No hablemos de eso

Hay una forma de control que no se ejerce prohibiendo, sino desviando la atención. No hace falta callar a nadie si se logra que todos hablen de otra cosa. Y cada vez con más frecuencia parece que, peligrosamente, enfrentamos ese escenario: un país donde el ruido reemplaza al pensamiento crítico y escrutinio público más profundo.

Mientras el gobierno instala una narrativa de guerra —con estados de excepción, despliegue militar y un lenguaje cada vez más beligerante— hay hechos graves que deberían estar en el centro del debate y, sin embargo, no lo están.

Parece haber una estrategia pensada en que no hablemos de ciertos temas: los señalamientos de Colombia sobre posibles bombardeos en la frontera y el hallazgo de cuerpos calcinados. La fiscalía ya inició una investigación por este hecho en el que murió un joven que habría sido electrocutado y golpeado.

Lastimosamente no parece ser un caso aislado. En 2025, la fiscalía investigó 237 casos de uso ilegítimo de la fuerza e incluso un episodio de presunta descarga eléctrica. 

Pero de eso no hablemos.

Hablemos del fallo de la Corte Constitucional sobre el cambio de sexo en la cédula de un adolescente. Hablemos de fiscalizar a la Corte. Hablemos de convertir un tema de derechos civiles —que no tiene impacto en la vida de la mayoría de las familias ecuatorianas—  en el eje de una conversación que desinforma. Hablemos —como propone la legisladora oficialista Diana Jácome— de abrir otra disputa institucional que, en este contexto, resulta no solo desproporcionada, sino funcional.

Funcional para distraer de lo que sí impacta en la vida de la gran mayoría de ecuatorianos. La violencia, el abandono estatal, la falta de rendición de cuentas, la instrumentalización de instituciones con la que se pretende convertir a los rivales políticos en blancos de un sistema cooptado.

No hablemos del allanamiento al alcalde de Cuenca, ni de la prisión y exposición pública del alcalde de Guayaquil en condiciones que rozan la humillación. No hablemos de lo que eso dice sobre el uso del poder, sobre los límites institucionales, sobre la línea —cada vez más difusa— entre justicia y espectáculo.

Y sobre todo, no hablemos de lo más delicado: los estados de excepción que se vuelven regla, las denuncias de posibles abusos de las Fuerzas Armadas en operativos, los excesos que empiezan a asomar en medio del discurso de seguridad. No hablemos de eso, aunque la memoria reciente —como el caso de Las Malvinas— debería obligarnos a mirar con lupa cada actuación estatal.

En lugar de eso, hablemos de otra cosa.

El problema no es que existan debates sobre derechos. Es que, en medio de una crisis de seguridad sin precedentes, esos debates son empujados al centro mientras todo lo demás queda en la periferia. Como si el país pudiera darse el lujo de mirar hacia otro lado.

La Asamblea, que debería estar fiscalizando el manejo de esta “guerra”, exigiendo explicaciones, pidiendo resultados, marcando límites, parece alinearse —por acción u omisión— con esta lógica de distracción. Es más sencillo abrir frentes políticos en torno a fallos judiciales que enfrentar las preguntas incómodas sobre el uso de la fuerza, la legalidad de los operativos o la efectividad real de la estrategia de seguridad.

Porque ahí no hay respuestas fáciles.

Y sin embargo, ahí está lo esencial.

Un país que empieza a hablar de bombardeos, que normaliza estados de excepción, que acumula denuncias de abusos y que convierte operativos en espectáculos públicos no necesita menos debate. Necesita más. Pero necesita el debate correcto. Ese que puede ser incómodo pero es imprescindible porque no se trata de que genere ruido, sino de que exija cuentas.

Cuando el poder logra que la conversación pública se desvíe hacia lo accesorio. Cuando se ejecuta una operación para despertar miedos sobre riesgos inexistentes. Cuando se hace ruido sobre simplismos fáciles de entender. Cuando se apuntan las estrategias de desgaste y desprestigio a las instituciones y voces que rompen la narrativa oficial.

En todos esos escenarios, nos olvidamos de lo más importante: la democracia no puede ser sacrificada en nombre de una promesa que ofrece finalizar la violencia pero que, hasta ahora, ha entregado resultados limitados.

Entre distracciones calculadas y argumentos simplistas impulsados por funcionarios de pocas luces, cuyos camisetazos y discursos oportunistas demuestran la poca solidez de su vocación democrática, el riesgo es que el país se parezca a ellos y en lugar de sostener debates capaces de sostener la democracia, busque discursos irrelevantes que no alteran el ejercicio del poder.

Pero hay un límite.

Lo que no se nombra no existe. Mientras no hablemos de eso —de la violencia sin control, de los abusos, de la ausencia de estrategia, del uso discrecional del poder— eso seguirá ocurriendo con menos control, con menos resistencia y con más impunidad.