El gobierno que quiere periodistas domesticados

Ser periodista es una elección muy riesgosa en uno de los países más violentos del mundo. No solo por lo que la violencia acarrea, sino por algo quizá más corrosivo: la idea, cada vez menos disimulada, de que el poder quiere una prensa domesticada. Una prensa que se limite a amplificar su voz. Que no incomode. Que no pregunte. Que no contraste. Que aplauda. O que calle.

Por eso los lineamientos que salieron del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas no deberían leerse como un desliz producto del desconocimiento de cómo opera el periodismo, ni mucho menos como una “guía para organizar coberturas”, como intentan venderlo. No. Lo que esos lineamientos revelan —sin ninguna sutileza— es un intento por institucionalizar una lógica peligrosa: que el Estado, desde sus aparatos armados, decida quién puede informar y quién no.

Serían las Fuerzas Armadas las que calificarán cuatro parámetros: la línea editorial del medio, el tratamiento informativo histórico respecto a la institución, el rigor informativo y la conducta profesional, y la postura frente al rol de las Fuerzas Armadas. 

Esto desvirtúa por completo el rol de las instituciones públicas frente al escrutinio de la prensa y los ciudadanos.

Ninguna entidad pública puede excluir a un medio de una cobertura de interés ciudadano porque no le gusta su línea editorial o porque el medio ha mantenido una postura crítica. Mucho menos debe evaluar la “conducta profesional” de un periodista, no solo porque en una democracia ese no es su rol, sino también porque la discrecionalidad del concepto puede servir como un mecanismo de castigo al periodismo incómodo.

En un país en el que el escrutinio de la prensa y los ciudadanos permitió, por ejemplo, desmontar la narrativa oficial sobre los niños de Las Malvinas desaparecidos, torturados y cuyos cuerpos fueron hallados calcinados, la medida se siente incluso con mayor peso simbólico. 

¿Hay más preocupación por quién filtra, investiga o pregunta que por quien perpetra crímenes amparado por el uniforme o cargo que ostenta?

Sin la posibilidad de una prensa que actuó con mirada crítica y buscó las otras versiones de la historia, quizá no se habría podido señalar a los uniformados, procesarlos y sentenciarlos, en un primer proceso, por desaparición forzada. 

Solo en las dictaduras incomoda más quien desafía la versión oficial que quien comete atrocidades protegido por el cargo que ostenta. Cargo financiado con fondos públicos. 

Ecuador lleva años deslizándose hacia un entorno hostil para la prensa. En el discurso, todos los gobiernos dicen respetar la libertad de expresión. En la práctica, el mensaje suele ser otro: la libertad permitida es la de publicar, preguntar y contar lo que al gobierno no le incomode.

Cuando el periodismo se vuelve incómodo, el poder tiene mecanismos para callarlo: hostigamiento digital organizado y campañas de desprestigio que vienen, en gran medida, de los pasquines a los que el gobierno tiene el atrevimiento de llamar medios y acreditar como tales. Algunos incluso se benefician de fondos públicos para desinformar y hacer propaganda política.

Ya hemos visto también cómo se alecciona: funcionarios que responden con hostigamiento y amenazas veladas a periodistas; presiones para el cierre de un programa crítico; suspensión de un canal de televisión que transmitía hechos ocurridos en el paro de 2025; golpes y gas lacrimógeno a la cara de periodistas que lo cubrían e incluso uno de ellos recibió el impacto de una bala; expulsión de periodistas.

¿Quién quiere convertirse en enemigo del poder?

Nadie. Peor aún en un país atravesado por el narcotráfico: los periodistas no solo trabajan, calculan riesgos. Miden palabras. Evalúan rutas de escape por si tienen que exiliarse. Se preguntan si vale la pena firmar una nota, hacer una pregunta, investigar.

En ese contexto, que las Fuerzas Armadas —que deberían estar ocupadas garantizando la seguridad de las fronteras, por ejemplo— emitan lineamientos para seleccionar qué periodistas pueden cubrir operativos no es un detalle menor. Es una advertencia: el acceso a la información pública ya no es un derecho, sino un premio para quien se somete a las narrativas del poder.

No se discute que en un operativo militar hay riesgos, o que puede haber zonas restringidas por seguridad, o protocolos razonables para evitar interferencias. Eso es normal. Lo que no es normal —lo que no puede normalizarse— es que el acceso se condicione a criterios como la “línea editorial” o el “trato” que un medio le ha dado a la institución.

Porque ahí se rompe el contrato democrático.

Las Fuerzas Armadas no están para evaluar el periodismo. No son un jurado de calidad informativa. No pueden convertirse en árbitros del relato público. No pueden decidir qué cobertura es “buena” y cuál “daña la imagen”.

El periodismo no existe para cuidar la imagen del Estado. Existe para vigilarlo.

Sin rendición de cuentas, y con un puñado de periodistas domesticados y otro de periodistas amenazados y silenciados, no hay posibilidad alguna de democracia.