Cuando la democracia estorba

En Ecuador, la última semana ha dejado claro que para el gobierno de Daniel Noboa, la democracia no es un pilar fundamental e inquebrantable, sino un obstáculo incómodo del que puede deshacerse cuando estorba.

Una semana después de que la ministra de Gobierno y el presidente de la Asamblea —ambos representantes del oficialismo— aparecieran en cadena nacional, flanqueados por policías y militares armados y encapuchados, para advertir a la Corte Constitucional, el ataque contra este organismo no se ha detenido: se ha intensificado.

Con una marcha previamente anunciada, el presidente Daniel Noboa, junto a sus más obsecuentes ministros y legisladores, arengó a cientos de personas a hacer lo impensable en democracia: marchar para mermar la institucionalidad de un organismo independiente, la Corte Constitucional.

El escenario había sido cuidadosamente abonado. Días antes, Quito amaneció con vallas interactivas y pantallas en camiones —atribuidas a un supuesto colectivo— que mostraban un conteo de muertes violentas desde que la Corte suspendió temporalmente artículos de las leyes de Inteligencia, Solidaridad e Integridad.

El mensaje era tan claro como perverso: si hay violencia, la culpa no es de quien gobierna, sino de quienes le ponen límites a los excesos incompatibles con una democracia.

La mañana de la marcha, las nuevas vallas mostraban los rostros de los nueve jueces constitucionales. En grandes letras rojas, arriba y abajo de sus fotografías, se leía el relato de una mentira: “Estos son los jueces que nos están robando la paz. Firmaron contra leyes que nos protegían”.

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Esta estrategia visual y discursiva buscaba personificar el supuesto obstáculo a la seguridad, identificando públicamente a los magistrados de la Corte Constitucional tergiversando una decisión que es parte de sus competencia — suspender temporalmente los artículos cuestionados—, para posicionarlos como responsables directos de la violencia que azota al país.

“No puede ser que unos jueces sentados atrás del escritorio le quiten a las Fuerzas Armadas y a la Policía las herramientas que necesitan”, diría el ministro de Defensa, Gianarlo Loffredo. Agregaría, enseguida, que la Corte “no ha hecho más que ser una molestia y un estorbo para el bloque de seguridad”.

En esta ofensiva discursiva, Loffredo resumió lo que su gobierno cree: que la Corte Constitucional es un “estorbo”.

Y ahí está el núcleo del problema.

Cuando se considera que el Estado de derecho entorpece, la tentación de saltárselo deja de ser una amenaza y se convierte en política pública.

“No vamos a permitir que se nos paren, que el cambio se quede estancado por nueve personas que ni siquiera dan la cara, que buscan esconder sus nombres y sus caras ante el Ecuador”, dijo Noboa en su discurso de menos de dos minutos.

Este relato, que presenta al más alto tribunal como lento e ineficaz y al presidente como el protector que debe actuar sin amarras, conecta con un país harto de la violencia. Pero esa conexión emocional tiene un costo: socava la legitimidad de las instituciones y normaliza que el poder ejecutivo pueda estigmatizar a jueces y tribunales que ponen límites a sus ínfulas autoritarias.

Los carteles con rostros y nombres de magistrados acusándolos de “robar la paz” no son un ejercicio de transparencia: son una forma de presión política que socava la democracia y crea enemigos fáciles de identificar.

Al gobierno le resulta más sencillo construir un relato simplista contra la Corte Constitucional que presentar una política pública y una estrategia de seguridad integral cuyos resultados eventualmente se verán a largo plazo.

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Aprovecha, además, para aleccionar: si una institución actúa contra el interés del gobierno, puede convertirse en objeto de escarnio público. El efecto es amedrentar a otras funciones del Estado, pero también desincentivar la crítica y el escrutinio público hacia la labor del Ejecutivo.

En el extremo joven de una presidencia sin rumbo claro, Noboa ha canalizado la indignación colectiva contra la violencia hacia un blanco políticamente frágil: la Corte Constitucional, el máximo tribunal encargado de velar por la vigencia de la Carta Magna. Lo hace con símbolos simplistas y frases cortas que apelan a la emoción inmediata, pero que sacrifican el valor de la intermediación democrática; esa que garantiza que, incluso en tiempos de crisis o confrontación institucional, el gobierno se sustente en legitimidad y no solo en fuerza.

Es gravísimo calificar a la Corte Constitucional como un “estorbo”, porque lo que estorba se elimina. Pero en una democracia no puede estorbar una institución cuyo fin es proteger el Estado de derecho; si esa institución desaparece, desaparece la democracia misma.