¿La desinformación como política de gobierno?

En Ecuador, la desinformación parece haberse convertido en política gubernamental, no porque falte información, sino porque sobran discursos diseñados para confundir. Ya no se trata de errores o lapsus, sino de una forma de gobernar basada en la manipulación del relato, en el control emocional de la opinión pública y en narrativas que buscan provocar indignación más que reflexión.

En una entrevista, el presidente Daniel Noboa dijo: “No son bases militares, la gente a veces no lee bien la pregunta, habla de bases extranjeras”, en referencia a la pregunta 1 de la consulta popular.

Sin embargo, esta dice textualmente: “¿Está usted de acuerdo en eliminar la prohibición de establecer bases militares extranjeras o instalaciones extranjeras con propósitos militares...?”.

Lo que podría parecer un desliz es, en realidad, otro eslabón en una cadena de declaraciones que, tras ser revisadas por verificadores independientes, resultan falsas, engañosas o inverificables. Y cada una erosiona un poco más la credibilidad del gobierno.

Hace unas semanas, la ministra de Energía, Inés Manzano, aseguró que se había presentado “una denuncia por tentativa de asesinato al Presidente” durante su visita a El Tambo, Cañar. Dijo que se lanzaron piedras y que “hay signos de bala en el carro del Presidente”.

Todo fue desmentido poco después por medios nacionales e internacionales, incluido BBC Verify. Incluso el parte policial señalaba que “no aplica indicios balísticos”. Pero ya era tarde: la versión del supuesto atentado se viralizó, amplificada por algunos medios y varias cuentas de redes cuya tarea es amplificar la versión del oficialismo, generando incluso que mandatarios extranjeros se solidarizaran con Noboa por un ataque inexistente.

Sería ingenuo pensar que Manzano cometió un error o que sus declaraciones no fueron minuciosamente calculadas. 

La consistencia con que el oficialismo ha difundido mensajes imprecisos o falsos revela una estrategia deliberada para instalar narrativas que le son útiles, aun cuando estas no correspondan a la realidad.

Y para eso, sobran voceros.

• Un juez nacional, una denuncia de acoso y un silencio que se repite 

Arianna Tanca dijo que una decisión judicial “deja con menos herramientas para proteger mujeres, niñas y familias de la violencia”. La ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, afirmó que Ecuador es el único país “que paga décimo tercero y décimo cuarto”. El ministro del Interior, John Reimberg, aseguró que no hubo heridos en las protestas del 12 de octubre. Y la exjefa de bloque oficialista, Valentina Centeno, sostuvo que el crimen organizado mueve 30 mil millones de dólares al año.

Todas, declaraciones falsas o sin sustento.

Y en esa reiteración radica el problema: cuando la mentira se vuelve rutina, deja de ser error o tropezón para convertirse en método. El poder ya no busca convencer, sino confundir. Inunda el debate con medias verdades, apuesta al desgaste ciudadano y confía en que la saturación del público termine en indiferencia. 

Lo más inquietante es que esta práctica no solo desinforma, sino que adormece, construyendo relatos fáciles de digerir, con enemigos imaginarios y amenazas sobredimensionadas. En esa narrativa, el gobierno se erige como héroe y fabrica antagonistas convenientes: opositores, periodistas o voces críticas que sirven para distraer y justificar los abusos.

En Teleamazonas, Noboa dijo hace unos días: “Si es que una mujer sana de 20 años tiene un accidente y va un violador que lo han apuñalado 20 veces por violar a 10 niños, la prioridad la tiene el violador antes que la mujer sana”.

• Sin ninguna vergüenza

Cualquiera se indignaría ante semejante escenario. Y allí está la clave: esa es precisamente una escena diseñada para despertar la furia colectiva. Pero es falsa. No existe tal norma ni tal prioridad médica. Lo que sí existe es una intención: sembrar la idea de que los derechos humanos protegen más al criminal que a la víctima, debilitando un principio básico en democracia.

La estrategia es evidente: construir ficciones emocionales que sustituyan los hechos, provocar reacciones viscerales que anulen el pensamiento crítico y colonizar el debate público con el ruido del escándalo. Porque mientras discutimos lo que el poder dice, dejamos de cuestionar lo que el poder hace.

Cuando el gobierno administra percepciones en lugar de rendir cuentas, los ciudadanos dejan de ser sujetos políticos y se convierten en público cautivo. Ya no deliberan ni exigen, solo reaccionan.

El poder no teme ser fiscalizado, porque cuando logra que la gente mire hacia donde él quiere, los ciudadanos dejan de ejercer su derecho a exigir cuentas y se transforman en una masa al servicio del gobierno: dócil, servil y sin darse cuenta de que ya no defiende sus propios intereses, sino los de un caudillo.