¿La justicia otra vez a merced de la política? Sin jueces, ni concursos y con una Judicatura a punto de no poder operar

Los actuales miembros del Consejo de la Judicatura (CJ) llevan 145 días prorrogados. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) no avanza en el nombramiento de sus reemplazos. Y, por si fuera poco, la Asamblea Nacional amenaza con dejar al organismo imposibilitado de operar, si avanza el juicio político contra uno de estos vocales..

Actualmente, el CJ funciona únicamente con Mario Godoy, Yolanda Yupangui y Solanda Goyes, representantes de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), la Fiscalía General del Estado (FGE) y del Ejecutivo, respectivamente. La Defensoría Pública y la Asamblea Nacional no tienen representantes.

En este período, que empezó en enero de 2019, el organismo ha tenido que soportar dos destituciones por líos judiciales, una censura legislativa y ocho renuncias de vocales.

Según el artículo 263 del Código Orgánico de la Función Judicial (COFJ), la Judicatura puede operar con un mínimo de tres integrantes. Es decir, en este momento está al límite, ya que tampoco hay suplentes disponibles para titularizarse.

Desde la Asamblea Nacional se podría romper ese quorum mínimo. El 13 de junio de 2025, la Comisión de Fiscalización aprobó el inicio del juicio político contra Solanda Goyes. Fernando Jaramillo la señala por incumplimiento de funciones y la decisión fue adoptada por Ferdinan Álvarez, Nataly Morillo, María Villacreces, Fabiola Sanmartín y Ana Belén Tapia, todos legisladores oficialistas.

El proceso podría durar unos 45 días en llegar al Pleno, dónde los asambleístas deberán decidir su censura y destitución. Para esto se necesitan 101 votos, umbral que el oficialismo no ha alcanzado en votaciones de elección de autoridades y aprobaciones de leyes en lo que va del período.

Si la destitución de Goyes se consuma, en la Judicatura solo quedarán Godoy y Yupangui, lo que significaría que no podría sesionar ni decidir, entre otras cosas, el nombramiento o destitución de jueces, elaborar el presupuesto de la Función Judicial.

La designación que nunca llega

En este escenario, una forma de evitar que la Judicatura se quede sin poder operar es que el CPCCS designe a los nuevos cinco vocales y sus suplentes, para un período completo que durará seis años. 

Para esto, la Corte Nacional, la Asamblea, el Ejecutivo, la Defensoría y la Fiscalía deben presentar ternas de candidatos y el Consejo de Participación (CPCCS) designar a los mejores postulantes de cada lista. El CPCCS empezó ese proceso el 16 de diciembre de 2024, pero seis meses después no hay luces de que eso se vaya a concretar.

En un inicio, la Corte, la Asamblea, la Fiscalía y la Defensoría Pública presentaron sus ternas. Sin embargo, sin ninguna explicación, el presidente Daniel Noboa no ha enviado su lista de postulantes. En uno de sus pocos pronunciamientos al respecto -en abril de 2025- el ministro de Gobierno, José De la Gasca, dijo que "muy pronto" enviarían esa lista. Pero eso no ha ocurrido.

Más bien ahora hay una terna menos. La anterior Asamblea Nacional, que era controlada por el correísmo, designó a los candidatos un día antes del final del período. Por lo que el nuevo Legislativo, con mayoría de ADN, dejó sin efecto esa postulación, acusando a la RC y al Partido Social Cristiano (PSC) de intentar beneficiarse. 

Frente a esta decisión, el CPCCS solicitó a la Asamblea que envíe una nueva terna, pero el Legislativo ni siquiera ha convocado a la sesión para hacerlo.

Es decir, al momento, la designación de los nuevos vocales está parada a espera de las ternas de la Presidencia y de la Asamblea Nacional, ambas funciones bajo el control del presidente Daniel Noboa y su movimiento. 

PRIMICIAS ha solicitado, en reiteradas ocasiones, entrevistas con Andrés Fantoni, presidente del Consejo de Participación Ciudadana, para conocer cuál es la postura del organismo frente a esta problemática y si es factible avanzar con la designación de los vocales de las ternas que ya están presentadas. Pero no ha habido respuesta.

Por ejemplo, el CPCCS ya podría nombrar al representante de la Corte Nacional de entre la terna conformada por Marco Rodríguez, Alexandra Villacís y Edison Toro. Quien sea electo será el nuevo Presidente de la Judicatura. 

Asimismo podría nombrar a los representantes de la Defensoría Pública y de la Fiscalía. De manera que ya haya tres vocales y el organismo no se quede sin quorum, ante una posible destitución de Solanda Goyes en la Asamblea.

Los pendientes de la justicia

Mientras la Judicatura se debate ante la posibilidad de quedarse sin poder funcionar, los actuales vocales avanzan lentamente en sus pendientes.

El primer gran pendiente para el CJ es el nombramiento de 10 jueces titulares de la Corte Nacional de Justicia, lo que incluso ha imposibilitado elegir al nuevo titular de ese organismo. El último intento de concurso fue declarado nulo el 21 de noviembre de 2024 con votos de Godoy, Goyes y el exvocal Merck Benavides.

En la resolución de la nulidad, el Pleno del CJ dio un plazo de 90 días para aprobar el nuevo reglamento para este concurso. Ese plazo se cerró en febrero de 2025 y no hay concurso.

PRIMICIAS ha intentado entrevistar a Godoy desde septiembre de 2024 con múltiples pedidos; sin embargo, no ha habido respuesta, por lo que no se conocen los avances de este y otros procesos.

Por ejemplo, el 21 de abril de 2024, en consulta popular, los ecuatorianos decidieron la creación de nuevas unidades judiciales especializadas en derecho constitucional. La Judicatura tenía un plazo de un año para implementarlas, incluyendo la selección de los nuevos magistrados.

El 30 de abril de 2025, y luego de cuatro intentos fallidos que son el origen para el juicio de Goyes, la Judicatura aprobó por unanimidad el reglamento para ese concurso, aunque ya el plazo se ha sobrepasado dos meses y los nuevos jueces no han sido nombrados.

Finalmente, y tras la aprobación de la Ley de Solidaridad en la Asamblea Nacional, la Judicatura tiene que organizar la capacitación de los jueces anticorrupción, que ahora también deberán asumir los casos relacionados con el conflicto armado interno bajo un régimen especial.