Yo te saco de la cárcel

Esta frase, pronunciada entre risas durante una entrevista radial, es quizás la admisión más transparente de lo que Daniel Noboa entiende por el ejercicio del poder. En su esquema mental, el Presidente de la República no es un funcionario sujeto a la ley y al escrutinio público, sino una figura cuya voluntad política es la fuente de legitimidad suprema, capaz de anular las consecuencias legales para sí mismo o para sus subordinados.

En un espacio radial, Daniel Noboa contó, en tono de broma, que un ministro (parece una alusión a Roberto Luque, ministro de Transporte y Obras Públicas, sentado a su lado) le dijo “legalmente no puedo entrar, no puedo meter máquina, no puedo hacer esto, no puedo hacer el otro”. Aunque no es claro a qué se refiere, por la intervención previa de Luque, se podría pensar que es sobre la habilitación de la vía Guayaquil - Machala.

“Yo le digo yo te saco de la cárcel si te meten, tranquilo, te voy a visitar y de ahí te saco”, continúa Noboa.

Para que un presidente pueda prometer "sacar de la cárcel" a un ministro, debe asumir de antemano que tiene control —o capacidad de injerencia— sobre la Función Judicial y la Fiscalía. Lo que nos pone ante un hecho gravísimo en una democracia: el irrespeto a la independencia de poderes.

Lo que Noboa deja entrever es que no solo pretende tener —o tiene— el control de la justicia, sino que además la ve como un mero trámite que él, por el cargo que ostenta, puede saltárselo. Sugiere entonces que los procesos judiciales no son dictados por la ley y el debido proceso, sino por la eventual capacidad de negociación o presión política que puede tener quien ostenta un cargo de poder.

En una democracia funcional, el Ejecutivo ejecuta, el Legislativo legisla y el Judicial juzga. Al prometer impunidad para funcionarios de su gobierno, el presidente borra la línea que separa sus atribuciones de las del juez.

Noboa continua, “(El ministro en cuestión) dice ‘¿estás seguro?’ Empieza, le digo. Nosotros quedamos con la gente que íbamos a intervenir esa vía, ya yo me encargo del resto”.

El argumento de fondo, con el que pretende empatizar con la gente, es sumamente peligroso: "los ciudadanos necesitas la obra, por lo tanto, la ley es un estorbo".

• No hablemos de eso

Utilizar la genuina necesidad de una población y su demanda ciudadana de intervención vial para justificar el salto sobre la normativa legal es perverso y dista profundamente del rol de un demócrata.

La burocracia puede ser ineficiente y lenta, pero el marco legal exigido suele ser un mecanismo de control contra la corrupción, el daño ambiental o las fallas técnicas en las construcciones. Si el Presidente de la República justifica violar la ley para arreglar una carretera, se abre la puerta para violarla en cualquier otro ámbito.

Las risas cómplices del ministro, de quienes entrevistan y de Noboa desnudan el estado de las relaciones de poder en el país: medios complacientes, funcionarios irrespetuosos de la Ley y una sociedad adormecida capaz de justificar violaciones a sus propios derechos, con la oferta de una carretera, de un servicio, de una garantía futura.

No solo eso, la dinámica entre el presidente y el ministro —su amigo personal— revela una mirada de complicidad en la que el funcionario tiene garantizada la protección del Presidente de la República.

A través del “yo me encargo”, el presidente desplaza la responsabilidad institucional —aquella que tiene la justicia de investigar si hay algún tipo de incumplimiento o irregularidad venga de quien venga, incluyendo figuras de alto nivel político— hacia su figura personal, convirtiéndose así en un caudillo.

El funcionario ya no debe lealtad a la Constitución o la legislación, sino al jefe que le garantiza inmunidad o impunidad.

Esta visión del Estado como una extensión de la voluntad propia ya ha pasado de la anécdota a la ejecución.

La prueba más reciente es la naturalidad con la que el mandatario justificó, en esa misma entrevista, el cambio de fecha de las elecciones seccionales de febrero de 2027 a noviembre de 2026.

A pesar de los malabares retóricos con los que intenta justificar que la decisión no lo beneficia, se presenta como partícipe de una decisión que le corresponde exclusivamente al Consejo Nacional Electoral. Noboa confirma que no ve en la Función Electoral un poder independiente, sino otra oficina de trámites subordinada a sus deseos. Si el Presidente decide cuándo se vota y quién entra o sale de la cárcel, el Estado de Derecho deja de ser una estructura de límites para convertirse en una simple opción de gestión.

Que un Jefe de Estado narre este vaciamiento institucional con tal ligereza, en un tono anecdótico y burlesco, revela una preocupante normalización del irrespeto a las reglas de la democracia. Deja entrever a un líder que no respeta la independencia de poderes del Estado, sino que la percibe como una estructura obstinada que debe ser sometida por la fuerza de su cargo. En su narrativa, las leyes no son garantías para el ciudadano, sino estorbos para el ejercicio de su poder.

Por eso, la promesa de "sacarte de la cárcel" no es un acto de valentía frente a las trabas burocráticas que impiden al ciudadano común beneficiarse de obra pública, como pretende insinuar esta narrativa de eficiencia rápida. Es, en realidad, una confesión del Presidente de la República al Estado y una mirada que revela un profundo y peligroso desprecio por la democracia.