Instituciones en deuda

Ecuador está viviendo una multiplicidad de crisis, agudizadas cada año con una profunda desinstitucionalización, una palabra que suena ajena a la vida cotidiana pero que no lo es, pues cuando las instituciones dejan de funcionar, empieza a reinar un caos funcional para la delincuencia y el crimen organizado.

Decir que en una democracia, las instituciones del Estado deberían funcionar como un engranaje bien aceitado, suena torpemente evidente.

En medio de altos índices de violencia, fugas de presos de alto nivel, denuncias constantes de irregularidades en la justicia, parece que todo está podrido.

Sin embargo una declaración de esa índole libra de responsabilidades individuales e institucionales a quienes sí la tienen y por eso es fundamental señalarlas.

El lunes el fiscal general subrogante dijo, por ejemplo, que desde 2019 la Fiscalía ha hecho 16 pedidos para que el Consejo de la Judicatura asigne más fiscales a nivel nacional pero que no ha tenido respuesta y que el último concurso para elegir fiscales fue en 2015, hace una década.

Sin fiscales suficientes difícilmente se pueden llevar a cabo investigaciones eficientes. Y la responsabilidad recae sobre la Judicatura, una de las instituciones que en los últimos años ha quedado en deuda con el país.

En este período que inició en 2019, con María del Carmen Maldonado como presidenta —renunciaría en 2022— el organismo ha vivido destituciones por problemas judiciales, una censura legislativa y ocho renuncias de vocales.

Wilman Terán, fue detenido cuando era presidente de la entidad, posteriormente fue procesado y sentenciado a nueve años y cuatro meses de prisión por su participación dentro del caso Metástasis, que demostró la existencia de una estructura de corrupción judicial que involucró a jueces, fiscales, policías y abogados para beneficiar al narcotraficante Leandro Norero.

Terán fue sentenciado posteriormente —con la misma pena— por otro caso, conocido como Independencia Judicial; y con él, la exvocal Maribel Barreno, por el delito de obstrucción a la justicia.

En ese caso, el vocal Xavier Muñoz también fue procesado pero se acogió a la figura de cooperación eficaz y tras solo nueve meses en prisión, salió en libertad en octubre del año pasado.

¿Cómo se puede pensar que un organismo con dos de sus miembros sentenciados podría tener algo de legitimidad para sancionar jueces?

Es inevitable que sospechemos de la transparencia de sus decisiones, y el problema es que las consecuencias de que las instituciones estén en soletas, lejos de quedarse en los pasillos del poder, terminan salpicando directamente a los ciudadanos.

Hoy, la Judicatura opera en modo de emergencia, con el mínimo de vocales que la ley le permite operar — tres de los cinco que debería tener— y cuyas funciones están prorrogadas hace casi cinco meses, debido a que el Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS), otro organismo con una deuda enorme con el país, no logra designar nuevos miembros.

Esta designación se hace con las ternas enviadas por la Corte Nacional de Justicia, la Defensoría Pública, la Fiscalía General, la Asamblea Nacional y la Presidencia de la República. Esta última no la ha enviado ni ha dado explicaciones sobre su demora.

Este Legislativo, en una acción de dudosa legalidad, dio de baja la terna que ya había quedado aprobada por la Asamblea que dejó sus funciones en mayo pasado, y tras eso, no ha vuelto siquiera a convocar sesión para designarla.

En paralelo, la Comisión de Fiscalización ya dio luz verde al juicio político a la vocal de la Judicatura, Solanda Goyes, lo que amenaza con dejar a la institución sin el mínimo necesario para funcionar, paralizando así nombramientos, concursos y gestiones clave para el funcionamiento de la justicia.

Parecería, a veces, que quienes forman parte de estas instituciones no terminan de entender lo delicado del rol que ejercen y los efectos que sus desatenciones, omisiones, desconocimientos o ineficiencias causan en la vida de los ciudadanos.

¿Cómo le pedimos a los ciudadanos que confíen en ese sistema que se muestra indolente ante las urgencias del país?

Si nos ponemos suspicaces, además, podríamos preguntarnos si no es deliberada esa intención de la Asamblea y el Ejecutivo, por ejemplo, de prolongar en funciones a Mario Godoy, quien hoy ejerce la presidencia del Consejo de la Judicatura, pues en el momento en el que el CPCCS se dedique a hacer su trabajo y designe a los nuevos vocales —cosa que podría hacer con las ternas que ya tiene en sus manos— Godoy tendrá que dejar su puesto.

El nuevo presidente saldrá de la terna de la Corte Nacional de Justicia, que junto a aquellas de la Defensoría Pública y de la Fiscalía, el CPCCS ya la tiene. Pero esa entidad también está ocupada en sus propios problemas internos y ha sido incapaz, por ejemplo, de organizar el concurso para elegir nuevo fiscal general —Diana Salazar estuvo prorrogada por cerca de mes y medio— antes de anunciar su renuncia y ser nombrada Embajada de Ecuador en Argentina.

El subrogante, Wilson Toainga, ha asumido las funciones desde entonces, a la espera de que se elija el fiscal definitivo.

Y quizá todo esto suene lejano, burocrática, ajeno a la urgencia de la vida diaria. Pero su peso se siente en cada trámite que no avanza, en cada denuncia que no prospera, en cada caso de corrupción que queda impune y en cada víctima que no encuentra justicia. No es una abstracción: es la explicación de por qué el país se siente cada vez más a la deriva, más inseguro, más frustrado y con más desconfianza.

Las instituciones no son entes etéreos ni engranajes inertes; están compuestas por personas con responsabilidades que hoy se esquivan con una ligereza alarmante.

Cuando esas piezas fallan —por cálculo, por negligencia o por intereses partidistas— el daño puede ser irreversible.