Coincidencias sospechosas: un Consejo de la Judicatura tomado y un alcalde preso

Con lo ocurrido en los últimos días, cuesta no ver una operación sistemática de control institucional y blindaje del poder político. Así de grave y alarmante.

Empieza con el pedido de licencia y vacaciones del presidente de la Judicatura, Mario Godoy,  para ausentarse toda esta semana, mientras enfrenta un juicio político en la Asamblea por denuncias gravísimas de presuntos vínculos con el crimen.

Quien debía reemplazarlo frente al organismo es Alexandra Villacís, quien ya lo ha hecho en otras ocasiones, la más reciente en diciembre pasado.. Sin embargo, de forma sorpresiva, en el Ministerio de Trabajo  aparecieron dos causales que le impedirían trabajar en el sector público. Ambas, según reportes del Servicio de Renta Internas.

Como el contexto siempre importa, en noviembre pasado, ese ministerio, al mando de Harold Burbano, de un plumazo y sin que medie explicación alguna, hizo desaparecer el impedimento que tenía Álvaro Rosero, anunciado como futuro ministro de Gobierno. 

La decisión ministerial dejó fuera a Villacís y con una celeridad sospechosa, apenas horas después, la madrugada del martes, el pleno de la Judicatura nombró, en la madrugada, en su reemplazo a Damián Larco, exdirector del SRI en el período en que la deuda de las Exportadora Bananera Noboa pasó de más de 94 millones de dólares a cero. Esto fue posible gracias a la Ley Orgánica de Integridad Pública, impulsada por el Ejecutivo y aprobada por su mayoría oficialista en la Asamblea. Aunque posteriormente fue declarada inconstitucional en la Corte Constitucional, la deuda ya estaba saldada.

El encargo de la Judicatura le da a Larco control temporal —y en momentos críticos, el control absoluto— de la institución que disciplina jueces, que administra el sistema judicial y que puede ser utilizada como herramienta para premiar obediencias o castigar disidencias.

Apenas unas horas después ocurre otra escena: la Fiscalía allanó y detuvo al alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, la principal figura de oposición a Daniel Noboa —quien ya enfrenta un proceso por supuesto tráfico de combustibles— en un operativo que no se ejecuta en un vacío, sino en el momento exacto en que el foco público podía girar hacia lo verdaderamente explosivo: el escándalo alrededor del Consejo de la Judicatura, su conducción, su blindaje político y los gravísimos señalamientos que lo rodean.

Hasta para los más críticos del alcalde pueden ponerse suspicaces con el timing perfecto alrededor del caso, cuando, además, quien ha estado al frente de este es el ahora fiscal general subrogante, Carlos Alarcón. El mismo que tuvo en sus manos otros procesos como aquel contra el hijo de la exvicepresidenta Verónica Abad o el de Federico Goldbaum, ex cuñado de Noboa. 

Si Álvarez o cualquier otro funcionario público, político o ciudadano común comete un delito, tiene que ser investigado y de ser el caso, procesado. En un estado de derecho, hay garantías para que eso ocurra.

El problema es otro. Cuando los investigados por la justicia ordinaria son —una y otra vez— enemigos del presidente y quien conduce o influye en esos procesos parece más un aliado que un contrapeso, entonces empezamos a dudar. 

Y si alguien aún cree que en un país con la institucionalidad destrozada, la justicia realmente se ocupa de todos los casos por igual y que si investiga al alcalde, “por algo será”, basta repasar que hay otras figuras que también se han vuelto blanco del poder. 

Una de ellas es Gabriela Panchana —acérrima crítica del correísmo y ex asesora de María Paula Romo en el Ministerio de Gobierno— que desde su cuenta de X ha cuestionado duramente a Godoy, hoy enfrenta una denuncia en la fiscalía por supuesta defraudación tributaria. 

Otro ejemplo. Catrina Tala, comunicadora que fue una de las primeras en entrevistar a Gabriela Goldbaum, ex esposa de Noboa cuando ésta lo denunció por violencia psicológica, mucho antes de que él sea siquiera candidato presidencial. La investiga la fiscalía, la allanan y le bloquean las cuentas bancarias, incluso aquella en la que recibe la pensión de alimentos de sus hijos, lo cual es ilegal.

Tanto a Panchana como a Tala, les ha caído, además, una horda de trolls y pasquines del oficialismo, para insultarlas, amenazarlas y crear una narrativa de desprestigio a su trabajo, con una alta dosis de misoginia.

Por eso no se trata de defender a Aquiles Álvarez. Ni siquiera a Panchana o a Tala. 

Se trata de velar por un estado de derecho, en el que Álvarez —o cualquier otro actor de oposición— no sea aplastado con todo el peso del estado simplemente porque el Presidente lo considera su enemigo, aún peor, sabiendo la ligereza con la que suele enemistarse .

Si debe ser investigado, que lo sea.

Pero con todo el rigor de una justicia transparente e independiente.

El país no resiste más manejos discrecionales del aparataje estatal que parece ya tener un patrón: cuando no puede derrotarte en el debate público, busca destruirte con el peso del Estado.

Primero te investigan.

Luego te exhiben.

Después te acorralan.

Y finalmente te convierten en ejemplo de lo que te puede pasar si te atreves a disentir, cuestionar o hacer oposición.

Así siembra miedo.

Porque cuando el Estado se usa al servicio de un caudillo, nadie está a salvo. Ni siquiera quienes creen estar protegidos por su cercanía al poder, porque el caudillismo no tiene lealtades: solo tiene utilidad. Y cuando dejas de ser útil, te conviertes en el siguiente objetivo.

Lo más grave es que todo esto ocurre en simultáneo. Como si el país estuviera viendo dos pantallas: en una, el escándalo de la Judicatura, el juicio político a Godoy, los señalamientos de narcotráfico y el reemplazo irregular de Villacís por Larco. En la otra, el operativo contra Aquiles Álvarez. Y en el fondo, como una tercera capa, la persecución administrativa y tributaria contra voces críticas como Panchana.

No es desorden. No es casualidad. No es improvisación.

Es un sistema.

Un sistema donde se administra la justicia con cálculo político, donde se controla la Judicatura para blindar a los propios, donde se activa la Fiscalía para golpear a la oposición, donde se utilizan otras instituciones como el SRI y el Ministerio de Trabajo como herramientas de ataque, y donde se envía un mensaje inequívoco: el poder puede tocarte cuando quiera, como quiera, con la excusa que quiera.

Y frente a eso, la ciudadanía tiene dos opciones.

Aceptarlo o resistir. Para la segunda, hay que entender que cuando el poder opera así, la democracia se convierte en decorado y todos: quien hace política, los periodistas, la oposición, la sociedad civil; tú, querido lector, yo, por escribir esta columna, todos, quedamos en la absoluta indefensión.