futuro del Ecuador, sobre bases democráticas de progreso y justicia social. En este contexto, es realmente penoso que el gobierno de México haya declarado a ultranza que no restablecerá relaciones diplomáticas con el Ecuador mientras el presidente Daniel Noboa ejerza su mandato; se cierra así, unilateralmente, a la posibilidad de un diálogo constructivo, principio rector del entendimiento entre las naciones, precisamente cuando se presentan desavenencias entre ellos por cualquier causa.

Formulo los mejores votos porque pronto se encuentren caminos propicios para restablecer las relaciones diplomáticas y profundizar los vínculos de amistad, cultura y cooperación que han unido a nuestros países en el devenir de su historia. Inspirado en el sugestivo título de la novela del gran escritor mexicano Carlos Fuentes, y frente a los nuevos desafíos que enfrenta el contexto internacional, ojalá todos los pueblos de Latinoamérica nos juntemos para hacer de ella, en realidad, La región más transparente.